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Los inspectores de Educación cobran un complemento encubierto desde 2004

PAGOS POR HORAS EXTRA

El plus de 1.600 euros al año por cabeza se ingresa en nómina como horas extra, pero no cuenta con la necesaria autorización.

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"Esto debe ser una broma". "No tengo nada que decir sobre este asunto". Son algunas de las respuestas de inspectores de Educación contactados telefónicamente para aclarar un asunto que es vox populi en determinadas secciones de la Consejería de Educación. Se trata del cobro irregular, al menos desde 2004, de cientos de horas extra que no cuentan con la necesaria aprobación de la secretaría general técnica de Educación, un requisito indispensable.

El plus salarial supone en la práctica un complemento retributivo encubierto del orden de 1.600 euros al año por cada uno de los 66 inspectores en plantilla, que con una media de 26.5 horas semestrales significa más de 100.000 euros al año a cargo de las arcas públicas, según el baremo salarial de 2011 del Gobierno de Canarias. En la consejería de Educación, dirigida por José Miguel Pérez (PSOE) desde las pasadas elecciones autonómicas, reconocen sobre este punto que están revisando "todas las situaciones anómalas" heredadas de la anterior consejera, Milagros Luis Brito (Coalición Canaria).

Un listado emitido en junio de este año (pág. 1 y 2) y certificado por el entonces Inspector General de Educación, Francisco Castellano, deja claro que los 66 inspectores contabilizan horas extra, incluidos el inspector central y dos jefes provinciales. Casi todos se apuntan 28 horas al semestre para alcanzar los 1.600 euros. Solo cuatro de ellos cumplen menos de 20 horas extra en este periodo.

Una serie de 14 nóminas desde 2004 hasta 2011, que se publican omitiendo datos personales, prueban la existencia de este complemento retributivo al menos durante este tiempo. Se refieren a los años 2004, 2005 ( enero y diciembre), 2006, 2007 ( febrero, junio y agosto), 2008, 2009 ( febrero, mayo y diciembre), 2010 ( agosto y diciembre) y 2011.

Maquillando los pagos

Ante la ausencia de autorización para realizar las horas extra, la Consejería ha tratado hasta ahora de jugar al despiste con los pagos. El artículo 82.3 d) de la Ley de la Función Pública Canaria establece que las gratificaciones por servicios extraordinarios "en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo". Siguiendo ese precepto, este complemento encubierto no suele pagarse de manera regular. Solo en algún caso no se ha tenido tanto esmero, quedando al descubierto una cuantía de horas extra que se repite tres meses consecutivos.

Para este mes de diciembre, el montante de horas extra irregulares alcanza unas cifras similares a la señaladas antes. Lo que no está tan claro es que se vayan a pagar, pues también resultaría contrario a la reciente instrucción de la Consejería de Economía y Hacienda, donde se prohíben nuevos gastos a todas las áreas del Gobierno autonómico, incluyendo "abonos de gratificaciones u horas extraordinarias".

Otros altos cargos como el director general de personal de Educación, Carlos Quesada, y la actual inspectora general, Constanza Falcón, han sido contactados sin obtener respuesta. En cualquier caso son herederos de una situación que fue autorizada por el anterior equipo la consejería, con Milagros Luis Brito al frente y Gonzalo Marrero como viceconsejero de Educación.

Un complemento en tiempos de recortes

Según fuentes consultadas por este medio, el complemento encubierto habría sido introducido como subterfugio ante las frustradas reivindicaciones de los inspectores educativos para lograr complementos adicionales, con el respaldo de Educación.

De hecho, después de que el 1 de junio de 2010 los funcionarios de la Comunidad Autónoma viesen reducido su salario en un 5%, la Consejería redactó a finales de ese año un borrador donde se proponía un complemento para inspectores que asumieran "coordinación de equipo de trabajo", así como para los responsables de "programas específicos". Eso para un colectivo que supera los 2.500 euros limpios al mes, uno de los sueldos mejor pagados a los funcionarios en Canarias.

Pero Educación no solo redactó el borrador, sino que presentó alegaciones tras serle denegado por el entonces director general de Planificación y Presupuesto, Agustín Gutiérrez, como se aprecia en la respuesta de este último.

El destino de las horas extra está ahora en manos de la secretaria general técnica, Blanca Méndez, quien tras ser preguntada por este asunto ha dado la orden de revisarlo. Unos pagos que han sido cuando menos consentidos por los diferentes cargos políticos de la Administración canaria durante más de dos legislaturas.

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