Alguien quiere personarse en el caso Willy García

La jueza María de Lorenzo-Cáceres y Farizo ya tiene sobre la mesa de su juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife un escrito que seguramente no se esperaba. Lo firman un procurador y un abogado en nombre del exdirector de Producción de Televisión Canaria, Rubén Fontes, y en él le pide que tenga a bien dejarle personarse en la causa que se sigue contra Willy García, exdirector general de la misma cosa, por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Fontes basa su petición en una noticia de prensa y en un artículo de opinión publicados la semana pasada en los que se le señala directamente como “investigado por extorsión” a raíz de una disparatada providencia de la señora magistrada en la que, fiándose de lo dicho en la barra de un bar por un industrial audiovisual, Ignacio Brea, ordena a la Policía que “investigue la trayectoria” del mentado ex jefe de Producción. Pretende Fontes con su escrito de personación que la jueza lo llame a declarar en calidad de testigo o de imputado (como ella guste) para poder defenderse de las acusaciones públicas que se vertieron a raíz de la referida providencia. Porque la jueza ordenaba a la Policía, además de esa investigación sin límites al perjudicado, que se interrogara a Brea para que concretara sus acusaciones contra Fontes de haberle dejado sin contratos para dárselos a otra productora, Siete Mares. Y, a mayor abundamiento, para que el tal Brea especifique a qué alto cargo del Gobierno se refirió en su charleta con la diputada del PP Águeda Montelongo que presuntamente hubiera decidido el reparto de la tarta de contratos de producción de la tele canaria. Lo que pretende el tan mentado Fontes con su personación es ahorrarle esos pasos a la magistrada y a la Policía: oiga, señoría, si quiere saber, pregúnteme directamente, pero con todas las garantías procesales que impone la ley.

Declarar en sede judicial

El movimiento de Fontes puede no tener recorrido alguno si la juez decide que no ha lugar a su personación porque, sencillamente, la investigación que ha encargado de manera tan pintoresca a la Policía no conduzca a nada al resultar imposible que el conocido como Nacho Brea pueda elevar a la condición de testimonio los cotilleos con los que convenció a la diputada Montelongo que había que acudir a la Fiscalía. Pero se trata de una acción obligada dada la indefensión en la que la propia magistrada lo colocó al divulgar una providencia que fue interpretada por los periódicos de Editorial Prensa Canaria y un columnista de El Día como una investigación y una imputación “por extorsión”. Toma ya. En tal caso, en el supuesto de que la jueza no vea indicios para imputar delito alguno a Rubén Fontes, la situación en la que quedarían su propia providencia, los periódicos de Moll y el columnista de El Día sería bastante embarazosa. La providencia porque, sin más indicios que el testimonio de un chismoso, habría colocado en situación de indefensión a un ciudadano inocente saltándose todos los preceptos legales. Y los periódicos y el columnista, todos ellos socios de Socater, la productora que se quedó sin contrato con la llegada de Willy García, porque tendrían que explicar de dónde sacaron la imputación por el delito de extorsión que endosaron al mismo ciudadano con una alegría desconcertante en cabeceras y firmas tan serias. Por el contrario, pudiera ocurrir que la jueza decidiera que lo mejor es dar la oportunidad al “investigado” a defenderse y, por consiguiente, a deponer ante su señoría, el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas. De este modo cumpliría la jueza más finamente con los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y le ahorraría un enojoso trámite a la Policía. Personado Fontes con su correspondiente abogado, éste podría interrogar a su patrocinado y, cómo no, al denunciante Brea para que en sede judicial dijera ya más formalmente con qué pruebas contó para lanzar las acusaciones que tanto Montelongo como luego Izquierda Unida y, acto seguido la jueza, parecen haberse creído tan a pie juntillas. Cualquiera de las dos decisiones de la magistrada pueden resultar muy divertidas. Quedamos a la escucha.

