JpD respalda la reforma del proceso penal
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha valorado de forma positiva el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Gobierno español, al considerar que supone un “evidente avance” en materia de garantías procesales.
En un comunicado, JpD estima que el borrador aborda “una reforma estructural del proceso penal con la pretensión de dar solución a una situación insostenible, caracterizada por una fase de investigación que se ha demostrado ineficaz y altamente disfuncional y la existencia de un intolerable déficit regulativo en materia de admisión, formación, validez y condiciones de eficacia de los diferentes medios de prueba”.
La asociación de magistrados considera que, desde la entrada en vigor de la Constitución, las diversas reformas parciales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 no han sido más que “parches” y que ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional la que ha ido elaborando una doctrina “de tal envergadura que puede hablarse, sin ninguna duda, de la existencia de un verdadero ordenamiento jurídico oculto”.
JpD señala que la propuesta del Gobierno regula con detalle “los medios de investigación, las medidas cautelares que pueden adoptarse, y el estatuto de la defensa, reconociendo el papel central que las personas investigadas y acusadas tienen en el proceso”.
Por otro lado, el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Introduce las figuras del Juez de Garantías y del Juez de la Audiencia Preliminar, en términos similares a otros ordenamientos, atribuyendo la investigación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Ministerio Fiscal, bajo la salvaguarda del Juez de Garantías.
“Lamentablemente, todo apunta a que, por falta de apoyos parlamentarios, la reforma, indispensable, no saldrá adelante, si bien desde JpD queremos hacer una llamada a la responsabilidad para que, al menos, aquéllas partes del texto que tienen por objeto la regulación de las fuentes y medios de prueba y sus condiciones de admisibilidad, validez y eficacia den lugar a una tramitación parlamentaria urgente para su aprobación inmediata, pues no debieran ser problemáticas en un Estado que se dice Constitucional”, apuntan.
