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Sobre especulación y obsolescencia

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… premeditada y oportunista. Consiste en definir la vida útil de un producto manufacturado y calcular su duración hasta un límite que convenga a los intereses del negocio. Superado el plazo de garantía, para evitar reclamaciones, aparece una avería irresoluble que obliga a sustituir el aparato inutilizado por otro de nueva adquisición que suponga la correspondiente operación comercial. Es decir, fomento del consumismo; a favor del fabricante y del vendedor para perjuicio del cliente. El que siempre paga.

Ejemplo concreto que avala esta apreciación: un televisor LG de 900 euros adquirido hace cinco años en El Corte Inglés, para acceder a Imagenio (Telefónica) y que ha funcionado satisfactoriamente durante este periodo de tiempo. Pero ante la intempestiva avería que impide la conexión habitual, se solicita la asistencia técnica de Telefónica, que confirma que el problema es del televisor, pues la placa de conexión con el decodificador de Imagenio está averiada. Recabado el servicio de la marca, se anuncia que es necesario sustituir la pieza defectuosa. Pasan los días sin información al respecto. Recabada con insistencia, ¡oh, sorpresa! (desagradable sorpresa): no se puede reponer porque ya no existe el repuesto, pues el fabricante solo tiene obligación legal de mantener todos los componentes disponibles hasta los cinco años.

Ante la solicitud de aclaración, se me dice que los repuestos dejan de fabricarse a partir de los cinco años. De acuerdo, pero ¿y los ya construidos? ¿No se almacenan en plan stock para solucionar un caso como el aquí comentado, por supuesto pagando la pieza? ¡Pues no señor! Al parecer se destruyen con el único objetivo aparente de mover el mercado. No parece un comportamiento demasiado ecológico, pero parece que en el mundillo de los electrodomésticos se lo tiene así montado, en nombre de los avances tecnológicos, para obligar al consumidor, una vez creada la necesidad más o menos perentoria de algún producto, a renovar el aparato íntegro y gastar su dinero a favor de los beneficios empresariales.

Por lógica, el escarmiento del cliente, indefenso ante el abuso organizado, le inducirá a no repetir la marca que lo ha defraudado. Cambiará a otra de la competencia que le ofrezca mayor fiabilidad. Pero da lo mismo, pues se trata de una trama generalizada en la que están implicados todos los productores, en connivencia con las autoridades políticas, que, a la postre, son las que autorizan y legalizan la especulación, en perjuicio de los intereses del consumidor.

De nada sirve valorar la calidad tecnológica japonesa sobre la emergente surcoreana, que, tal vez, se esfuerce en compensar su bisoñez con la agresiva oferta de precios cómodos y asequibles para los potenciales clientes. Pero no debe insultarse al uso de la razón ni abusar de la buena fe del ciudadano normal, pues, “si lo barato es barato por ser malo, deja de ser barato, porque pagar por un objeto inservible, aunque sea con calderilla, resulta carísimo como despilfarro inútil”. Por desgracia, la resignación colectiva y la sumisión ante la agresión administrativa facilitan la especulación y el abuso contra una población indefensa y vulnerable.

No estaría de más que, con la misma filosofía aplicada a los productos “perecederos”, también se programase la obsolescencia de los cargos públicos y responsables políticos. Aunque solo fuera también por razones de higiene ecológica. No tiene sentido esperar de una lavadora, frigorífico, lavavajillas o aparato de TV que perduren los mismos treinta o cuarenta años de aquellos que hicieron de la política su profesión ficticia, sin más alternativa laboral que la de luchar, de por vida, por una poltrona cada vez que peligre su continuidad por mor de un proceso electoral o discrepancias en su partido.

Ejemplos próximos los tenemos aquí al lado, y son los responsables, bien pagados, de proteger en teoría los intereses materiales de los ciudadanos y defender sus derechos fundamentales. Por contra, actúan como cómplices interesados de la manipulación económica que se ejerce impunemente contra los consumidores normales. Indefensos y víctimas de una especulación perniciosa como la aquí descrita. Un símbolo y paradigma indignante de las muy malas manos por las que estamos gobernados.

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