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La mitad de los jueces de Canarias segunda la huelga y reclaman 30 juzgados más para las islas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Critican que al archipiélago "no llega nada" de los 600 millones del Plan de Modernización Guardan un minuto de silencio por el militar grancanario fallecido en Afganistán

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Critican que al archipiélago "no llega nada" de los 600 millones del Plan de Modernización

Guardan un minuto de silencio por el militar grancanario fallecido en Afganistán

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 (EUROPA PRESS)

El 50 por ciento de los 170 jueces y magistrados en activo en Canarias han secundado hoy la huelga convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en demanda de más medios humanos y materiales en la Administración de Justicia, al tiempo que reclamaron "al menos" 30 órganos jurisdiccionales más en las islas para "paliar las necesidades mínimas" existentes.

Así lo informó hoy el magistrado del Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Comité de Huelga Nacional de APM, Ramón Toubes. Tras la lectura de un manifiesto, acompañado por una quincena de jueces en el Palacio de Justicia en la capital grancanaria, criticó que "el mayor fallo" que tiene el plan de modernización de la justicia del Gobierno central es que los 600 millones de euros previstos "es para las comunidades autónomas con las competencias no transferidas mientras que Canarias tiene las competencias transferidas", por lo que al archipiélago "de ese dinero no llega nada".

Informó de que el seguimiento de la huelga entre jueces y magistrados en activo --excluyendo aquellos sustitutos, de baja o en vacaciones-- en la provincia de Las Palmas ha sido de "cerca del 60 por ciento y en Santa Cruz de Tenerife se acerca al 40 por ciento aproximadamente". Ha sido mayoritario en Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, Güimar, Arona, Granadilla de Abona, Lanzarote, Santa María de Guía y Telde, así como en los juzgados de lo Social, Primera Instancia y de lo Contencioso en la capital grancanaria.

Además, Toubes criticó que "el ritmo de creación de plazas es manifiestamente insuficiente". De tal forma que consideró que en las islas "sería necesario como plan de choque ya la creación al menos de 30 órganos jurisdiccionales para paliar las necesidades mínimas". Igualmente, comentó que "al ritmo que prevé el plan de modernización habría como mucho uno o dos al año".

Explicó que dichos órganos son "más perentorios en determinados sitios como Lanzarote, donde son necesarios cuatro órganos jurisdiccionales nuevos ya; cuatro nuevos órganos en los juzgados de Primera Instancia y también de lo Social en la capital grancanaria, y resaltó que en los municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife "la situación es insostenible en Puerto de la Cruz, Arona y Granadilla de Abona", donde, a su juicio, hay que crear en cada uno "por lo menos tres juzgados más".

"Esos son los mínimos para llegar a los estándares europeos pero si queremos una justicia mejor cuantos más órganos mejor", apostilló Toubes, que destacó que "sorprendentemente" desde que el colectivo convocó la huelga el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, José Miguel Ruano, "ni siquiera se ha dirigido" a ellos, con lo que no tienen "esperanza" en mantener una reunión próxima con el Ejecutivo.

EN MEMORIA DE CABELLO SANTANA

El portavoz del Comité de Huelga de APM --asociación que tiene 15 asociados en toda Canarias-- valoró como "un éxito" la convocatoria, que comenzó con un minuto de silencio en recuerdo al militar grancanario fallecido ayer en Afganistán, Cristo Ancor Cabello Santana.

Los jueces y magistrados que en el día de hoy han ejercitado el derecho de huelga quieren a través de este acto de protesta hacer pública su "decepción por el escaso resultado obtenido tras las negociaciones mantenidas entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia".

"Nuestro objetivo siempre ha sido conseguir la modernización de la justicia española y su adaptación a las necesidades de una sociedad del siglo XXI, así como mejorar y dignificar nuestras actuales condiciones de trabajo, de forma que sea posible prestar un mejor servicio a los ciudadanos, más rápido y eficaz, para lo cual es necesario, ante todo, equiparar la planta judicial española de diez jueces por cada 100.000 habitantes a los 20 jueces de la media europea", añadió Toubes.

Reiteró que "la lentitud en la creación de juzgados al ritmo anual que se pretende es insuficiente porque los jueces, con una carga de trabajo que supera los 9 millones de asuntos anuales, no están en condiciones con medios del siglo XIX de otorgar la tutela judicial de calidad y en tiempo razonable, que los ciudadanos piden en el siglo XXI". "Si la situación no desemboca en colapso se debe al sobreesfuerzo de jueces y funcionarios judiciales, a los que ya no se les puede pedir mayor dedicación", apostilló.

CONTRA LOS PGE

A su juicio, "todo ello pasa ineludiblemente por el compromiso de incrementar la atención presupuestaria en Justicia como nunca antes se ha hecho". Frente a ello, denunció que "no hay compromisos presupuestarios a medio o largo plazo más allá de inversiones puntuales y, sobre todo, el porcentaje que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinan a Justicia sigue siendo exactamente el mismo que el de ejercicios anteriores, esto es el 0,50 por ciento, mientras que el porcentaje de la media europea es 3,4 por ciento".

Paralelamente "no existe previsión de incremento presupuestario en materia de medios materiales" en la Comunidad Autónoma de Canarias, que guarda "absoluto silencio sobre esta cuestión", resaltó.

En este sentido, subrayó que el poder judicial por sí solo poco puede hacer para paliar la situación descrita, pues carece de autonomía presupuestaria, lo que significa que, en cuanto a medios materiales y personales, depende de los restantes poderes del Estado y precisa de su colaboración en lo económico.

Por ello, exigen al Ministerio de Justicia y al Gobierno canario "algo tan sencillo como que cumplan con su obligación de dotar a los órganos judiciales de los recursos precisos para el digno y eficaz desempeño de la función jurisdiccional, lo que redundará en beneficio del servicio público" que los jueces y magistrados están "llamados a prestar", sentenció.

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