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La Fiscalía mantiene las acusaciones contra el exalcalde de Arona y el exconcejal de Urbanismo

Visto para sentencia el primer juicio del complejo caso Arona por prevaricación y malversación de caudales públicos

La acusación pública no tiene dudas de que José Alberto González Reverón y Antonio Sosa no actuaron para paralizar las obras ilegales en el hotel de lujo Sir Anthony

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El exalcalde de Arona, José Alberto González Reverón, este miércoles durante su intervención en el juicio / Cristóbal García/EFE

El exalcalde de Arona, José Alberto González Reverón, este miércoles durante su intervención en el juicio / Cristóbal García/EFE

El primer juicio del complejo caso Arona, una pieza separada de menor calado que la que se prevé para la segunda semana de enero, quedó visto para sentencia este jueves, un día antes de lo previsto, tras mantener la Fiscalía sus acusaciones de prevaricación por omisión para el exalcalde nacionalista, José Alberto González Reverón, y el exedil de Urbanismo entre los años 2007 y 2011, Antonio Luis Sosa, al que además le achaca un delito de malversación de caudales públicos.

A González Reverón le acusa de haber permitido que el Sir Anthony, uno de los hoteles de lujo de Arona, en el sur de Tenerife, llevara a cabo obras de remodelación por más de 10 millones de euros sin contar con las licencias municipales pertinentes. Asimismo se le acusa de haber permitido obras ilegales en el chalé de un familiar, del que dijo no saber siquiera que era su familiar. Pide nueve años de inhabilitación para cargo público.

En la segunda y última sesión del juicio celebrado en la sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la acusación pública (la única, tras la retirada de la acusación particular, representada por el abogado Felipe Campos) sostuvo cada uno de sus argumentos en contra de ex regidor aronero.

Era perfectamente conocedor de las obras y no hizo nada para reparar la situación. Se llevaron a cabo obras mayores con una solicitud de licencia de obras menores que ni siquiera tenían”, alegó el fiscal.

Por si quedase alguna duda, en junio de 2008 el señor Reverón le envía un mensaje al señor Estartús (delegado del complejo hotelero Mare Nostrum y director del Sir Anthony) en el que le indica todos los documentos que deben presentar”. “¿Qué luego hubo una sanción? Es que ya se habían realizado las obras”, añadió.

El fiscal también señaló que el entonces concejal de Urbanismo, Antonio Sosa, era conocedor de las obras ilegales. “El 28 de noviembre de 2008 se elevó un informe técnico por el que ya se podían paralizar las obras e incoar expediente sancionador, pero nada se hizo”, por lo que considera que se ha dado una prevaricación por omisión, al no dictar la medidas cautelar de suspensión de las obras, y otra prevaricación por omisión al no incoar a tiempo el expediente sancionador.

En ninguna de las dos sesiones del juicio se nombró el posible cohecho que se le imputó en la instrucción a González Reverón por recibir un bien (el disfrute personal de habitaciones de lujo en el hotel) a cambio de hacer la vista gorda. En la sesión de este jueves, el fiscal sí apunto a “un más que posible cohecho”, pero no pudo entrar en el fondo al no figurar ese delito en las conclusiones provisionales, lo que no deja de ser sorprendente.

Tampoco profundizó en sus conclusiones definitivas sobre las presuntas obras ilegales en el chalé del familiar del alcalde.

En cuanto a Antonio Sosa, que entre 2007 y 2011 formó parte del Gobierno local de Arona por CC, se le acusa de contrataciones a dedo, de pretender quedarse con unas dietas tras un viaje invitado a Múnich, y de no actuar frente a las obras sin licencia en el hotel Sir Anthony, por lo que la acusación particular pide 10 años de inhabilitación y uno de prisión.

El fiscal se mantuvo en sus argumentos, tras escuchar durante la mañana a nueve testigos que ratificaron que el personal para el área de Medio Ambiente, creado por Sosa en 2007, habían sido elegidos y seleccionados por el propio concejal, pese a no tener conocimientos técnicos ni profesionales sobre la materia.

Sin embargo, no quedó tan claro que sus contratos tuvieran que salir a concurso público, por tratarse de contratos menores, ni que se les pagase fraccionadamente, al tratarse de facturas independientes por trabajos también independientes, pese a que un testigo admitió que el pago por esos trabajos “se acordaba por el concejal”.

En cuanto al cobro de las dietas, que fueron devueltas por Sosa y que supondrían el delito de malversación de caudales públicos, el propio fiscal opinó que “no tiene mucho recorrido”, aunque no retiró la acusación.

No se puede vigilar todo”

En cuanto a las dietas, 398 euros por concepto de alojamiento y 232 por manutención, la defensa del ex edil, Freddy Santos, insistió en que fueron devueltos a las arcas públicas y que si en algún momento se cobraron fue por un defecto administrativo del propio Ayuntamiento.

Olga López Lago, abogada del exalcalde de Arona, retirado de la política tras ser condenado en firme por prevaricación en 2012, negó que se dieran los elementos de la prevaricación “ni por omisión ni por acción” porque “un alcalde no puede vigilarlo todo, no es su cometido, porque la gestión la lleva cada concejalía”, de tal forma que González Reverón, insistió, no podía estar al tanto “de que se cometía una injusticia”.

Y ello, alegó, porque “hay problemas entre el personal del Ayuntamiento y el Ayuntamiento, entre los políticos entre sí, con expedientes que se solapan unos con otros, varios en la sección jurídica, otros en la de licencias. Eso no lo puede controlar el alcalde de ninguna manera”.

No vemos ninguna acción delictiva del alcalde. En todo caso cabría alguna sanción administrativa, pero no ha habido dolo”.

La letrada, al igual que en la primera sesión del juicio, recalcó que las escuchas telefónicas “son nulas de pleno derecho por no haber una auto judicial motivado y firmado que las justifique”. De cara al juicio de la pieza principal del caso Arona, cuya vista oral está previsto que arranque el 12 de enero, ya ha solicitado la nulidad de las intervenciones telefónicas, sobre la que deberá pronunciarse la Audiencia Provincial.

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