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En la cesta de la compra más cara de los últimos 30 años, los beneficios extras se concentran en unas pocas manos

Toni Ferrera

Las Palmas de Gran Canaria —

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El azúcar cuesta un 42,8% más que hace un año, de acuerdo al Indicador de Precios de Consumo (IPC). Harina y cereales, un 37,8%. Mantequilla (34,1%), legumbres y hortalizas (25,7%), leche entera (25,6%), huevos (25,5%) y otros productos básicos también han subido como nunca. La inflación desbocada ha provocado que los hogares canarios paguen de media 500 euros más al año en la cesta de la compra, según las organizaciones de consumidores. Pero los beneficios extras solo se están concentrando en unas pocas manos.

La subida de los alimentos redobla el daño de la inflación a los pobres frente a los ricos

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El último Informe Trópico, emitido este domingo en la Radio Televisión Canaria (RTVC), hace un recorrido a través de la cadena alimentaria, desde su origen hasta su venta en mercados de abastos y grandes superficies, para determinar quiénes se están llevando los mayores trozos de la tarta de ganancias.

Los ganaderos reclaman un mayor reparto. Algunas empresas, como Dinosol (compañía que gestiona los supermercados Hiperdino), defienden que no son ellas las que están subiendo los precios, sino que lo hacen porque les suben los costes. Hay quienes señalan a los distribuidores, también. Mientras, el Banco de España (BdE) acaba de emitir un informe en el que constata que los beneficios de las mercantiles han crecido siete veces más que los salarios en 2022. En toda esta montaña rusa de tasaciones e importes, quienes asumen los sobrecostes siempre son los mismos: los clientes.

“Los precios de los bienes y servicios pueden cambiar rápidamente. Eso es relativamente sencillo. Sin embargo, los salarios están muy regulados, sujetos a convenios y a otro tipo de leyes que implican que su cambio es mucho más lento”, sostiene José María Grisolía, profesor de Economía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Para el experto, el principal beneficiario de la inflación (a niveles récord desde que hay datos, en enero de 1994), es el Estado. “La recaudación por impuestos ha sido la más alta de la historia”, apunta. Pero no cree que también lo sean las empresas que trabajan en el sector de la alimentación. “Ellos ganan vía cantidad, los márgenes son muy pequeños y cuando se produce algo así, un fenómeno inflacionario como este, mantienen márgenes relativos porque es un sector con mucha competencia”.

En su informe, el BdE recoge datos de 920 compañías, sin incluir a bancos ni aseguradoras, y concluye que “el reparto entre empresas y trabajadores de los excedentes de la actividad se ha volcado hacia las empresas [en los últimos trimestres], pero en 2020 fue totalmente al contrario”. Aunque esto no ocurre solo en España. En Estados Unidos, un reporte de la organización Accountable.US, una asociación que investiga las cuentas y actividades de las empresas norteamericanas, concluye que los diez mayores negocios alimentarios del país (entre ellos, gigantes como McDonald’s o Kellogg’s) han visto aumentar sus ingresos netos entre julio de 2021 y el mismo mes de 2022 en 393,6 millones de euros.

Otras informaciones periodísticas también han revelado que las industrias cerealistas han alcanzado ganancias récord este curso en medio de la guerra en Ucrania (país denominado “el granero de Europa”), uno de los motivos que más se ha asociado a la inflación. La cascada de noticias posterior ha abierto el debate de un impuesto extraordinario a las empresas alimentarias. “Se teme que la especulación pueda ser el motor de la subida de los precios de los alimentos. Cualquier cosa que provoque hambre y carestía es inmoral”, dijo Alex Maitland, asesor principal de Oxfam, al periódico británico The Guardian.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha propuesto la confección de una lista de la compra de productos básicos que no supere los 30 euros de precio. Un acuerdo para “topar los precios”, del mismo modo que se ha hecho con el sistema eléctrico y la excepción ibérica, y que requiere de un “compromiso con las grandes distribuidoras y las asociaciones de consumidores”. Al consejero delegado de Dinosol, Javier Puga, la iniciativa le parece “muy demagógica”.

