Aguere permitió más de cien obras mayores en el casco histórico durante diez años sin el permiso del Cabildo
El listado de obras ejecutadas a lo largo de diez años en el casco histórico de Aguere, que nunca contaron con el preceptivo informe del Cabildo, suma alrededor de 4.000 actuaciones de las que más de un centenar se corresponde a obras mayores. El resto serían menores, cambios de uso, instalación de antenas o retiradas de carteles, entre otras varias.
El grupo de gobierno ha entregado al grupo Unid@s se Puede un listado de 141 páginas en el que se incluyen todas las obras permitidas durante este tiempo, ninguna de las cuales contó con la supervisión de la Comisión Insular de patrimonio.
Este hecho ha dado lugar a un duro enfrentamiento entre las instituciones ya que desde el Cabildo se recuerda que la ley canaria obliga a dar este paso.
El Ayuntamiento, por su parte, se agarra al contenido del Plan Especial de Protección (PEP) en el que, por un error, se obviaba este requisito, pese a lo cual el documento fue sucesivamente aprobado por el Cabildo y Gobierno canario. No obstante, informes solicitados por el propio Ayuntamiento reconocen que es obligatoria la solicitud de este permiso, al menos, para el caso de las obras mayores, lo que tampoco se llevó nunca a cabo.
Es por ello que el portavoz de Unid@s Se Puede, Rubens Ascanio, indica que en estos momentos estudian la posibilidad de recurrir a los tribunales para denunciar tanto la irregularidad administrativa que supone incumplir el procedimiento como otras posibles consecuencias penales. Y es que se podría haber incurrido en una presunta prevaricación al no contarse con el informe del Cabildo que era preceptivo para las obras mayores, pese a las advertencias lanzadas en varias ocasiones desde la institución insular.
En el listado se incluyen obras ejecutadas en colaboración con varias administraciones a la vez como es el arreglo del techo de la catedral, la restauración de varios conventos y los palacios de Nava, Lercaro y Carta y las plazas de la Catedral y de La Concepción.
También se ejecutaron acciones conjuntas pero sin tampoco pedir permiso al Cabildo para la rehabilitación y reparación de humedades en el Instituto Cabrera Pinto, en las oficinas del complejo museístico en Tabares de Cala, en el Palacio de Lercaro y de Carta o para la restauración de la iglesia de Santo Domingo.
Igualmente, se llevó a cabo la ejecución de un paseo peatonal en Manuel de Ossuna, supresión de barreras arquitectónicas en Nava y Grimón, ejecución de una piscina cubierta en la plaza de Los Adelantados o urbanización de la trasera del hotel Nivaria.
Pero el grueso de las obras mayores permitidas por el Ayuntamiento sin contar con la supervisión del Cabildo se centran en ejecución de viviendas en el interior de casonas antiguas, arreglo de fachadas y cubiertas en edificios, demoliciones, consolidaciones de estructuras, entre otras varias. Alguno de estos edificios incluso había sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) de forma individual, aparte de la declaración global de todo el casco.
En el ámbito político se está intentando llegar a una solución pactada entre las dos administraciones. También se pretende salvar la situación a través de la futura Ley del Suelo que precisamente impulsa el actual presidente, Fernando Clavijo, quien durante parte de estos diez años ejerció como alcalde de La Laguna. Y es que la actual legislación canaria deja claro que en los cascos históricos declarados BIC con planes especiales aprobados es preciso contar con el dictamen del Cabildo tanto para las obras mayores como las menores.
La coartada a la que se recurre desde Aguere es que la capacidad de otorgar licencias directamente viene recogida en el Plan Especial del casco histórico, cuyo contenido fue sucesivamente aprobado por el Ayuntamiento, el propio Cabildo y la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Y todo ello pese a contradecir el contenido del artículo 33 de la Ley Canaria de patrimonio Histórico, en lo que parece ser un error que no se detectó en su momento.
En este texto se recoge que los municipios con planes especiales aprobados deben solicitar la conformidad de la institución insular a la hora de conceder licencias y que ésta debe pronunciarse en el plazo de quince días. En caso contrario el silencio administrativo se interpretaría como positivo. Un paso que nunca se dio desde el año 2015, momento en el que se aprobó definitivamente el planeamiento del casco de Aguere, declarado Patrimonio de la Humanidad.
La Comisión de Patrimonio en un informe emitido a finales del pasado año, no alberga duda alguna de que desde el Ayuntamiento se incurrió en un “incumplimiento sistemático” y que éste se llevó a cabo “en gran medida de forma voluntaria”. Las consecuencias que se derivan de este hecho no serían desde luego menores: sobre todas y cada una de las licencias otorgadas directamente por el Ayuntamiento planea la duda de su posible nulidad.
Por encargo de la Gerencia de Urbanismo y con anterioridad, un grupo de profesores universitarios que participaron en un grupo de investigación de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna se había pronunciado sobre esta cuestión. En sus conclusiones se circunscribe el incumplimiento a las licencias de obras mayores.
