Destrozar el medio ambiente de Canarias parece salir barato. El Archipiélago está en riesgo de perder hasta 14,8 millones de euros por dejar caducar multas medioambientales interpuestas por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), según un informe de la Audiencia de Cuentas hecho público hace unos días.
El documento destaca que casi la mitad del importe, 6,6 millones, proviene de sanciones de ejercicios anteriores al año 2018. La pasividad se repite curso tras curso. En 2023 quedaron pendientes de cobrar 3,8 millones; en 2022, 2,8 millones; y en 2021, 1,1 millones.
La Intervención General de la Comunidad Autónoma ha detectado una “falta de seguimiento del proceso recaudatorio” de la ACPMN, la agencia pública que vela por la protección ambiental de las Islas. El organismo impone sanciones. Pero luego no las cobra. Son “múltiples deficiencias en el procedimiento recaudatorio” de las que existen “elementos indiciarios de que se está ocasionando perjuicio al erario”, señala la Audiencia de Cuentas, encargada de fiscalizar la gestión económica del sector público canario.
El principal problema radica en la prescripción de las multas. La Ley del Suelo de Canarias, aprobada por Coalición Canaria en 2017, establece que las sanciones muy graves, con multas que van desde los 150.001 a los 600.000 euros, prescriben a los tres años, las graves (de 6.001 a 150.000 euros) a los dos y las leves (de 60 a 6.000 euros) al año de adquirir firmeza en vía administrativa. Con ese panorama, es más que probable que al menos el cobro correspondiente a las multas anteriores a 2018 no vaya a ejecutarse.
El informe de la Audiencia constata de hecho que la propia ACPMN estima un saldo de dudoso cobro, es decir, dinero que cree que no va a recuperar, de 6,09 millones de euros. En el balance oficial de situación pone que el importe de provisiones es cero. Pero el texto recoge una tabla donde queda desglosado año por año ese saldo: de los 1,5 millones de 2016 y años anteriores, a los 1,4 millones en 2022 y 2,2 millones en 2023.
Por otro lado, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural tenía derecho a cobrar unos 12,3 millones de euros en 2024, sumando transferencias corrientes y cobro de multas y tasas. Pero solo registró un grado de recaudación del 77,9%, un porcentaje inferior a otras entidades públicas como la Agencia Tributaria Canaria o el Consejo Económico y Social, que cobraron el 100% de los previsto, y la Televisión Canarias, que notificó el 91,1%.
Además, ese 77,9% tiene truco. La gran mayoría del dinero de la Agencia (un 73,3%) procede de transferencias directas del Gobierno canario, seguras y fáciles de cobrar. El problema real, sin embargo, está en el dinero que la ACPMN tiene que recaudar a través de tasas y multas, que deja mucho que desear: solo pudo hacerlo en el 14,5% de los casos. El informe dice textualmente que “esta recaudación no se materializa”.
Pero no se trata solo de no cobrar. El organismo encargado de velar por la protección del medio ambiente en Canarias ha realizado “pagos indebidos” a terceros, así como “generado anulaciones y cancelaciones improcedentes”, de acuerdo con el informe. Intervención solicitó a la ACPMN un “calendario de actuaciones” para subsanar estas “salvedades”. Y el ente informó que, al menos como primera actuación, iniciaría los expedientes de reintegro antes de finalizar el mes de noviembre de 2025.
La Agencia es también la única entidad que no ha devuelto los remanentes de tesorería de libre disposición al Gobierno de Canarias. Y tampoco remitió a la Audiencia de Cuentas la información completa exigida sobre sus contratos. Envió un documento resumen que no se ajustaba a lo requerido y no permitió el acceso completo a los expedientes.
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural abrió en 2024 un total de 2.042 expedientes por infracciones de las normas protectoras del medio ambiente en Canarias, el dato más alto desde 2017 (2.155 expedientes). Según la última actualización de su relación de puestos de trabajo, cuenta con 174 puestos, pero 34 de ellos están vacantes.