En Canarias, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos), ha confirmado que la intención del Ejecutivo regional es emular al nacional y gravar a las rentas más altas, “aliviando la carga impositiva a las familias que menos ingresos tienen”. Porque la subida de los alimentos redobla el daño de la inflación a los pobres frente a los ricos, según un cálculo del Banco Central Europeo (BCE), ya que estos últimos dedican una mayor parte de su gasto total a alimentación y energía, y golpea especialmente la producción local, quienes tienen que hacerse cargo del incremento de los costes (gasolina, luz) y siguen vendiendo sus productos al mismo precio que antaño.

“Cuando yo llegué al sector [hace 18 años], un pescado típico de aquí de las Islas, como la vieja, se vendía a mil pesetas [seis euros]. Hoy en día, se sigue comprando al mismo precio”, cuenta Juana Ojeda, secretaria de la Cofradía de Pescadores de Agaete, quien considera que la actividad pesquera está siendo asolada por la incertidumbre y eso pone en peligro la soberanía alimentaria tan anhelada en el Archipiélago.

“El proceso de cultivo [de la papa] dura cuatro meses y medio. Desde el minuto cero, estás invirtiendo en semillas, en abonos, en la desinfección de los suelos, en maquinaria, en gasolina… Cuando llegas al final, se levanta la cosecha y se comercializa. Pero normalmente, un agricultor recibe un 30 o 40% de lo que paga el consumidor por ese producto. [Pedimos] un poco más del trozo de la tarta [de beneficios] y que no todo se concentre en la comercialización”, agrega Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias).

En este sentido, el abogado de la Asociación de Usuarios de Servicios de Canarias (AUSCAN), detalla cuatro “trucos” para intentar mitigar el aumento del coste de la cesta de la compra. Primero, razona que no se debe comprar solo en un mismo espacio, “porque te vas a encontrar determinados productos en otro lado que están más baratos”. Segundo, advierte que “hay que saber cuánto pesan” los alimentos adquiridos porque “puedes creer que estás comprando más barato y, sin embargo, hacerlo más caro en el volumen final que consumes”. Tercero, “no tener miedo a las marcas blancas”. Y cuarto, “huir de las ofertas (…), porque puede ocurrir que el producto que te lleves no lo necesites hasta dentro de dos meses y cuando lo consumas, ya estará más barato”. 

El azúcar cuesta un 42,8% más que hace un año, de acuerdo al Indicador de Precios de Consumo (IPC). Harina y cereales, un 37,8%. Mantequilla (34,1%), legumbres y hortalizas (25,7%), leche entera (25,6%), huevos (25,5%) y otros productos básicos también han subido como nunca. La inflación desbocada ha provocado que los hogares canarios paguen de media 500 euros más al año en la cesta de la compra, según las organizaciones de consumidores. Pero los beneficios extras solo se están concentrando en unas pocas manos.

La subida de los alimentos redobla el daño de la inflación a los pobres frente a los ricos

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El último Informe Trópico, emitido este domingo en la Radio Televisión Canaria (RTVC), hace un recorrido a través de la cadena alimentaria, desde su origen hasta su venta en mercados de abastos y grandes superficies, para determinar quiénes se están llevando los mayores trozos de la tarta de ganancias.

Los ganaderos reclaman un mayor reparto. Algunas empresas, como Dinosol (compañía que gestiona los supermercados Hiperdino), defienden que no son ellas las que están subiendo los precios, sino que lo hacen porque les suben los costes. Hay quienes señalan a los distribuidores, también. Mientras, el Banco de España (BdE) acaba de emitir un informe en el que constata que los beneficios de las mercantiles han crecido siete veces más que los salarios en 2022. En toda esta montaña rusa de tasaciones e importes, quienes asumen los sobrecostes siempre son los mismos: los clientes.

“Los precios de los bienes y servicios pueden cambiar rápidamente. Eso es relativamente sencillo. Sin embargo, los salarios están muy regulados, sujetos a convenios y a otro tipo de leyes que implican que su cambio es mucho más lento”, sostiene José María Grisolía, profesor de Economía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Para el experto, el principal beneficiario de la inflación (a niveles récord desde que hay datos, en enero de 1994), es el Estado. “La recaudación por impuestos ha sido la más alta de la historia”, apunta. Pero no cree que también lo sean las empresas que trabajan en el sector de la alimentación. “Ellos ganan vía cantidad, los márgenes son muy pequeños y cuando se produce algo así, un fenómeno inflacionario como este, mantienen márgenes relativos porque es un sector con mucha competencia”.

