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Luengo acusa a Salud Gil de querer ''torpedear'' la Ley de Dependencia

ASEGURA QUE EL PP QUERRÁ ANULARLA SI VUELVE A GOBERNAR LA NACIÓN

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Las declaraciones efectuadas por la Consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria, María de la Salud Gil, contra la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a la Dependencia, tras las reuniones mantenidas con ONGs y ayuntamientos de la isla, "no tienen otro significado que advertir a todos los grancanarios de que no van a aplicar dicha Ley si volvieran a gobernar, sino que van a torpedearla y a llenarla de obstáculos que impidan acercar los servicios y recursos previstos en la misma a las 23.000 personas en situación de dependencia existentes en Gran Canaria", ha asegurado la consejera socialista en el Cabildo, Paquita Luengo.

Luengo informa en un comunicado que Salud Gil "encubre sus intenciones con un cúmulo de inexactitudes e inventos que no aparecen en la Ley y así, de paso, hacer política partidista con el sufrimiento humano añadiéndoles miedos y desesperanza, que intenta de manera irresponsable provocar en la ciudadanía ante la inmediata aplicación de una Ley tan beneficiosa para ellos.

La Ley no va a perjudicar a nadie, ni a nadie va a dejar de atender, como frívolamente ha manifestado la responsable de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria, sino todo lo contrario, van a ser atendidas todas las personas que en los últimos 16 años se han visto abandonadas por el PP en el Cabildo.

Gil debería reparar en lo miserable que resulta vincular la aplicación de la Ley de dependencia a una rebaja en las pensiones. Aún no siendo equiparables la discapacidad con la dependencia, la nueva Ley establece un corredor entre ambas de modo que quienes tengan reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de tercera persona tendrán reconocido el requisito de encontrarse en situación de dependencia. Así lo declara expresamente la disposición adicional novena de la Ley. Por tanto decir que el 20% de las personas dependientes dejarán de percibir su pensión es solo una consigna política del PP, por cierto, repetida exactamente igual en todas las Comunidades Autónomas. Resulta increíble que quien ni siquiera tiene un censo de las personas dependientes de Gran Canaria pueda cuantificar un número de afectados por la Ley.

La Ley tiene por objeto el crear derechos y servicios. La Ley lo que hace es imponer como obligación el que las plazas sean creadas, planificadas, gestionadas e inspeccionadas por las Comunidades Autónomas, en colaboración con los cabildos y ayuntamientos. Este es el cambio que produce la nueva Ley: situar los derechos en los usuarios y las obligaciones en las administraciones públicas, justo lo contrario a lo que existe ahora. Se erradicarán así los tratos de favor y la beneficencia.

Es la única Ley en la historia de la democracia que contiene en su articulado el compromiso económico por parte del Estado de financiar el coste del derecho básico que se reconoce a toda persona dependiente -que será el mismo en todas las Comunidades Autónomas- poniendo fin con ello a la actual desigualdad de atención que existe en unos territorios respecto a otros. Las leyes no son programas que lleven ficha financiera sino que en la memoria económica que acompaña a la Ley de la Dependencia está cuantificado el coste de 12.638 millones de euros que asumirá íntegramente el Estado durante el periodo 2007-2015. Por su parte, las Comunidades Autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, se han comprometido a aportar una cantidad igual a la aportada por la Administración General del Estado.

Lo que realmente le preocupa a la Sra. Gil y al gobierno insular del PP que preside José Manuel Soria es que, al convertir el gobierno del PSOE la autonomía personal y la atención a las personas dependientes en un derecho básico y universal, se les acaba la privatización a saco y el clientelismo político de los servicios sociales y asistenciales que han venido practicando durante este mandato en el Cabildo de Gran Canaria.

Precisamente, la Ley va a poner fin al sistema practicado hasta ahora por la Corporación Insular, caracterizado por unos bajísimos índices de atención a las necesidades que no superan un ínfimo seis por ciento y dejan abandonadas a su suerte a más de mil de personas mayores en situación de dependencia, con discapacidades físicas y psíquicas, enfermos de Alzheimer, etc., cuyas familias tienen que asumir en su totalidad los costes familiares y financieros de esa situación ante la falta de respuesta del Cabildo de Gran Canaria y su presidente.

No se puede mentir a la ciudadanía diciendo que se tienen cumplidos los deberes, cuando la realidad demuestra que han sido cuatro años perdidos, pues desde el mes de julio del 2004 deberían estar los usuarios en los centros residenciales de Arucas, Santa Brígida, San Mateo, Agüimes, y Santa Lucia; sin embargo, al día de la fecha, ninguno de estos centros tienen terminadas las obras, estimándose que se han perdido 17 millones de euros por no ejecutar el Cabildo de Gran Canaria lo acordado en el Plan Canario de Atención a los Mayores Dependientes. Nuestra Corporación insular es la peor en el cumplimiento del Plan.

En cuanto la ayuda a domicilio, solo el atrevimiento irresponsable puede explicar la satisfacción de un responsable de Asuntos Sociales por la creación, en el mejor de los supuestos, de sólo 150 plazas de ayuda a domicilio en un periodo de cuatro años, que representa el 0,6% de atención a la población en situación de dependencia. No se llega a atender ni a una de cada cien personas. Situándonos a años luz del 8% de atención que se presta en la Unión Europea y/o el 6% que se estima necesario por el Plan Gerontológico Nacional y el Defensor del Pueblo. Por cierto, con el despilfarro de los 360.000 ? de la macrobandera se podría haber cubierto ese desfase.

Desde el grupo del PSC-PSOE del Cabildo de Gran Canaria pedimos al grupo de gobierno del PP que dignifique los servicios sociales, abandone el obstruccionismo y colabore en la puesta en marcha de la Ley de Dependencia para no seguir perjudicando siempre a los mismos, los que no pueden pagarse una persona que atienda sus necesidades, y también beneficiar a los que pueden hacerlo pues es una Ley que nos afecta a todos", concluye.

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