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La juez permite a los propietarios de Stratvs retirar el vino almacenado en las bodegas clausuradas

Pero prohíbe cualquier tipo de actividad en el interior del edificio. Las instalaciones estan precintadas por un presunto delito contra la odenación del territoro.

La causa penal contra la edificacion de la bodega lanzaroeña ya suma 16 imputados entre los que se incluyen políticos y técnicos del Ayuntamiento de Yaiza, del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias.

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El Juzgado número 5 de Arrecife (Lanzarote) ha autorizado a los dueños de Stratvs a retirar el vino que almacena en sus bodegas de La Geria, pero con la advertencia de que no podrá realizar ningún tipo de actividad en esas instalaciones, por breve que sea, mientras sigan clausuradas.

La juez dispone que los dueños de Stratvs le tendrán que comunicar previamente qué días quieren entrar a retirar el vino de las barricas, o cualquier máquina de su propiedad, para que la Guardia Civil los acompañe, supervise lo que hacen, levante inventario de lo que se llevan y vuelva a precintar la bodega.

Este juzgado de Arrecife ordenó hace un mes la clausura de todas las instalaciones de Stratvs en La Geria -incluyendo la bodega, la tienda, la terraza y el restaurante- al estimar que en su construcción se cometieron delitos contra el medio ambiente, el urbanismo y el patrimonio, falsedad y estafa, entre otros.

La juez precintó las instalaciones de Stratvs tras comprobar que sus dueños habían solicitado una licencia para rehabilitar una vivienda y construir una bodega subterránea de 900 metros cuadrados, pero acabaron tirando la casa allí existente y construyeron un complejo de 12.000 metros cuadrados que incluía una bodega industrial de 2.500 metros, una terraza y un restaurante.

Y todo, argumentaba, a pesar de que sabían "sobradamente que lo que se construía ni estaba autorizado ni era autorizable".

Los dueños de Stratvs -una de las empresas vinícolas más importantes de Lanzarote- recurrieron la decisión del juez y pidieron que, mientras se pronuncia la Audiencia de Las Palmas, se les permitiera, al menos, acceder a la bodega para mantener el vino que almacenan en ella y evitar que se pierda.

La juez accede a su petición, pero solo parcialmente y con varias restricciones. En primer lugar, les advierte de que ha comprobado que hay varias máquinas que han seguido funcionando en la bodega, lo cual vulnera la suspensión de toda actividad que ella había dictado.

En segundo lugar, les prohíbe realizar cualquier tipo de mantenimiento del vino en la bodega por el mismo motivo: porque está clausurada y se ha suspendido todo tipo de actividad en ella.

Sí les autoriza, en cambio, a que entren a la bodega, acompañados por la Guardia Civil, para retirar el vino, pero sin que puedan poner en marcha la maquinaria de las instalaciones.

También les permite retirar las máquinas de la bodega para mantenerlas y almacenarlas en el lugar que estimen oportuno, pero siempre fuera de las instalaciones clausuradas.

En cuanto a su petición de realizar otro tipo de tareas de mantenimiento en el restaurante, la terraza o la tienda, señala que no va a conceder una autorización genérica, sino que estudiará las peticiones "caso por caso" cuando se planteen.

La causa penal por la construcción de la bodega Stratvs suma ya 16 imputados, entre los que se incluyen políticos y técnicos del Ayuntamiento de Yaiza, del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias, que participaron en la concesión de los permisos para realizar una obra que, según la Fiscalía, nunca debió autorizarse.

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