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El TSJC anula el plan parcial Casas de Majanicho en Fuerteventura

FUE APROBADO EN 2000 POR EL PRESIDENTE INSULAR DEL PP, GONZALEZ ARROYO

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Una demanda del grupo ecologista majorero Agonane, integrado en Ecologistas en Acción, se ha convertido en todo un hito para el movimiento medioambiental en las islas, al declarar nulo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el Plan Parcial (SAU 12) Casas de Majanicho, en la costa norte de Fuerteventura, que fue aprobado por el actual presidente insular del PP, Domingo González Arroyo, cuando presidía el Ayuntamiento de La Oliva, a pesar de que el proyecto de 4.000 camas turísticas contravenía las normas subsidiarias y la moratoria turística.

Según publica el diario El País en su edición de este lunes, en una información firmada por Sofía Menéndez-Morán desde Fuerteventura, pese a las transgresiones medioambientales del plan Casas de Majanicho, con el cambio de gobierno producido en el ayuntamiento majorero en 2003, la actual corporación presidida por Coalición Canaria no sólo mantuvo el proyecto, sino que añadió "el mayor campo de golf europeo", según publicitan sus promotores.

El Plan Parcial (SAU 12) Casas de Majanicho, ahora anulado, fue redactado por el arquitecto municipal de Salou (Tarragona), Lluís M. Serra, y promovido por Nombredo SL, empresa asturiana presidida por Zarceño Prieto, según recoge la información publicada por El País. Se está construyendo dentro del término municipal de La Oliva, el segundo de España en extensión, con unos 20.000 habitantes, en un lugar de gran valor paisajístico y ecológico. En 1999 la finca principal salió a subasta pública y fue adquirida por un millón de pesetas (6.000 euros) por la empresa Lonja Madrid, SA. En 2000, Nombredo SL adquiere esta propiedad, junto con seis fincas más dentro del Plan, por 40 millones de pesetas (240.404 euros).

En diciembre de 2000 el Pleno del Ayuntamiento de La Oliva de la anterior corporación, presidida por el ex alcalde del PP González Arroyo, aprobó el Plan Parcial Casas de Majanicho a pesar de que los informes del Gobierno de Canarias eran contrarios y carecía de las infraestructuras obligatorias. Con la aprobación, la finca pasó a valer más de 4.000 millones de pesetas (unos 280 millones de euros).

Según esta sentencia, el Plan Parcial transgrede las normas relativas al urbanismo y al medio ambiente. La Moratoria turística de Canarias -que no deja desarrollar planes turísticos- ya suspendió en su día el proyecto, por lo que en esa zona natural no se podría haber edificado nada.

El entonces alcalde de La Oliva, González Arroyo, conocido tras sus 24 años de mandato municipal como el Marqués de las Dunas, aprobó a toda prisa ese Plan Parcial, antes de que se publicará el contenido de las normas subsidiarias de La Oliva, sin informes básicos y sin el preceptivo estudio de impacto ambiental, y en contra del informe de la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias). Y lo más grave, permitiendo el uso residencial prohibido por las normas subsidiarias de La Oliva.

A pesar de todo, tras perder el PP la alcaldía en 2003, la nueva corporación no frenó el desarrollo de está urbanización denominada Origo Mare. La nueva alcaldesa, Claudina Morales (CC), ignorando el cúmulo de irregularidades ahora reconocidas en la Sentencia del TSJC, en vez de revisar y anular el Plan ilegal firmó en 2004 un convenio urbanístico con los promotores del proyecto que mantiene 748 camas residenciales (chalés) ilegales y reduce las camas hoteleras de 4.000 a 2.000. A cambio, permite instalar un campo de golf, con 27 hoyos y una superficie no inferior a 75 hectáreas, fuera de los terrenos del Plan Parcial y en zona protegida. La mayoría de las plazas se están vendiendo directamente en Reino Unido a jubilados británicos ignorantes de las irregularidades de la urbanización.

Según Morales, la única alternativa a la firma del convenio, avalado por el Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Mario Cabrera (CC), era indemnizar a los promotores, desechando en todo momento la posibilidad de impugnar judicialmente el Plan, o al menos esperar al resultado de esta sentencia. Las obras de cimentación para un futuro hotel se han acelerado este fin de semana al conocer la sentencia.

La firma de ese convenio supuso un antes y un después en el Ayuntamiento de La Oliva, pues la nueva corporación se quedó en minoría cuando la alcaldesa expulsó al único concejal, José Luis López, que se negó a votar a favor del convenio urbanístico por considerarlo ilegal e innecesario. Sobre este convenio pesa otra demanda en el contencioso-administrativo interpuesta también por Agonane.

Desde entonces han sido varios los convenios firmados entre ese Ayuntamiento y distintos promotores, todos intentando dar cobertura legal a alguno de los 19 Planes Parciales que el anterior alcalde dejo aprobados poco antes de perder las elecciones. En muchos casos, la firma de estos convenios por la nueva corporación de CC ha contado con el apoyo del grupo popular, actualmente en la oposición.

El proyecto urbanístico fue inaugurado el verano pasado con fuegos artificiales, y con la presencia del escritor Alberto Vázquez- Figueroa y miles de invitados, entre ellos el secretario del Cabildo de Fuerteventura, Miguel Ángel Rodríguez, director también del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) y redactor del Plan Turístico de la isla, que conocía que la urbanización estaba impugnada por los colectivos ecologistas. La Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias investiga ahora la carretera de acceso, denunciada por los propios agentes de Medio Ambiente del Gobierno canario.

Aves en peligro de extinción

La reciente resolución judicial señala la vulneración de las normas de procedimiento con incumplimiento de la normativa medioambiental. Destaca que "a la tramitación del Plan Parcial se presentaron alegaciones de Agonane y SEO / Birdlife. Los primeros enfatizaban entre otras alegaciones el peligro para la hubara canaria, ave protegida en peligro de extinción, según estudios realizados por Joachim Hellmich, miembro de la comisión de expertos de Aves Esteparias de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UINC), y en los que afirmaba que se habían avistado hubaras en las áreas de jable (arenales) de Majanicho". Los segundos, en sus conclusiones, destacaban igualmente la presencia de la hubara canaria en la zona de desarrollo del macroproyecto urbanístico, citando los censos publicados.

Estas alegaciones obtuvieron como única respuesta un decreto del alcalde, en el que se afirmaba sin más explicaciones que no había "peligro para la hubara pues no habita en las zonas de malpaís al carecer de alimentos y espacio para su desarrollo, entendiéndose que no se provoca daño ecológico ni paisajístico alguno".

Los magistrados señalan en su sentencia que la respuesta no tiene ningún valor, pues no va precedida de informe técnico alguno, y añaden que los datos aportados por el alcalde no figuran en el expediente, "lo cual de por sí implica vulnerar la participación pública de los ciudadanos en la tramitación de los instrumentos de ordenación".

Según los magistrados del TSJC, "la ausencia de informes es patente. No figura un sólo informe jurídico municipal en la tramitación del expediente; únicamente existe un informe técnico del señor Carballo del Toro al inicio del expediente en el que se limita a afirmar que se ha cumplido lo indicado en las Normas Subsidiarias y que, por tanto, se deben iniciar los trámites de aprobación inicial para someterlos a información publica".

Francisco Carballo del Toro, perito electricista y militante del PP, estaba contratado en esa época como asesor del alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, y era firmante de los informes previos a la concesión de licencias, según denunció en 1998 ante la Fiscalía del TSJC el entonces arquitecto municipal, costándole el puesto, concluye El País.

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