La Fiscalía presenta la querella contra Zerolo este martes
La Fiscalía Anticorrupción pidió este lunes al Parlamento de Canarias que acredite la condición de parlamentario autonómico del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, investigado por el caso Las Teresitas.
Fuentes parlamentarias informaron de que sobre las 11,00 horas de este lunes un miembro de la Policía Judicial ha entregado en el Parlamento la petición de la Fiscalía.
Las fuentes agregaron que la Secretaría General de la Cámara ya ha remitido a la Fiscalía la acreditación de Zerolo como diputado autonómico durante esta legislatura.
La petición de la Fiscalía se circunscribe en la investigación que está realizando sobre el expediente de la playa de Las Teresitas y que tal y como adelantó el viernes pasado el programa El Espejo Canario, de CANARIAS AHORA RADIO, se materializará en la presentación de una querella contra el alcalde en las próximas horas. Esa querella será presentada con toda probabilidad este martes ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, a donde se desplazará la fiscal María Farnés, que ha dirigido la investigación los últimos diecisiete meses.
caso Las Teresitas
La querella, que por la condición de aforado del también diputado autonómico Miguel Zerolo llegará al Tribunal Superior canario, incluye, además de a Inversiones Las Teresitas, SL, al concejal de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo, y al presidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez.
Una investigación de año y medio
Después de un año y medio de investigación -con dos prórrogas concedidas a Farnés por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido-, que ha provocado en la última semana airadas reacciones de Miguel Zerolo y la cúpula de ATI-CC en Tenerife, a raíz de saltar a la luz pública la derivación tinerfeña del caso Fórum con el auto del juez Garzón, la fiscal de Santa Cruz se dispone a dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la apertura de diligencias previas a la fase de instrucción del caso o, en su defecto, el archivo de las mismas, dada la condición de aforado del alcalde de Santa Cruz.
Los hechos investigados por Farnés, a raíz de una denuncia de un colectivo ciudadano en julio de 2005, se remontan a 72 horas clave de junio de 1998. Tres días antes de hacerse pública una sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de junio, que permitía edificar en la zona como recogía el Plan Parcial de 1988 recurrido por el PSOE, la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, formada en 1964 por 102 propietarios de 155 fincas de la trasera de la playa, en el Valle de Huertas, vendió los terrenos a Inversiones Las Teresitas, SL, por 30 millones de euros.
La empresa se había creado el 24 de junio, el mismo día en que el Consejo de Administración de CajaCanarias aprobaba un crédito de 33 millones de euros para la empresa de González y Plasencia. Sólo se pidió el suelo como garantía en una operación calificada por el Banco de España como de alto riesgo. Los empresarios inscribieron la empresa en el Registro Mercantil el 26 de junio, el mismo día en que compraban la playa santacrucera.
Tres años después de aquella jugada clave en 72 horas, el Ayuntamiento de Santa Cruz, por acuerdo plenario tomada por unanimidad de todos sus grupos -en las filas socialistas provocó una seria crisis al no seguir sus concejales las directrices contra la operación marcadas por su secretario insular, Santiago Pérez- compró a Inversiones Las Teresitas el frente de playa por 52,6 millones de euros.
El convenio urbanístico aprobado por el pleno chicharrero el 23 de julio de 2001 incluía la recalificación de 120.000 metros cuadrados de terreno rústico para Inversiones Las Teresitas, SL, que mantenía la propiedad de esa zona en el Valle de Huertas a cambio del frente de playa en el que la empresa pretendían construir seis hoteles y dos centros comerciales.
El Consistorio tinerfeño, que durante más de 40 años nunca se planteó comprar los terrenos o incluso expropiarlos a la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, firmó la escritura de compra y pagó a Inversiones Las Teresitas un 65% de los 52,6 millones de euros el 18 de septiembre de 2001, veinticuatro días antes de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicara el 12 de octubre de 2001 el convenio aprobado en el pleno del 23 de julio.
La operación urbanística por la cual Inversiones Las Teresitas se habría llevado, en siete años, casi 120 millones de euros sin arriesgar un céntimo de sus bolsillos se remató a finales del año pasado. Inversiones Las Teresitas SL, vendió a Mapfre Inmobiliaria los terrenos recalificados por el Ayuntamiento en el convenio de 2001 por 96 millones de euros.
