Lo que no sabíamos del caso Las Teresitas

Treinta y dos sesiones de vista oral, algunas en jornadas de mañana y tarde, han dejado más preguntas que respuestas en el juicio por el caso Las Teresitas. Al cabo de diez años de investigaciones judiciales y tres meses de sesiones en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, siguen sin estar claros algunos hechos. Entre ellos, por qué no se incluyeron en el expediente de compraventa de la playa capitalina por parte del Ayuntamiento los informes que explicaban por qué el precio de los terrenos debía ser tres veces menos al que se pagó, o por qué fue excluido el delito de cohecho, pese a que la Policía Judicial no encontró justificantes a los 16 millones de euros que salieron de cuentas de los empresarios favorecidos, con destino desconocido.

El caso quedó visto para sentencia el pasado martes, 13 de diciembre. Solo falta la sentencia, que no se espera hasta mediados de 2017, para poder escribir que el juicio por el supuesto fraude en la compra de Las Teresitas ha concluido. Un juicio mediático de “condenas paralelas”, según los abogados de los acusados, y de realidades virtuales, según la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez-Frigola, para quien este caso ha supuesto uno de sus pilares como primera teniente de la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El caso Las Teresitas saltó a las portadas en 2006, cuando se admitió a trámite la denuncia que la fiscal interpuso por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y cohecho contra, entre otros, el que entonces era alcalde de la capital tinerfeña Miguel Zerolo, que al tiempo era diputado en el Parlamento de Canarias por Coalición Canaria.

Sin embargo, las posibles irregularidades de esa operación de compraventa y las circunstancias que la rodearon estuvieron en boca de los chicharerros desde que se llevó a cabo, en 2001. Rumores, chascarrillos… los detalles de la operación han salido, por fin, a la luz durante la vista oral. No todo lo que se decía en la calle era fruto del imaginario popular.

Algunos detalles han confirmado la extraordinaria pericia de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González para hacerse con todos los elementos a favor, con los 90.000 metros cuadrados que constituyen el frente de la playa, y los miles de metros cuadrados de los terrenos que se encuentran detrás de la playa, en las zonas conocidas como Montaña Morera y el Valle Las Huertas.

Los dos empresarios compraron en 1998 los terrenos a la entonces Junta de Compensación por 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros), gracias a un crédito concedido de forma urgente y en seis días por CajaCanarias (hoy, La Caixa) y al margen de los requisitos que la propia comisión de control de la entidad bancaria impone para la concesión de préstamos de alto riesgo.

La habilidad como empresarios de Antonio Plasencia, presidente durante décadas de la patronal de las constructoras en Tenerife, y de Ignacio González, expresidente de la Cámara de Comercio, nunca han sido cuestionadas, pero sí el “golpe de suerte” que les abrazó a ambos en menos de una semana.

La Visión de futuro de Rodolfo Nuñez 

Es aquí, en la concesión de ese préstamo, el mayor otorgado en toda la historia de CajaCanarias, con el que surgieron las primeras interrogantes y sorpresas que ha deparado la vista oral del macrojuicio, tras las declaraciones del expresidente de la financiera, Rodolfo Núñez, y de uno de los que integraban el Consejo de Administración, el empresario sirio Amid Achi.

Rodolfo Núñez, que durante doce años fue el presidente de la Caja por excelencia de los tinerfeños, sostuvo que otorgó el crédito sin garantías porque detrás “había un gran negocio y no quería que se nos escapara”. Se refería al gran proyecto de urbanización de la playa y sus terrenos colindantes, a las promociones inmobiliarias que se llevarían a cabo en el plazo de un año y que supondrían cientos de clientes nuevos para la financiera.

“Los bancos son un negocio y esta era una operación interesante por lo que traía detrás, un promotor que iba a desarrollar viviendas, negocios…eso da un montón de dinero”, aclaró.

Pero, ¿cómo podía prever Rodolfo Núñez ese gran negocio de promociones inmobiliarias, si cuando se otorgó el crédito, el 23 de junio de 1998, la playa aún no era urbanizable? Fue seis días después cuando el Tribunal Supremo haría pública la sentencia en respuesta a un recurso, que permitía edificar en la misma y que obligaba a revisar el Plan Parcial de Las Teresitas de 1988.

