Canarias ya tiene 'ley antidesahucios'
Con el voto en contra del Grupo Popular y la abstención del Mixto (NC-PIL), los grupos que apoyan al Gobierno han aprobado la modificación de la Ley de Vivienda para permitir la expropiación temporal de viviendas a entidades financieras y la creación de un registro de viviendas vacías del Gobierno, bancos y promotores.
En concreto, la nueva ley canaria asigna la competencia expropiatoria temporal y por un máximo de tres años al Gobierno de Canarias para aquellas viviendas propiedad de las entidades financieras y que estén desocupadas y se justifica en que la competencia en materia de vivienda es de la comunidad autónoma.
Asimismo, el texto aprobado hace hincapié en la mediación con las entidades bancarias para evitar los desahucios a través del alquiler social, paso previo a que finalmente el Ejecutivo expropie una vivienda por un plazo máximo de tres años.
Texto nauseabundo
Un texto que, para el diputado conservador Felipe Afonso es “ilegal, inconstitucional” y un “plagio” de las leyes andaluzas y navarras, recurridas ante el Tribunal Constitucional, “por lo que es una pantalla para intentar tapar que el Gobierno de Canarias no tiene una política efectiva”.
“Es nauseabundo que se dé como respuesta a la gente una ley inconstitucional”.
Los portavoces de CC, José Miguel Ruano, y del PSC, Manuel Fajardo, han explicado al rechazar las enmiendas que aún mantenía vivas el PP que el Gobierno canario ha querido a cubrir una responsabilidad del Estado y aseguraron que la ley canaria ha sido “mejorada” durante el trámite parlamentario para que no pueda ser suspendida por el Constitucional.
Además, ambos portavoces aseguraron que es el Estado el que tiene competencias para fijar medidas y evitar desahucios, pues Canarias no puede resolver el problema de la legislación bancaria.
Ineficaz
El líder de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, consideró que el Gobierno regional “ha llegado muy tarde, en el séptimo año de la crisis”, para intentar dar una solución con un texto que, en su opinión, será ineficaz.
“La eficacia de las expropiaciones va a ser cero. Las leyes tienen que servir para resolver problemas a los ciudadanos, y vamos a ver a cuántas familias vamos a salvar con esta ley”, ha indicado para justificar su abstención.
