El Gobierno convierte en altos cargos a los directivos de empresas públicas
El Gobierno de Canarias aprobó en octubre pasado asimilar al rango de altos cargos de la Administración Autonómica a todos los directivos de las empresas públicas y a la gerente del Plan de Actuación de la Isla de La Gomera, “a los efectos de la declaración en situación de servicios especiales”, según reza la propuesta elevada por el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, a la que ha tenido acceso este periódico.
El acuerdo del Ejecutivo, que llegó inicialmente a la mesa del Consejo de Gobierno señalado con índice rojo, es decir, con la ausencia de algún o algunos informes técnicos favorables, no ha sido hecho público y tiene trascendencia presupuestaria. Ruano tuvo que batallar bastante con los secretarios generales técnicos y los Servicios Jurídicos para pasar como acuerdo de Gobierno lo que algunos expertos consideran debió someterse a decreto, con la tramitación correspondiente y la consulta a los sindicatos.
Esta asimilación afecta, según el acuerdo, a los presidentes, consejeros delegados, secretarios generales, directores gerentes, gerentes y directores ejecutivos de las trece empresas públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que han pasado a tener la consideración de “altos cargos” de la Administración autonómica.
Pero también, y de modo llamativo, el acuerdo gubernamental beneficia a la gerente del Plan de Actuación Especial de la isla de La Gomera, Milagros Bethencourt, funcionaria de la Consejería de Industria, que gracias a su nueva situación, pasa a la consideración laboral de “servicios especiales”.
El latiguillo “a los efectos de la declaración en situación de servicios especiales” que aparece en el acuerdo gubernamental ocultado por el Ejecutivo, todos los directivos de las empresas públicas canarias que sean trabajadores públicos gozan desde octubre de un trato de favor que se traducirá en la posibilidad de consolidar e incrementar sus niveles retributivos al reincorporase a sus respectivas plazas.
Esto significa, por ejemplo, que en el caso de un administrativo de la escala básica que cumpliera un mínimo de dos años en su puesto directivo en la empresa pública, pasaría a tener un complemento retributivo superior al que tenía al ser nombrado. Cada dos años de servicios especiales, estos altos cargos irán consolidando niveles hasta llegar al máximo, el 30, que supone unos 3.000 euros líquidos al mes.
Pero, además, la consideración de altos cargos concedida por el Gobierno supone que estos trabajadores públicos no tienen que pedir excedencia forzosa para ser contratados por empresas públicas, y que, a partir de ahora, se les computarán trienios y méritos como si en realidad estuvieran ocupando sus plazas como funcionarios o laborales.
Actualmente disfrutan de esa consideración los directores generales, viceconsejeros, consejeros y el presidente de la Comunidad Autónoma. Los diputados regionales están en situación de servicios especiales, pero sólo a los efectos de que se les reserve su plaza en la Administración en el caso de que la tuvieran antes de su elección como parlamentarios. Tras su paso por el Parlamento tienen derecho a regresar a esa plaza, pero con las remuneraciones correspondientes a ella, sin complementos especiales por su paso por la política.
