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''Se ha confirmado la concesión sistemática y organizada de licencias''

'CASO ARONA'/ FRANCISCO G.SANTAMARÍA, ANTE EL JUEZ

El concejal y portavoz socialista calcula en más de 40 millones el daño económico hecho a los aroneros.

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Francisco García Santamaría, portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Arona y quien entregó a la Fiscalía la información que desencadenó el caso Edén -también conocido como caso Arona-, calcula que el daño hecho a los vecinos de ese municipio por las supuesta trama de corrupción urbanística, supera los 40 millones de euros, aunque habría que hacer una peritación para saber con detalle el alcance del dinero malversado.

Tranquilo y relajado, pese a haber testificado ante el juez Nelson Díaz Frías y la fiscal delegada para Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Inmaculada Violán, durante hora y media, el edil afirmó que está convencido de que "gracias a la intensa investigación judicial y policial ha quedado al descubierto y confirmado el sistema perverso y dañino del Ayuntamiento" por el que se habrían concedido centenares de licencias urbanísticas ilegales.

Ese sistema, según Santamaría, se apoyaba en tres ejes: "la concesión de licencias ilegales, los tejemanejes en la contratación de servicios, obras y personal, y el continuo debilitamiento de la gestión administrativa oficial para reforzar la gestión política farfullera que hemos padecido estos años".

"La forma de ejecutar el urbanismo en Arona ha causado un perjuicio importantísimo para la calidad de vida de los aroneros", en parte porque la mayoría de las licencias no habrían pasado por la junta de compensación, de tal forma que no figuraban ni alcantarillados, ni aceras, ni asfaltado, ni alumbrado. "¿Cuánto l ha costado todo eso a los aroneros? Habría que hacer un peritaje, que es lo que corresponde en estos casos, pero sin peritaje y sólo en la primera tanda de concesiones de licencias, por encima de los 40 millones de euros·".

Testigo y no imputado

El portavoz del PSC aclaró que fue llamado por el juez en calidad de testigo sólo para responder a las preguntas de los abogados de la defensa del alcalde González Reverón y otros siete miembros de su junta de Gobierno, entre ellos, el popular Félix Sierra (PP), que además de concejal es consejero delegado del Cabildo tinerfeño para la zona Sur. En total, son 34 los imputados por delitos que van desde la prevaricación continuada y urbanística hasta el tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y omisión del deber de denunciar delitos y omisión del deber de perseguirlos.

La duda de las defensas eran, según Santamaría, si había alguna conexión entre la denuncia que en marzo de 2007 efectuó ante la Audiencia Provincial, y que motivó la querella de la Fiscalía, con el expediente del camping Nauta, en el que está involucrado su padre. Según ese expediente, se habría construido parte del camping en zona de protección natural.

El concejal ha negado toda vinculación, e incluso recordó que el Gobierno local de Alberto González Reverón intentó que algún concejal socialista cayera en la tentación de apoyar la concesión de licencias ilegales, una maniobra de la que dijo que siempre había sospechado "y que ahora reafirmo".

Desde que interpuso la denuncia por corrupción hasta ahora, el concejal asegura que él y su familia han sufrido "una persecución atroz", aunque nunca hasta esta mañana había hablado de ello. "Han sido dos años muy duros, desde que hice la denuncia y comenzó la investigación. Nunca imaginé que mi familia sufriría esta persecución".

"Durante estos dos años he callado mientras escuchaba todo lo que decía el alcalde en mi contra: que no había investigación judicial, que la denuncia la interpuse contra él, cuando es la Fiscalía la que se ha querellado? Todas esas mentiras hacían feliz al alcalde que ha seguido negando la evidencia, incluso ahora, que está imputado".

"No deseo que detengan a Berto"

Sin embargo, y preguntado por si algún día podría verse la foto de González Reverón camino de la cárcel, Francisco García Santamaría afirmó que no querría que eso ocurriera. "No, no deseo que eso ocurra, no deseo que se le detenga. Le perdono y por encima de todo, creo en la presunción de inocencia. De todas formas, lo importante es que va a haber un antes y un después en la forma de hacer en el Ayuntamiento de Arona y lo que único que deseo es que los vecinos recuperen la confianza".

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