Una familia espera 14 años para recuperar sus terrenos

El polígono industrial y residencial de El Rosario, a medio camino de Santa Cruz y La Laguna, se ha convertido en otro de los embrollos urbanísticos y judiciales que resultan ya tan habituales en el área metropolitana. Hace escasas fechas el Tribunal Supremo (TS) rechazaba la petición de un antiguo propietario para que se le devolviera la titularidad de una parcela cuya expropiación se inició en el año 1976 pese a haber denunciado que en vez de darle el uso previsto para construir viviendas sociales se había “especulado” con sus terrenos al vendérselos a una empresa privada. A partir de aquí ha trascendido el caso contrario. La familia de Ana García ganó en el año 1998 una sentencia firme que anuló la ocupación de sus terrenos. Pero transcurridos 14 años de aquel triunfo judicial lo cierto es que estas parcelas no acaban de volver a sus legítimos propietarios ni se les ha pagado aún los 72.000 euros que reclaman.

Desde entonces lo han intentado todo. Han pedido hace cuatro años la ejecución forzosa de la sentencia y entablado inacabables conversaciones con los responsables de la Gerencia de Urbanismo pero sin ningún resultado. Esta familia da por seguro que una vez que sea aprobado en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de la capital tinerfeña no les quedará más remedio que impugnarlo de manera inmediata. Y ello es así porque en la ficha financiera del documento tampoco se contempla ningún tipo de partida para ejecutar la sentencia. “Esta es una historia muy larga y repleta de despropósitos administrativos, sobre todo porque conociendo la sentencia los responsables del Ayuntamiento siempre han eludido acatarla, a pesar de los escritos y las entrevisas con sucesivos responsables de la Gerencia que hemos mantenido durante estos años con los gerentes y jefes de servicio, redactores del PGO o personal de Gestión del Polígono El Rosario (Prosa)”, empresa pública encargada de llevar a cabo el desarrollo urbanístico de esta zona.

El recurso fue interpuesto por su padre Agustín García Coello, hoy fallecido. A partir de aquí el Supremo declaró no conformes a derecho las órdenes la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canaria de 7 de diciembre de 1988 y 12 de septiembre de 1989, por las que se aprobaron los Proyectos Expropiación (Fase 88 y Fase 89) del Plan parcial. Pero lo cierto es que transcurrido todo este tiempo nada se ha hecho. “Lo último que le hemos pedido al juzgado en 2008 fue la ejecución de sentencia, pero tampoco han hecho caso. Ya no sabemos qué hacer, es desesperante, como cualquiera se puede imaginar, ver pasar el tiempo, y aunque mi padre ya falleció, nosotros no dejamos de reclamar”, señala García. El Plan General que se está intentando sacar adelante después de más de una década de trabajos cambia el sistema de actuación en la zona en que la que esta familia posee su parcela y lo pasa a otro sistema público, el de cooperación. “Pero ya me han explicado en la Gerencia que eso no lo han hecho para resolver nuestro problema, sino para facilitarle los asuntos a Prosa. Es obvio que cuando se apruebe el PGO tendremos que impugnarlo, pues su Estudio Económico Financiero no incluye nuestra expropiación”, indica por último esta vecina, quien también resalta que otros propietarios podrían acogerse al fallo judicial.

En el caso del otro denunciante cuya sentencia fue desfavorable, el Supremo estimó que sólo se había vendido a las empresas privadas una parte mínima de los terrenos y que además esta operación sólo buscaba financiación para continuar con el resto de la urbanización. Mientras que los trabajos han concluido en su práctica totalidad en el municipio de La Laguna en Santa Cruz se han ejecutado en un 85%. Estos terrenos fueron expropiados en su día por apenas 6 euros el metro cuadrado. Por ello, este último propietario pedía que al menos se llevara a cabo otra tasación.

La profesora de Geografía de la Universidad de La Laguna, Luz Marina García Herrera refleja en su obra Propiedad del suelo en Santa Cruz de Tenerife que el área de actuación incluía 251 hectáreas en Santa Cruz y 87 en La Laguna con el fin de construir alrededor de 5.500 viviendas que iban a acoger una población cercana a los 25.000 habitantes. Para ello se llevó a cabo la ocupación de 274 parcelas que eran propiedad de 121 personas. “La operación que se planteaba era una auténtica remodelación del sector, a través de un proceso expropiatorio que haría desaparecer los barrios de autoconstrucción existentes y se completaba superponiendo una nueva trama viaria así como una morfología residencial distinta: la edificación en bloque. El desafortunado proceso que ha sido la gestión del Polígono afectó al área paralizando el mercado del suelo y frenando expectativas. El proyecto de expropiación afectó a los propietarios porque no podían vender y a los compradores porque si compraban suelo podían ser expropiados”, indica la profesora. La oposición de los vecinos se plasmó desde el primer momento y obligó a que se revisara la delimitación, se suspendieran licencias y se redactara un avance del planeamiento. Finalmente en el año 1984 se acordó que se pagara por el metro cuadrado ocupado apenas 6 euros.