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El Supremo investigará la denuncia contra Botín y su familia

POR PREVARICACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Inspectores y técnicos de Hacienda denunciaron el trato de favor al banquero para regularizar su evasión de impuestos de cuentas opacas en Suiza.

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El Tribunal Supremo será finalmente el que investigue el posible trato de favor dado por la Agencia Tributaria a Emilio Botín y su familia, denunciados ante la Fiscalía General del Estado por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda y la Asociación Profesional de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La denuncia de los estos profesionales fue respaldada por colectivos sociales, como el 15M.

La denuncia es por prevaricación y tráfico de influencias y fue remitida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y admitida a trámite en junio pasado por el juzgado central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que se ha inhibido a favor del Tribunal Supremo, según ha conocido CANARIAS AHORA.

Las diligencias preliminares 70/2011 de la Audiencia Nacional que pasarán al Supremo recogen que fueron las autoridades francesas las que remitieron a la Agencia Tributaria Española los datos de unos 3.000 españoles que no presentaron autoliquidaciones del IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio entre los años 2005 y 2009 de cuentas opacas en el banco suizo HSBC. En el caso concreto de los Botín, las cuentas se remontan a 1936, abierta por el abuelo de Emilio y mantenidas por su hijo y su nieto, pero la defraudación a Hacienda prescribió hasta 2005.

Para tener una cuenta abierta en ese banco hay que disponer de un capital mínimo de 1.620.000 euros.

La organización profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), criticó ya en junio de 2010 el "escandaloso trato de favor" que Hacienda daba a esos 3.000 ciudadanos con cuentas sin declarar en Suiza, al haber permitido que esas personas pudieran presentar, previo requerimiento, "declaraciones complementarias con las que poder regularizar su situación, y evitar así su responsabilidad penal, un trato que no se suele dispensar al resto de los contribuyentes en circunstancias similares".

Intereses de demora en vez de multa millonaria

Una de las personas que apoyaron en Santa Cruz de Tenerife la denuncia contra Botín fue el abogado José Pérez Ventura, quien a su vez fue candidato por Izquierda Unida al Congreso. "Se les ha permitido regularizarse pagando solo unos intereses de demora", dijo en octubre pasado, cuando presentó su denuncia,

En su escrito, que recoge el texto de los técnicos de Hacienda, se afirma que "no solo se evitan con ese trato las responsabilidades penales, sino también las sanciones civiles".

"Es decir, que se estaría produciendo objetivamente un claro perjuicio a las arcas públicas puesto que, al permitírseles la regularización de su situación, se les aplica únicamente dicho recargo del 20%, importe muy inferior al que hubiera correspondido de abrirse la normal investigación y sanción de tales hechos". Con una consiguiente multa millonaria.

Para la IHE, estas actuaciones representan "un escandaloso privilegio para unas personas que presuntamente han incumplido gravemente con sus obligaciones fiscales", mientras que al mientras que al resto de contribuyentes "no se les dan oportunidades adicionales de regularización, y se les impone el sistema sancionador administrativo o penal, con todo el peso de la ley".

Los inspectores de Hacienda hicieron público que tuvieron que "puentear" al Ministerio de Economía y Hacienda que llevaba la socialista Elena Salgado, quien podría haber "invitado" a los 3.000 privilegiados a regularizar ese dinero, en vez de abrirles inspecciones y todo ello, sin publicidad.

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