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''La campaña contra la juez Rosell continúa''

JUECES PARA LA DEMOCRACIA LE MUESTRA SU APOYO

La asociación critica que se pretenda someter "su vida personal a un escrutinio público inquisitorial".

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La Asociación Jueces para la Democracia (AJD) se solidariza con la jueza Victoria Rosell por "los intolerables ataques que viene sufriendo", y después de que el Partido Popular y el presidente canario de los populares, José Manuel Soria, anunciaran que este lunes presentan una queja contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial en Madrid "por actuar en contra de la LOPJ".

Desde la citada Asociación se explica, a través de un comunicado, que "los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en el acceso de la ciudadanía a la información y, por ello, en la conformación de la democracia". Partiendo de dicha premisa, "no sólo es legítima, sino igualmente necesaria, la crítica fundada al contenido de las resoluciones y actuaciones judiciales, al ser el Poder Judicial un componente esencial de los sistemas democráticos, y así lo ha venido defendido desde su constitución Jueces para la Democracia", señalan.

Y destacan que "cuando la crítica de los medios excede de dichos ámbitos para convertirse en un puro ataque personal al juez que interviene en un determinado asunto, se produce un uso perverso de la libertad de información que se convierte en un burdo pretexto para defender fuera de los cauces del proceso intereses particulares que poco tienen que ver con la formación de la opinión pública en una sociedad democrática".

Cuando se producen "injerencias en la vida privada de los jueces, mediante campañas sistemáticas exclusivamente destinadas a su deslegitimación personal, nada se aporta a la información que se transmite". En estos casos, continúan, "los medios se alejan de su relevante función y se evidencia que el principal objetivo no es otro que el de perjudicar gravemente el independiente e imparcial ejercicio de la jurisdicción, intentando influir en el curso del proceso".

Los magistrados aseguran que esta situación es "lamentablemente frecuente en el ámbito de la investigación de delitos relacionados con la corrupción, especialmente de los partidos políticos, en el que determinados medios parecen tener como interés primordial obstaculizar las investigaciones para anular la posibilidad de control democrático sobre la actuación del poder político".

"Campaña mediática"

La AJD recuerda que en los últimos tiempos la magistrada María Victoria Rosell Aguilar "ha sido sometida a una durísima campaña mediática que, sin conservar unos mínimos de decencia y ética periodísticas, ha buscado someter su vida personal a un escrutinio público intolerable e inquisitorial, partiendo, además, de datos falsos o tergiversados". Esta situación, explican, "ya ha obligado al Consejo General del Poder Judicial a manifestarse públicamente concediéndole el amparo previsto legalmente." Con todo, "la campaña continúa, hasta el punto de que se llega a informar de modo equivocado y malintencionado de un acuerdo de Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que precisamente tuvo el mismo objeto: denunciar el carácter inaceptable de la campaña de acoso sufrido por la compañera".

Los jueces aseguran que la lucha "contra la corrupción política exige el respaldo a las instituciones judiciales encargadas de su persecución", y que ·"la coincidencia de las informaciones con la instrucción de casos de transcendencia mediática en relación con delitos cometidos en dicho ámbito no parece producto del azar, lo que agrava la situación creada".

Por todo lo anterior, Jueces para la Democracia "se solidariza públicamente con la compañera Mª Victoria Rosell Aguilar, en la convicción de que los intolerables ataques que viene sufriendo no podrán mermar su compromiso personal con la independencia judicial, sobradamente demostrada". Del mismo modo, "exigimos el cese de dichos ataques, recordando que el respeto a la actuación de los órganos judiciales no constituye un privilegio personal del juez, sino una condición imprescindible del ejercicio de sus funciones, entre las cuales se encuentra la lucha contra la delincuencia vinculada con el ejercicio de cargos públicos", concluye el comunicado.

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