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El Gobierno canario admite que "no queda margen de maniobra" para evitar el pago de Montaña Rayada

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El portavoz y viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, admitió hoy que "desde el punto de vista procedimental no queda margen de maniobra ninguno" para evitar el pago de la indemnización de 33 millones de euros a los propietarios de Montaña Rayada en Fuerteventura, y "de ahí la decisión obligada" del Ejecutivo regional de efectuar las correspondientes retenciones de crédito para afrontar ese pago".

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz y viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, admitió hoy que "desde el punto de vista procedimental no queda margen de maniobra ninguno" para evitar el pago de la indemnización de 33 millones de euros a los propietarios de Montaña Rayada en Fuerteventura, y "de ahí la decisión obligada" del Ejecutivo regional de efectuar las correspondientes retenciones de crédito para afrontar ese pago".

En rueda de prensa en la capital grancanaria tras el Consejo de Gobierno, Marrero subrayó que se trata de "una sentencia firme" dictada por el Tribunal Supremo y destacó que el escrito, presentado por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma al Alto Tribunal para que anule dicha resolución condenatoria contra el Ejecutivo regional, "no suspende la firmeza de la sentencia, con lo que no queda otra que continuar con el trámite que hay en marcha y acatar la sentencia".

"Para poder exigir justicia a la justicia, como está haciendo el Gobierno con el 'caso Tebeto', hay que acatar la justicia cuando es firme y el caso de Montaña Rayada es firme", reiteró el portavoz del Ejecutivo regional, que no pudo precisar en cuánto tiempo se hará efectivo dicho pago.

A LA ESPERA DE LAS RESOLUCIONES SOBRE TEBETO

Por otro lado, sobre el 'Caso Tebeto' por el que el Gobierno canario ha sido condenado a pagar más de 100 millones de euros a la empresa Canteras Cabo Verde, Marrero recordó que se está "a la espera de dos resoluciones judiciales", una de ellas relacionada con la solicitud de la administración del aplazamiento del pago que se había establecido.

La otra resolución se refiere a la garantía del aval aportado por la empresa y que adquiría "plena vigencia cuando se depositaran 101 millones de euros". El Gobierno pide una aclaración al respecto entiende que "no está garantizado el depósito del dinero público".

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