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El Gobierno de Canarias aprueba las medidas acordadas con los sindicatos para mejorar la Administración de Justicia

Las acciones propuestas incluyen procesos de modernización administrativa o el aumento de retribuciones en los Juzgados de Violencia de Género

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Canarias aprobó, en la mañana de ayer, las medidas acordadas por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y los sindicatos, en el marco de las reuniones de la Mesa Sectorial, para la mejora de la Administración de Justicia, acciones que contemplan un plan de actuaciones en los ámbitos considerados prioritarios, especialmente en los Registros Civiles, Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Jurisdicción Penal, informó hoy el Departamento autonómico en una nota.

En cuanto a los Registros Civiles de Canarias, se han establecido fórmulas que permitan paliar el aumento progresivo de las cargas de trabajo que actualmente soportan estos órganos judiciales. En este sentido se considera indispensable la prolongación voluntaria y retribuida de jornada de la atención al público, de 9.00 hasta las 18.00 horas, durante tres días a la semana en los registros civiles de las dos capitales de provincia; dos días a la semana en los municipios de Arona, La Orotava, La Laguna, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Arrecife y Puerto de Rosario; y un día a la semana en el resto de registros civiles.

No obstante, la Consejería explica que ya se han llevado a cabo una serie de actuaciones en los Registros Civiles de Canarias, como pueden ser la digitalización de los libros desde el año 1950, la informatización de los registros civiles de los Juzgados de Paz a través del programa Inforeg, así como la implantación de sistemas de mejora de atención al usuario, gestión de colas, reserva de hora, formación especializada de los funcionarios, unificación de criterios para resolver expedientes y la intercomunicación con otros registros.

En lo referido a la Jurisdicción Penal, el Gobierno de Canarias autoriza el aumento de la plantilla en los Juzgados de lo Penal de Las Palmas, con una plaza de tramitador en cada uno de ellos. Por tanto, el personal que se había nombrado de refuerzo se incorporará definitivamente a la plantilla.

En atención a las especiales condiciones del trabajo de los funcionarios pertenecientes a los juzgados con competencia en materia sobre Violencia sobre la Mujer y hasta la asignación de un complemento específico a cada puesto, a través de las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo, el acuerdo ratificado por el Gobierno propone añadir a la cuantía del complemento específico transitorio actual, que asciende a 380,96 euros, una cantidad que vendrá determinada por las características del Juzgado.

En este sentido, se tendrá en cuenta si es un Juzgado exclusivo y con un ratio de más 1.200 diligencias previas o 600 diligencias urgentes; o se trate de Juzgados Mixtos con competencia en la materia con una ratio de menos de 1.200 diligencias previas o 600 diligencias urgentes y más de 300 asuntos penales ingresados, o por último que se trate de un Juzgado con menos de 300 asuntos penales. Estos parámetros se basarán en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia correspondiente al año 2007.

TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

El Departamento autonómico apunta que la transformación de la Administración de Justicia de Canarias sigue la filosofía de cambio que impregna la creación de la nueva Oficina Judicial: flexibilidad organizativa y proximidad al ciudadano.

En esta línea, las futuras relaciones de puestos de trabajo se adaptarán a la nueva organización proyectada, favoreciendo la especialización funcional, la responsabilidad, la flexibilidad y la polivalencia, así como la atención a la ciudadanía y a los profesionales.

Por ello, se elaborarán y valorarán las relaciones de puestos de trabajo, configurándose el complemento específico destinado a retribuir las especiales condiciones de los puestos, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, penosidad o peligrosidad.

En este sentido, la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad no quiere dejar para más allá del 1 de enero de 2011 la configuración definitiva de las RPT.

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