El PP ''bloquea'' tres concursos de los vertederos
El PSC en el Cabildo de Gran Canaria ha denunciado este viernes que el pasado 10 de abril, en el transcurso de la celebración de la Mesa de Contratación de la institución insular, cuando se iban a votar las propuestas de adjudicación de tres expedientes relacionados con los complejos medioambientales de Salto del Negro y Juan Grande, el consejero del Gobierno Carlos Sánchez “sorprendió” a los presentes al retirar de la mesa dos de los tres concursos.
Según informa el viceportavoz socialista en el Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, los tres concursos son, por un lado, el de dirección de explotación de los dos complejos, Salto del Negro y Juan Grande, por valor de 45.714,19 euros más IGIC y, por otro, dos concursos de dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud de los dos complejos: el de Salto del Negro por valor de 428.571,43 euros más IGIC y el de Juan Grande por 761.904,76 euros más IGIC.
El consejero, que no es el titular del área afectada y que decía hablar en sustitución de su compañera María del Mar Arévalo, consejera de Medio Ambiente, justificó la “insólita medida” en los “seguros recursos especiales que iban a presentar las empresas no ganadoras de los concursos”.
Hidalgo indica que Sánchez argumentó “de forma confusa” que, “para no verse bloqueados, iba a encargar a los trabajadores de la casa la realización de las tareas” que supuestamente iban a desarrollar las empresas adjudicatarias, e informó además de que, dada la especial repercusión de Salto del Negro, “ese concurso no lo retiraba y que se votara la adjudicación del mismo, cosa que se hizo”.
Ante la “difusa y confusa” intervención del consejero, el representante socialista en la mesa, en esa reunión y en dos posteriores (el 17 y el 24 de abril), señaló que, primero, “los socialistas votaron en contra de dejar sobre la mesa dichos expedientes; segundo, que si lo que pretende el grupo de Gobierno es anular dos expedientes que llevan tramitándose un año por urgencia, en un asunto de este calibre e importancia, debe emitirse un informe por el servicio de Medio Ambiente que justifique claramente la causa de la retirada de estos expedientes, asunto que se nos antoja harto complicado; y, tercero, si dicho informe no se emite, exigimos que dichos expedientes vuelvan a la mesa a la mayor celeridad posible para que ésta se pronuncie sobre la propuesta de adjudicación remitida en su momento por los técnicos”. Por todo ello, el PSC pide “que se cumpla con la ley vigente”.
Hidalgo explicó que “los dos expedientes retirados siguen en el limbo” y recordó que los dos “afectan gravemente a la posibilidad de que las obras de acondicionamiento de los actuales vertederos de la isla puedan acometerse”. Es decir, sin dichos concursos no se puede ni iniciar las obras ni explotar los complejos una vez concluidas las obras. Para el socialista, “con la que está cayendo y con el retraso en las obras de sellado de los dos vertederos, la actuación del Gobierno es, como mínimo, sospechosa y, en cualquier caso, irresponsable”.
“Lo que ha encendido todas las alarmas hoy” es el escrito remitido por una de las empresas, la UTE que los técnicos proponían como adjudicataria de los tres concursos (MI3 Ingenieros Consultores SCP), enviado a todos los miembros de la mesa de Ccontratación, donde se señala la “amistad íntima” del consejero Carlos Sánchez con dos de las empresas concursantes en una UTE (Ingenia Consultoría Activa, S.L. y Análisis Ingenieros, .S.L.), “por lo que se debió abstener de intervenir en la mesa”. “Pero donde se expresa, además, la posible intencionalidad del Consejero de apartar a la empresa propuesta por los informes técnicos como la mejor opción, con el supuesto objeto de favorecer a otra empresa o empresas. En dicho escrito se señala la posible comisión de un delito de prevaricación”, matizó.
El PSC ha exigido que se remitan los expedientes a la mesa para su adjudicación o el informe técnico que justifique la anulación de los expedientes, como dice la ley. Además, reclama que los servicios jurídicos emitan informe sobre los extremos expuestos por la empresa MI3 y las posibles responsabilidades en que puedan concurrir los consejeros del Gobierno insular implicados en este asunto. “En cualquier caso”, añadió Hidalgo, “lo tremendo es que concursos de la importancia de estos, que afectan a la salud de las personas y al medioambiente de la isla, sufran la parálisis de este Gobierno y, ahora, se vean implicados en un turbio entramado de oscuros intereses”.
