Las pulseras, en el juzgado

No sabemos si prosperará el recurso de Pepa Luzardo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni tenemos noticias ciertas de que Puertos del Estado se haya asustado con las amenazas de la alcaldesa y del presidente del Cabildo de Soria, y decida cederles todos los terrenos del istmo antes de que sea peor y la perreta llegue a mayores. Lo que sí tenemos confirmado es que el juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la denuncia penal formulada por un ciudadano, Alberto Santana, contra las autoridades responsables de la distribución de las famosas pulseritas verdes de apoyo a La Gran Marina. Entre otras cosas, el particular les acusa de malversar fondos públicos al haber destinado más de 33.000 euros a promocionar un proyecto declarado nulo de pleno derecho por las autoridades nacionales y europeas. Pero nos llegan informaciones que avisan de que las pulseras generarán más quebraderos de cabeza a sus guardianes repartidores.