La abogada de la defensa en el caso Arona afirma que “sería irrisoria una sentencia condenatoria”

La abogada Olga López Lago, que defiende al ex alcalde José Alberto González Reverón y a los restantes concejales que conformaron el Gobierno local de Arona entre 2003 y 2007, en el macrojuicio por corrupción urbanística conocido como caso Arona 1, afirmó este martes que “sería irrisorio que hubiera una sentencia condenatoria”, tras sostener que la causa debería haberse seguido por la vía administrativa y nunca por la vía penal.

La letrada, que empleó toda la mañana en su alegato final de defensa, arremetió contra la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife, contra la Policía Judicial de la Guardia Civil, contra la prensa, contra el abogado de la acusación particular y contra el mismo tribunal que enjuicia esta causa, de los que vino a decir que no habían hecho bien su trabajo.

A quienes ejercen la acusación particular y sus testigos los llamó “los cuatro magníficos”, que se “confabularon para la denuncia. Eso sí que es una trama”.

En la primera parte de su informe, López Lago volvió a la carga con la falta de imparcialidad del juez instructor Nelson Díaz Frías, “que amplió el objeto de la instrucción bajo el paraguas del secreto del sumario, y se pone a investigar lo que quiere y cómo quiere”. “Fue una instrucción por sospechas y conjeturas, en la que se han vulnerado derechos fundamentales”, por lo que volvió a solicitar la nulidad de las escuchas telefónicas “por invasivas” de la intimidad de sus clientes.

Es el mismo argumento que expuso al inicio del juicio y también en la primera pieza separada de este caso, la que sentó en diciembre en el banquillo a González Reverón y el que fue su primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011, Antonio Sosa, ambos condenados por prevaricación.

La posible parcialidad del magistrado Díaz Frías ya fue solventada por el tribunal de la sección sexta de la Audiencia Provincial, aunque la letrada insistió en el mismo punto una y otra vez. Añadió que mientras los abogados de la defensa no tenían acceso al sumario, los periodistas “amarillistas”, sí. “Se ha vulnerado la presunción de inocencia en favor de la presunción de culpabilidad”.

“Están recopiladas todas las barbaridades que se han dicho, sobre todo sobre el exalcalde y Félix Sierra (exconcejal de Urbanismo acusado de cohecho, prevaricación urbanística y prevaricación administrativa, para el que se piden seis años de prisión y 31 de inhabilitación para ejercicio de empleo o cargo público). Se estaba acosando”, apostilló.

De la fiscal dijo que no tenía conocimientos sobre la complejidad de las normas administrativas ni de cómo funciona una administración local, “porque lo mezcla todo. La fiscal ha confundido unas cosas con otras”, e indicó que toda la acusación pública “es global, sin diferenciar la participación concreta de cada acusado” en los hechos delictivos de prevaricación administrativa y prevaricación urbanística de los que se les acusa.

“Nichos de los que salían fluidos”

Además, indicó que los informes de los técnicos y los informes de los servicios jurídicos “tienen el mismo valor” para que las juntas de Gobierno adopten sus decisiones. “Para la Fiscalía, se prevaricaba sí o sí, tanto si se aprobaban las licencias como si no”. Y señaló como muy importante que el predecesor en la Alcaldía aronera, Miguel Delgado, hubiese testificado que “siempre” las licencias se aprobaban por unanimidad, porque “siempre se ha hecho así”.

“Ni una sola de esas licencias ha sido denunciada en la jurisdicción de lo Contencioso”. “Para la Fiscalía, las licencias son todas ilícitas porque los informes jurídicos son todos negativos, pero esa prevalencia no tiene ningún sentido en la vía penal”, ya que “si alguna licencia fue mal otorgada, ello no implicaría que fuesen contrarias a Derecho. Es un asunto administrativo”.

Y por ello, la letrada sostuvo que en la concesión de las licencias “no ha habido ningún perjuicio para los vecinos ni para el Ayuntamiento. ¿Dónde está el dolo penal? ¿Que han ganado (los acusados)?. Y estamos hablando de esto en un proceso penal”, clamó. “Es una invasión del Derecho penal sobre el administrativo” porque “nadie actuó a sabiendas de cometer una injusticia”, debido a que aseguró que “esa una mentira” que en las Juntas de Gobierno se leyeran todos los informes y las advertencias de posible ilegalidad.