Esta pregunta no se formuló por las acusaciones en la vista oral, así que ha quedado sin respuesta. Lo que sí se sabe es que la votación de la sentencia se llevó a cabo el 17 de junio, un día después de que la Junta de Compensación se comprometiera a vender las 101 parcelas de la zona a una empresa aún sin constituir, Inversiones Las Teresitas, en la que solo figuraban como futuros miembros Plasencia y un hombre llamado Felipe Armas, un empleado de Ignacio González, que fue quien solicitó formalmente el crédito multimillonario con una carencia de tres años.

¿Hubo alguna filtración a los empresarios de cuál sería el sentido de la sentencia del alto tribunal? ¿Hubo información privilegiada que llegó a CajaCanarias, tanta como para que su expresidente hablara con toda seguridad en el juicio de cientos de promociones inmobiliarias en un futuro cercano?

Para aumentar estas cuestiones, Rodolfo Núñez respondió a la fiscal que no pidió garantías sobre quién solicitaba el crédito, porque para él, “quien estaba detrás era Antonio Plasencia”, por lo que la presencia de ese tal Armas le pareció insustancial. Ni se pidieron garantías, como un aval, porque Plasencia se negó “y amenazó con ir a otra entidad”.

Armas era un hombre de confianza de Ignacio González, quien se sentaba en el Consejo de Administración y votó a favor de concederse el crédito a sí mismo. Rodolfo Núñez dijo que no tenía ni idea de quién era esa persona, “lo mismo podía ser un empresario del Sur”, aunque en el entorno empresarial de Santa Cruz de Tenerife si se le conocía como hombre de los recados del expresidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña. Según dijo Núñez, “no hice comprobaciones. No eran necesarias”.

El 17 de junio de 1998, cuando se votó la sentencia en el Tribunal Supremo, se solicitó en el Registro Mercantil la inscripción de Inversiones Las Teresitas y ese mismo día, Promotora Punta Larga (empresa de Antonio Plasencia) y Armas abren una cuenta en CajaCanarias para ingresar entre ambos 30 millones de pesetas.

Al día siguiente es cuando se solicita el préstamo, es decir, cuando ya se había votado la sentencia, que aún no era pública. El 24 de junio se constituye la mercantil Inversiones Las Teresitas S.L (ILT). Dos días después, el 26 de junio, Armas vende sus acciones en ILT a una empresa de Ignacio González y su esposa, justo el mismo día en que se formaliza la compra de las 101 parcelas. Tres días después se hace pública la sentencia del Supremo.

Dieciséis millones de euros

Rodolfo Núñez dejó más sorpresas en su comparecencia ante el tribunal de la Audiencia Provincial que debe pronunciarse en sentencia. Por ejemplo, que sólo supo pocos días antes de declarar como testigo que el Banco de España había sancionado a la entidad que él presidía por la concesión sin garantías de ese crédito de alto riesgo, ya que se otorgó sin aval alguno (con el aval de los terrenos que se iban a comprar), y tampoco sabía de la multa que se impuso a Ignacio González por haber(se) votado a favor de la operación crediticia que le benefició sustancialmente.

Más llamativo fue cuando aseveró su militancia en la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), en la que entró de la mano de su fundador Manuel Hermoso, que fue quien fichó a uno de los principales encausados en el juicio por el caso Las Teresitas, Miguel Zerolo, aunque su gran amistad, casi de hermandad, es con Antonio Plasencia.

“Antonio se ha portado conmigo siempre estupendamente”. “Es un gran amigo”. Tan amigo que, justo tras entregar sin garantías a alguien del que él sabía (pero no el Comité de Riesgos) que detrás estaba Plasencia, recibió entre 1998 y 2002 cerca de cuatro millones de euros que en la investigación judicial no se han podido justificar, pero que sin bases para sustentar que hubiese recibido ese dinero a cambio (cohecho) de malversar las arcar municipales.

En concreto, recibió de Plasencia 3.974.916,6 euros, cantidades que se extendieron poco a poco y que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y la Brigada Provincial de la Policía judicial no pudo justificar. Por eso, Núñez fue investigado durante la instrucción judicial de la causa, igualmente que se investigó a Álvaro Arvelo (exdirector de CajaCanarias), y a Nicolás Álvarez García, consejero, vicepresidente y vocal de la Comisión Ejecutiva de la entidad bancaria.

“Eso no tiene que ver con este asunto. Plasencia me prestó esos cuatro millones de euros para participar en Binter y avaló esa operación”, concluyó en respuesta al abogado de la acusación popular, José Pérez Ventura.

