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Rosa Fernández, exalcaldesa de La Oliva, condenada por desobediencia

Rosa Fernández, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, ha sido inhabilitada para el ejercicio de empleo público durante diez meses.

El PSOE de Fuerteventura denuncia que los hechos por los que ha sido condenada ocurrieron y fueron juzgados y sentenciados antes de su llegada a la alcaldía. 

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Rosa Fernández, exalcaldesa de La Oliva y actual portavoz del Grupo Socialista en este ayuntamiento majorero, ha sido condenada a diez meses de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo o empleo público por un delito de desobediencia al no ejecutar en 2008, siendo regidora, una sentencia de 2007 -un año antes de acceder al puesto- que obligaba al Consistorio a desocupar un terreno privado que había invadido tras el desvío de una carretera, el camino de acceso a Majanicho por la costa, a la altura del saladar de Bristol.

En cumplimiento de la sentencia, que es firme, Fernández dimitirá como concejala del PSOE en el Ayuntamiento. La exalcaldesa cuenta con el respaldo expreso de los socialistas majoreros, que han expresado en un comunicado su discrepancia con una decisión judicial que califican de "lícita, pero carente de equidad y proporcionalidad vistos los hechos en su conjunto y contemplando el acto que provocó el inicio del proceso (el cambio de trazado de un camino en 2007) y los responsables públicos de ese momento (era alcaldesa Claudina Morales)".

El PSOE de Fuerteventura recuerda que la desobediencia por la que ha sido condenada Fernández remite a un acto "ocurrido, juzgado y sentenciado en mayo de 2007, un año antes de su nombramiento como alcaldesa de La Oliva".Tras la sentencia del 24 de mayo de 2007, los propietarios de los terrenos pidieron la ejecución forzosa de la misma en febrero de 2008, siendo notificada al Ayuntamiento esta petición en abril. Días después de recibirla, el Consistorio realizó movimientos de tierras en ese camino. En julio Rosa Fernández accede a la alcaldía, momento a partir del cual empiezan a llegar multas a la corporación por no ejecutar la sentencia. Las sanciones se pagaron, según explica el PSOE de Fuerteventura, en octubre y noviembre de 2008.

Después de que Rosa Fernández fuera imputada por un delito de desobediencia en 2009, los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideraron que la sentencia imponía "una obligación de no hacer" y, por lo tanto, dejaron de ocupar con maquinaria esos terrenos". Además estimaron que no procedía pedir al juzgado una aclaración de la sentencia.

Sin embargo, la diferencia de interpretación de la sentencia entre los servicios jurídicos municipales y el juzgado derivó, finalmente, en otra sentencia por desobediencia y la condena de inhabilitación para cargo o empleo público por diez meses contra la nueva alcaldesa, Rosa Fernández, "y no contra los responsables del Ayuntamiento de La Oliva cuando se produjeron los hechos", concluye el PSOE.

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