Constructores de Las Palmas denuncian la adjudicación de obras públicas con un 60% por debajo de su precio real
Gil advierte de que la AECP denunciará las irregularidades en los pliegos y pedirá la suspensión cautelar de las obras
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), María de la Salud Gil, denunció hoy que las administraciones públicas se están “aprovechando de la crisis” y están adjudicando obras con bajas presupuestarias que alcanzan el 60 por ciento de su precio de mercado, por lo que advirtió de que ello provoca “el fraude desde las instituciones, el canibalismo, la economía sumergida y que las pymes sufran unos riesgos financieros brutales”.
Ante esta situación “vamos a ser implacables y nos hemos armados hasta los dientes desde el punto de vista jurídico”, advirtió Gil en rueda de prensa en la capital grancanaria, donde explicó que la asociación defenderá “en cualquier ámbito” a los empresarios de los “abusos de las administraciones públicas y de la banca”, para lo que ha contratado expertos vinculados a la actividad y especialistas en derecho financiero para denunciar las presuntas irregularidades que se detecten en los pliegos de condiciones que serán recurridos, no se quedarán sólo en el recurso inicial y se solicitará la suspensión cautelar de las obras.
Tras examinar 200 obras de todo tipo adjudicadas en los últimos dos años en la provincia, la AECP ha detectado que las instituciones públicas “están licitando las obras por debajo de los precios de mercado con una media de diferencia del 8 por ciento de precio de partida, además de que se prima el 50 por ciento de la puntuación al precio y un 31 por ciento de media a las mejoras, que son una baja encubierta y no es un criterio objetivo”.
ALARGAR LA “AGONÍA” DE LA CRISIS
Explicó que las bajas pueden llegar al 41 por ciento y, sumando todos los parámetros, hasta el 60 por ciento del precio de la obra, lo que, en su opinión, provoca “riesgos incontrolados en las empresas que puede derivar en alargar aún más las dificultades del sector y la crisis económica”. Igualmente, espera que los recortes no sean en la seguridad de los trabajadores.
Además, considera que se está poniendo “en peligro” el interés general “por la falta de equilibrio entre precio y calidad”, al estimar que “es imposible que las cosas se hagan bien con un 50 por ciento de baja”. Criticó que “se están concentrando las adjudicaciones y se está expulsando a las pymes de la licitación pública, algo que supone una restricción de la competencia”.
Manifestó que el comportamiento de los ayuntamientos en la ejecución del Plan Feile “ha sido nefasto”, así como denunció que “los cabildos están siendo muy subjetivos en adjudicaciones y el Gobierno canario es más moderado”.
Ante ello propuso “reglas de juego más claras y transparentes” y que “las bajas se limiten y las mejoras sean objetivas y transparentes con un precio de mercado que sea igual para todos”.
EL SECTOR “DESAPARECE DEL DISCURSO POLÍTICO”
Agregó que ya ha denunciado dicho problema ante las instituciones públicas para reclamar que “el precio sea el real”, ya que argumenta que “nadie puede asumir una baja superior al 15 por ciento porque todo lo que supere esa cifra es asumir un riesgo y se sabe ya que esa obra da pérdidas”. No obstante, admitió que las empresas aceptan porque “tienen que facturar” para garantizar la supervivencia de sus compañías.
Al entender de la presidenta de la AECP, el sector de la construcción “no puede ser ninguneado” y lamentó que haya “desaparecido del discurso político”.
PLAN DE CARRETERAS Y CONSORCIO
Por otro lado, Gil se refirió también a la firma ayer por parte del ministro de Fomento, José Blanco, junto al consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, del acuerdo por el que se actualiza y se mejora el convenio con el Ejecutivo regional en materia de carreteras, y con el que se autoriza a la administración autonómica a la supervisión, así como aprobación de proyectos en dicha materia.
El convenio establece también la actualización de los proyectos a licitar o adjudicar entre 2009 y 2017, periodo de vigencia que resta al acuerdo. El Ministerio de Fomento continuará financiando las obras hasta el importe de unos 2.500 millones de euros aproximadamente.
Para Gil, “los 2.000 millones de euros más para carreteras es una mentira” e hizo especial hincapié en que “lo que se firmó ayer fue un dinero que ya estaba en el convenio y que cambia de manos y es la Comunidad Autónoma la que lo controla”.
Apuntó que el Plan Canarias, aprobado por el Gobierno central, “es otra mentira” y donde entiende que “el sector vuelve a ser invisible”.
Por otra parte, respecto al Consorcio Turístico del sur de Gran Canaria, pidió a los “responsables políticos que vayan a un ring distinto del Consorcio y ahí se den donde se tienen que dar, pero que en el Consorcio dejen trabajar a los técnicos y saquen las obras que se tienen que sacar y se reúnan”.