Según se supo durante la investigación, y se recordó en la vista oral, de empresas de Antonio Plasencia e Ignacio González salieron en los cuatro años siguientes, periodo en el que se obtuvo el préstamo, se compraron los terrenos y se vendió el frente de la playa, en torno a 16 millones de euros, que la Policía Judicial no supo cómo se justifican ni que finalidad tuvieron.

Con los cuatro millones que Plasencia prestó a Núñez, aunque los investigadores no encontraron constancia de que fuesen devueltos, éste pudo invertir en empresas de Binter hasta acabar siendo su presidente. Se hizo a través de la empresa Islamar S.L., que participa con un 49, 81 por ciento de la aerolínea canaria, propiedad de Plasencia.

Islamar S.L fue creada en julio de 1998, pero no tuvo actividad hasta 2002, cuando Rodolfo Núñez y Antonio Plasencia comenzaron a tener relación societaria. En diferentes pagos, Islamar transfirió dinero a Binter Canarias, aunque en estos detalles no se nombraron en el juicio, ya que pese a los informes de la policía judicial, la investigación de Hacienda no arrojó datos que pudieran confirmar el delito de cohecho.

(Islamar S.L apareció en la lista Falciani. Una cuenta a nombre de esta mercantil, cuyo objetivo principal era inmobiliario y suscrita por Núñez, fue abierta en Suiza en 2001, poco después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 52,2 millones. En 2007 cuando ya estaba en marcha la investigación judicial, en la cuenta quedaban poco más de 5.000 euros).

Datos falsos para conceder el préstamo

También sorprendió en la vista oral la testifical de José Ramos, que era el responsable en 1998 de hacer los estudios de viabilidad de los préstamos que se solicitaban a CajaCanarias. Lo que respondió a la fiscal es que en ningún momento supo que la posibilidad de edificar en Las Teresitas y sus parcelas añadidas estuviera pendiente de una sentencia judicial.

Es más, añadió en la vista oral que “de haberlo sabido, habría dictaminado de forma rotunda en contra de la concesión del crédito”. Supo años después que las posibilidades de edificación eran de unos 80.000 metros cuadrados menos que las que le indicaron. Ni que no había un proyecto de urbanización aprobado, por lo que la posibilidad de edificar fue siempre más un envite que una realidad.

Y menos en el tiempo récord de un año, como sostuvo Rodolfo Núñez. Ni que el deslinde era el entonces vigente (el de 1961, que ocupa parte de los terrenos que se iban a comprar), ni que el Plan Especial para Las Teresitas estaba recurrido. La clave en la operación, y en lo que le pidieron que se fijara, era en que detrás de la operación estaba Antonio Plasencia.

“Si lo hubiera sabido, mi informe hubiese sido contrario”.

Ami Achid, ¿coherencia o venganza?

También llamó la atención la declaración testifical de Amid Achi, aunque sus palabras ya habían sido publicadas cuando el secretario general del PSOE en Tenerife, Santiago Pérez, llevó a cabo una primera denuncia por la compraventa de la playa que no prosperó.

Pese a no ser nuevas, las palabras de Achi retumbaron el 13 de septiembre pasado en la sala 12 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, en el que se ha llevado a cabo la vista oral. El empresario sirio, dueño de una de las principales empresas textiles de Canarias, votó en contra de la concesión del crédito multimillonario en la primera sesión del Consejo de Administración de CajaCanarias. Pocos días después, en una segunda votación, se abstuvo.

El motivo fue que pidió avales para la concesión del mismo. Y como en esa sesión le dijeron que no habría avales, Achi votó en contra. Dijo que el estudio del crédito estaba en el apartado de ruegos y preguntas y no como orden del día. “Se estaba concediendo el crédito a una sociedad pendiente de creación”, explicó. “Les iban a dar 5.500 millones de pesetas por unos terrenos que valían 5.000”.

Aseguró que Álvaro Arbelo, ex director de CajaCanarias en 1998, le visitó en su despacho y le pidió que cambiara el sentido del voto “o tendría problemas con mis empresas”. Y en la siguiente sesión se abstuvo.

Para la fiscal, la declaración de Achi “es coherente”, ya que la ha mantenido en el tiempo. Para los abogados de las defensas, es interesada, por venganzas personales, según el abogado de Antonio Plasencia. Rodolfo Núñez no recordaba que hubiese votado nunca en contra y del acta de esa primera sesión no queda rastro.