Con respecto a los posibles 80 contratos fraccionados para que no salieran a concurso público y que figuran en el sumario, Olga López volvió a insistir en la presunción de culpabilidad y en que se trataba de una acusación “global”, sin determinar la responsabilidad concreta de cada acusado, ni quiénes participaban o no en cada Junta de Gobierno.

“Que los contratos han sido fraccionados, es algo que se presupone por la fiscal”, dijo, para volver a incidir en que, en todo caso, sería un problema contencioso-administrativo. Uno de los ejemplos, la sucesión de contratos menores otorgados a la misma empresa para la reparación de nichos en el cementerio, lo explicó “porque era una cuestión de salud pública, porque algunos nichos se habían reventado y por ellos salían fluidos de todo tipo”.

En su alegato, la abogada también dedicó tiempo para intentar echar por tierra la acusación particular que ejercen los empresarios Ansorena, padre e hijo, (dos de los “cuatro magníficos”) y que no pudieron construir en una parcela en Costa del Silencio tras denunciar que habían sido víctimas de una extorsión de 45 millones de pesetas.

Aseguró que los mismos servicios jurídicos del Ayuntamiento de Arona se opusieron a la concesión de la licencia porque había que hacer un cambio de uso del solar, “y eso es una normativa muy compleja, que puede tardar dos o tres años, pero estos (los Ansorena) querían que se hiciera en tres meses”.

Félix Sierra, el hombre que “sabe invertir”

El tercer “magnífico”, según López Lago, sería José Tavío, testigo de las acusaciones pública y particular, que denunció ante el tribunal cómo el exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, le había pedido dinero y que ayudó a José Ramón Ansorena hijo a grabar a otro testigo, Manuel Bernardo Castro, en una conversación en la que afirmó que había tenido que pagar 6.000 euros a su defendido Félix Sierra, ex concejal en Arona y ex consejero del PP, para poder llevar a cabo una construcción en una finca.

La letrada calificó a Tavío como “quien se dedica a perseguir los delitos urbanísticos en Arona”, y aseveró que siente animadversión tanto por el ex alcalde como por Sierra. El cuarto magnífico sería el propio sobrino del acusado Roberto de Luis, exaparejador municipal (se solicitan para el ocho años de cárcel), José Antonio Molina, que fue quien primero denunció los cobros ilegales de comisiones para conceder licencias en la oficina Técnica de Arona.

De Félix Sierra afirmó que su casa no es suya, sino de la familia, y que sí fue director de una sucursal de CajaCanarias antes de dedicarse de lleno a la política. “La Fiscalía no se ha molestado en hacer una investigación patrimonial seria”.

Tampoco lo hizo bien la Policía Judicial de la Guardia Civil cuando registró su despacho, “porque si hubieran registrado bien habrían encontrado un estudio de su patrimonio anterior a 2009, por que los 182.000 euros que dicen que no tienen justificación son bienes de una de sus empresas, que no es una empresa pantalla

Y añadió que esa empresa era de los suegros de Sierra aunque luego pasó a ser del acusado y su esposa. Que sus ganancias se deben a cobros de alquileres de sus pisos y que “da envidia que los negocios le vayan bien y que sepa invertir. Como siempre, estamos ante una información sesgada”.

En relación a una herencia de 66.000 euros que recibió de un familiar sin apenas pensión, indicó que ese dinero se debía a los intereses acumulados de un plazo fijo de 5 millones de pesetas“.

Igualmente negó su amistad con el sería el recaudador de las comisiones, el acusado Arsenio Zamora. “Tan solo se conocen pos ser vecinos de Los Cristianos”.

Para finalizar, puntualizó que si sus defendidos aprobaron licencias y contratos fue “por los informes de los técnicos”, tanto los acusados como los no acusados, y que es “imposible” que recaiga sobre el Ayuntamiento de Arona la responsabilidad civil subsidiaria, “sencillamente por que no está aquí (representado en la causa)”.