No pudieron notificarle la demolición

Resulta llamativo que a una diputada regional, vicepresidenta del Cabildo y presidenta local del PP conejero haya que notificarle una resolución de una administración pública canaria a través del Boletín Oficial, porque al menos las direcciones postales de esas instituciones y de ese partido figuran al alcance de cualquiera. Pero ya se sabe que cuando no quieres que algo se te notifique, lo mejor es mirar para otro lado. En su descargo, Astrid Pérez ha declarado que existen otras viviendas en la zona en iguales circunstancias, que compró, como hicieron otros 52 propietarios, con cédula de habitabilidad, licencia de construcción y todos los permisos y autorizaciones. “Lo que nos ha pasado a nosotros le puede pasar a cualquiera”, clama la vicepresidenta del Cabildo, lo que no parece de mucho recibo si se tiene en cuenta que en el caso de La Bufona, constan paralizaciones y precintos decretados en 2000 e incluso unas diligencias penales contra los promotores y los que propiciaron las ilegalidades que ahora conducen al expediente de demolición por ocupar suelo rústico de valor natural ecológico. Eso, sospechamos, no le puede pasar a cualquiera, si se nos permite la reflexión. Porque a cualquiera que tenga interés en comprar un inmueble, lo primero que se le ocurre es consultar la legalidad vigente y el planeamiento del sector, asegurarse en definitiva que lo que compra no está viciado por ningún expediente. Y en el año 2000, cuando compró la presidenta local del PP, ya había un expediente en curso.