''Rivero rechaza lo que pueda incomodar a Soria''
El portavoz del PSC en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, ha afirmado este viernes que el rechazo de CC y PP a la anulación de la concesión al empresario Rafael Bittini por el denominado caso Tebeto responde a las licencias que el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, permite a José Manuel Soria, consejero de Economía y Hacienda, en “defensa de sus intereses personales”.
“Rivero está dispuesto a no pagar ni un céntimo, menos en aquello que incomoda a Soria”, ha manifestado el portavoz socialista en los micrófonos de El Correíllo, de CANARIAS AHORA RADIO. Pérez ha declarado que, a cambio, el presidente canario “le cuela” al consejero de Economía y Hacienda los “asuntos soberanistas” del periódico tinerfeño El Día. En este sentido, ha defendido que el actual Ejecutivo es “un gobierno de intereses y no de valores”.
Por otra parte, el portavoz ha reconocido que este jueves lanzó un órdago en el Parlamento. “Si en 1993 hubiera alguna resolución determinante para la situación actual de Tebeto, insto a que se inicie una tramitación para su anulación, que el PSC apoyará”, ha señalado Santiago Pérez, al tiempo que ha asegurado que esa resolución “se ajusta tanto a la legalidad que Bittini no la recurrió”.
El socialista ha insistido en que la resolución de 2004 es un “hito capital en la historia de las aspiraciones de Bittini”. Pérez recordó que la Comunidad Autonóma reconocía los derechos de explotación a la empresa Canteras Cabo Verde, “contraviniendo los planes de ordenación de Fuerteventura” y que la sentencia de 2008, que estipula la indemnización al empresario, “se sustenta en al acuerdo con el entonces consejero de Industria, Luis Soria”.
Julios: ''El PSC hace demagogia“
Por su parte, la diputada de CC por Gran Canaria y Secretaria Nacional de la Organización, María del Mar Julios, ha tildado de “demagógica” la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSC para anular la concesión de explotación minera a Bittini. “Si pensamos que un hecho administrativo va a resolver un tema que está judicializado, estamos haciendo demagogia”, ha declarado la diputada nacionalista.
María del Mar Julios ha situado el origen del caso en la decisión que el PSC adoptó en 1993. “Gobernara quien gobernase, las sentencias hablan que el problema inicia su andadura cuando se le dió la concesión administrativa a una empresa sin haber terminado la otra”, ha declarado en El Correíllo, al tiempo que ha acusado a los socialistas de “querer dar la apariencia de que tienen la varita mágica para resolver el asunto”.
