A ver qué recurre RIU

A menudo escuchamos de los empresarios más punteros de Canarias la exigencia a los políticos de dejar paso a los pronunciamientos técnicos en detrimento de las decisiones de gabinete. Suelen ser empresarios que ven con recelo las decisiones políticas porque a) consideran que el responsable que las toma está menos cualificado que ellos para tomarlas; b) que las está tomando por un compromiso en ocasiones inconfesable, y c) como los árbitros a Mourinho, siempre juegan para el contrario. Por eso ponen el grito en el cielo cuando algún político toma una decisión contraviniendo los informes técnicos o jurídicos elaborados ad hoc, momento que aprovechan para sacar a paseo términos como “prevaricación” o “desviación de poder”, entre otras lindezas del Código Penal. Esa postura tan respetable habrá de ser de aplicación, en sentido inverso, cuando es el técnico el que avala con sus informes una resolución política que no gusta a esa casta empresarial con la que empezábamos esta jacarandosa pieza. Es el caso de los cuatro informes, cuatro, en los que se apoyó la mayoría de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria (PP y sus tránsfugas correspondientes) para incoar expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, en su modalidad de sitio histórico, para el oasis de Maspalomas y todo su entorno. Por más que leemos esos cuatro informes (dos arquitectos del servicio de Patrimonio, un arquitecto externo y el jefe de los Servicios Jurídicos de la Corporación) más nos asaltan las dudas de la viabilidad de alguno de los recursos anunciados con gran aparato eléctrico por algunas partes en presencia, verbigracia RIU o verbigracia la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Claro que todo es discutible en esta vida, pero está claro que algunos se aventuraron demasiado sin haber visto aún el expediente por el forro.