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Una urbanización sin licencia en los terrenos militares de Hoya Fría

EL EJÉRCITO VENDIÓ LA PARCELA EN EL AÑO 1997

El TSJC obliga a los 115 propietarios a pagar 50.000 euros de multa, frente a los 80.000 que les reclamaba Urbanismo.

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Los 115 propietarios de la urbanización Hespérides, en Hoya Fría, deberán pagar una sanción de 50.000 euros por haber llevado a cabo la edificación de estas viviendas sin contar con la correspondiente licencia municipal. En un principio la Gerencia de Urbanismo multó a la cooperativa con 80.000 euros pero finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) optó por rebajar la cantidad inicial. Esta urbanización se construyó sobre una parcela de 175.000 metros cuadrados que el Ejército vendió en el año 1997 a unos particulares por 1,5 millones. Precisamente, la venta supuso una infracción del acuerdo suscrito en su día entre la familia Rodríguez López propietaria original de los terrenos y el Ministerio de Defensa por lo cual los antiguos dueños acudieron a los tribunales que finalmente en el año 2007 acabaron dándole la razón.

La urbanización Hespérides, durante su construcción.

La urbanización Hespérides, durante su construcción.

En 2006 la Gerencia de Urbanismo apercibió a los propietarios de la urbanización Hespérides que debían solicitar la correspondiente licencia para ejecutar las obras, lo que no se llevó a cabo al intentar acogerse estos promotores a la concesión a través del silencio administrativo, ya que la había solicitado en el año 2003 y nunca se les ofreció ningún tipo de respuesta. El TSJC considera "evidente y razonado que se impuso la sanción por que los dueños de la urbanización edificaron sin licencia quebrantando las órdenes de suspensión. La resolución sancionadora se apoya en hechos firmes inamovibles como son el quebramiento de la suspensión determinada por la falta de permisos, lo cual constituye un antecedente más que suficiente para la congruencia de la resolución sancionadora. Si creían que tenían licencia obtenida por silencio debieron acudir a la vía contenciosa frente a las órdenes de suspensión pero se prefirió la vía de los hechos consumados y seguir construyendo, desoyendo la realidad administrativa", indica la sentencia.

Este fallo judicial constituye otro ejemplo más de la mala suerte que parece haber perseguido a la urbanización desde su nacimiento. Una vez que en el año 2007 los terrenos volvieron a ser propiedad de la familia Rodríguez López estos les exigieron que se los pagaran, por lo cual los propietarios tuvieron que desembolsar 8 millones de euros, frente a los 1,5 que había abonado al Ejército. La diferencia radica en que los terrenos habían pasado de ser urbanizables a contar con todos los requisitos para ser considerados urbanos.

Aparte de ello también se vieron obligados a solicitar una nueva licencia de ocupación al no ser ya válida la primera. En estos momentos, los propietarios han recurrido ante la Audiencia Nacional para que oblige al Ministerio de Defensa a devolverle el dinero pagado. La discrepancia surge en cuanto que el Estado cree que solo estaría obligado a devolverles los 1,5 millones iniciales, mientras que los propietarios estiman que se les debe pagar la misma cantidad que ellos tuvieron que desembolsarle a los antiguos propietarios.

Tras varios años de negociaciones con el Ejército, finalmente se optó por acudir a los tribunales. Mientras, Defensa sigue ocupando esta bolsa de suelo, pero ahora en calidad de arrendatario hasta el año 2014. La "recompra" de estos terrenos supuso un costo adicional por cada una de las 115 unidades de 70.500 euros. En el año 2008 la Cooperativa inició el expediente de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Pública. También recurrieron ante el Tribunal Constitucional, pero finalmente tuvieron que desistir de esta vía con el fin de llegar a un acuerdo con los nuevos dueños.

El convenio firmado en 2009 entre el Ministerio de Defensa y la familia Rodríguez López para concretar el arrendamiento de 300.000 metros cuadrados de terrenos en Hoya Fría permitió la continuidad del acuartelamiento durante cinco años. Después de dictarse la sentencia, el Gobierno central intentó proceder a la expropiación forzosa e incluso llegó a poner en información pública el expediente, pero finalmente desistió de esta vía ante las nulas posibilidades de que el procedimiento fuera legal. En el contrato firmado se fija que el precio del arrendamiento ascenderá a 200.000 euros por ejercicio y se deja claro que transcurrido el plazo de cuatro años, prorrogable a uno más, el suelo será revertido a los propietarios originales sin mayores dilaciones.

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