Mena, jefe de los Servicios Jurídicos

Guillermo Reyes es un político en decadencia. Su segundo intento por gobernar Telde va camino de saldarse con los mismos fracasos que caracterizaron su funesta aportación al cuatrienio negro de 2003-2007: con la constatación de que está en la política para cosas muy distintas a la de llenar de contenido el nombre de su partido (Ciudadanos para el Cambio), por mucho que haya intentado extender la marca a otros municipios de la isla. Atorrado tras un segundo plano que le evita exponerse a arriesgadas situaciones, intentó esta vez volver a controlar el urbanismo a través de su socio en la sombra, José Luis Mena, con el impagable apoyo del ya mentado Fran López, del PP, al que pronto le cogieron la matrícula por descarado. Recluido López a la concejalía de Presidencia y destituido Mena de la todopoderosa jefatura de servicio de Urbanismo, los tres se han refugiado en los Servicios Jurídicos de la Corporación, a cuyo frente han colocado al multi-imputado funcionario en evidente constatación de que estos hacen enseguida de la necesidad virtud. Para que no quedara ninguna duda de por dónde vienen los tiros, sepan que desde el 2 de octubre pasado, Mena ha tomado posesión de los asuntos jurídicos más suculentos que ahora mismo se dirimen en los tribunales. Ese día, y en nombre de la alcaldesa, Fran López firmó cinco decretos, cinco, por los que se ha relevado al letrado Antonio Vega Martel de la dirección jurídica de otros tantos casos en los que ha de defenderse a la institución, todos ellos en juzgados de lo Contencioso-Administrativo, con reclamaciones a la Administración: Leroy Merlyn, McDonalds, Alcampo, Techos Canarios y Pama e Hijos. Los antecedentes no son para tirar voladores porque en este mandato el Ayuntamiento ha dado sobradas muestras de lo que entiende por defensa de los intereses de la institución. El ejemplo más palmario quizás haya sido el decaimiento del pleito contra la empresa Hermanos Santana Cazorla. El empresario tirajanero perdió hasta once causas por otras tantas reclamaciones por su actuación en obras del Feile (Plan Zapatero), pero cuando llegó la hora del más gordo de todos, el de la prohibición a esa empresa de contratar con el Ayuntamiento por sus notables incumplimientos, los Servicios Jurídicos pusieron el recurso ante el Constitucional en manos de una inexperta letrada. El recurso ni siquiera fue admitido a trámite por el tribunal por una nula motivación de la trascendencia constitucional de la acción. Ahora toca, cómo no, que Santana Cazorla se dirija al Ayuntamiento reclamando daños y perjuicios, que estarán encantados de pagarle como le pagaron la finca de San Rafael.