Haz el favor, Juanjo

Al Partido Popular se le atragantan sus propios sofismas. Sus dirigentes se indigestaron durante mucho tiempo con aquella majadería de la herencia recibida, escudo tras el que trataron durante muchísimo tiempo de escamotear sus atropellos a los derechos de los ciudadanos y los recortes que echaron por tierra el tan manoseado estado de bienestar. En Canarias podría ser de aplicación constante el mantra de la herencia recibida, pero en sentido contrario a lo que el PP aplica abundantemente para los demás. Basta con echar un vistazo a los ayuntamientos de Telde y de Las Palmas de Gran Canaria para comprobar que la gestión realizada por ese partido en las últimas décadas sigue acarreando funestas consecuencias. Este mismo martes, por ejemplo, supimos que la justicia se ha dirigido a la actual alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, de Nueva Canarias, reclamándole el cumplimiento de resoluciones que obligarían al consistorio a reclamar a cientos de proveedores la devolución de 72 millones de euros pagados con fondos ICO en 2012 por haberse incluido de manera irregular en aquel rescate del Ministerio de Hacienda un pago de 13 millones de euros al empresario Ambrosio Jiménez por un convenio urbanístico fallido. Ese convenio y el pleno municipal que acordó el pago de los 72 millones tuvieron responsables con nombres y apellidos, y en todos los casos una única militancia, la del PP. El marrón que tiene ahora el Ayuntamiento de Telde es de considerables dimensiones porque las depauperadas arcas que dejó la ex alcaldesa María del Carmen Castellano, a la que Soria ha premiado con su consideración más distinguida, no están para nada más que para pagar los gastos corrientes.

Condena tras condena en LPGC

El modus operandi del PP cuando está en el Gobierno de las instituciones se repite de manera majadera en estos dos ayuntamientos: sus dirigentes actúan exactamente como les sale de la higa a sabiendas de que sus actos van a a ser impugnados ante los tribunales, en la confianza de que será otra Corporación la que tenga que apechugar con las consecuencias. En Telde ha pasado estos últimos doce años con actuaciones irregulares y hasta corruptas que han tenido que resolver los partidos que le han sucedido en el poder entre 2007 y 2011 y ahora desde mayo pasado. Pero en Las Palmas de Gran Canaria la cosa es exactamente igual. Las constantes sentencias por el urbanismo fallido que practicaron concejales tan negligentes como Jorge Rodríguez o Juan José Cardona, o alcaldes como José Manuel Soria, Pepa Luzardo y, más recientemente el reiterado Cardona, tienen hipotecado el futuro económico de la institución por varias generaciones. Esta misma semana hemos conocido dos nuevas resoluciones judiciales que descalifican por completo la gestión del PP durante el mandato 2011-2015 y que suponen fuertes desembolsos que pagarán a pachas todos los vecinos y vecinas. La primera, anulando la relación de puestos de trabajo aprobada manu militari en 2014, lo que desembocará en el desembolso de casi 3 millones de euros de dinero ilegalmente retenido a los trabajadores; cantidad que ha de sumarse a la brutal rebaja de sueldos que Cardona y sus mariachis propinaron a la secretaria y el interventor. Ahora hemos sabido también que ha sido anulado hasta el reglamento de la Policía Local también impuesto mediante la prepotencia marca de la casa.

Un poquito de vergüenza

Pues bien, en este escenario tan bochornoso de consecuencias diferidas de gestión tan catastrófica va el PP de Las Palmas de Gran Canaria y emite un comunicado acusando al grupo de gobierno (PSOE, Las Palmas de Gran Canaria Puede y Nueva Canarias) de “enchufismo” por colocar en puestos de confianza a personas que los populares –fíjate tú- considera poco cualificadas. Teniendo en cuenta que todas las sentencias de personal y de Policía Local fundamentan su condena al Ayuntamiento en defectos formales provocados por un cargo de confianza del PP, José Cabrera, que era el que emitía los informes favorables previos a las cacicadas, más le valdría al ex alcalde Cardona y toda su tropa tener un poco de vergüenza y callarse un rato. Por no mencionar a aquel comisario de nombre Claudio guion Alberto Rivero que no hizo otra cosa que entrar en todos los asuntos como elefante en cacharrería. Desgraciadamente para el PP capitalino, su desmelene sobre enchufismo coincidió con la noticia de que el gran timonel, José Manuel Soria, había designado con su dedo divino a Enrique Hernández Bento, subsecretario de Estado de su ministerio, sucesor a título de virrey de su hermana María del Carmen al frente de la Delegación del Gobierno con sede en el palacete de la plaza de la Feria. El tándem con Luis Molina, subdelegado, está muy bien pensado para embridar con información de calidad esta difícil campaña electoral que se le presenta a tan eficiente partido.