En su informe, el BdE recoge datos de 920 compañías, sin incluir a bancos ni aseguradoras, y concluye que “el reparto entre empresas y trabajadores de los excedentes de la actividad se ha volcado hacia las empresas [en los últimos trimestres], pero en 2020 fue totalmente al contrario”. Aunque esto no ocurre solo en España. En Estados Unidos, un reporte de la organización Accountable.US, una asociación que investiga las cuentas y actividades de las empresas norteamericanas, concluye que los diez mayores negocios alimentarios del país (entre ellos, gigantes como McDonald’s o Kellogg’s) han visto aumentar sus ingresos netos entre julio de 2021 y el mismo mes de 2022 en 393,6 millones de euros.

Otras informaciones periodísticas también han revelado que las industrias cerealistas han alcanzado ganancias récord este curso en medio de la guerra en Ucrania (país denominado “el granero de Europa”), uno de los motivos que más se ha asociado a la inflación. La cascada de noticias posterior ha abierto el debate de un impuesto extraordinario a las empresas alimentarias. “Se teme que la especulación pueda ser el motor de la subida de los precios de los alimentos. Cualquier cosa que provoque hambre y carestía es inmoral”, dijo Alex Maitland, asesor principal de Oxfam, al periódico británico The Guardian.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha propuesto la confección de una lista de la compra de productos básicos que no supere los 30 euros de precio. Un acuerdo para “topar los precios”, del mismo modo que se ha hecho con el sistema eléctrico y la excepción ibérica, y que requiere de un “compromiso con las grandes distribuidoras y las asociaciones de consumidores”. Al consejero delegado de Dinosol, Javier Puga, la iniciativa le parece “muy demagógica”.

En Canarias, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos), ha confirmado que la intención del Ejecutivo regional es emular al nacional y gravar a las rentas más altas, “aliviando la carga impositiva a las familias que menos ingresos tienen”. Porque la subida de los alimentos redobla el daño de la inflación a los pobres frente a los ricos, según un cálculo del Banco Central Europeo (BCE), ya que estos últimos dedican una mayor parte de su gasto total a alimentación y energía, y golpea especialmente la producción local, quienes tienen que hacerse cargo del incremento de los costes (gasolina, luz) y siguen vendiendo sus productos al mismo precio que antaño.

“Cuando yo llegué al sector [hace 18 años], un pescado típico de aquí de las Islas, como la vieja, se vendía a mil pesetas [seis euros]. Hoy en día, se sigue comprando al mismo precio”, cuenta Juana Ojeda, secretaria de la Cofradía de Pescadores de Agaete, quien considera que la actividad pesquera está siendo asolada por la incertidumbre y eso pone en peligro la soberanía alimentaria tan anhelada en el Archipiélago.

“El proceso de cultivo [de la papa] dura cuatro meses y medio. Desde el minuto cero, estás invirtiendo en semillas, en abonos, en la desinfección de los suelos, en maquinaria, en gasolina… Cuando llegas al final, se levanta la cosecha y se comercializa. Pero normalmente, un agricultor recibe un 30 o 40% de lo que paga el consumidor por ese producto. [Pedimos] un poco más del trozo de la tarta [de beneficios] y que no todo se concentre en la comercialización”, agrega Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias).

En este sentido, el abogado de la Asociación de Usuarios de Servicios de Canarias (AUSCAN), detalla cuatro “trucos” para intentar mitigar el aumento del coste de la cesta de la compra. Primero, razona que no se debe comprar solo en un mismo espacio, “porque te vas a encontrar determinados productos en otro lado que están más baratos”. Segundo, advierte que “hay que saber cuánto pesan” los alimentos adquiridos porque “puedes creer que estás comprando más barato y, sin embargo, hacerlo más caro en el volumen final que consumes”. Tercero, “no tener miedo a las marcas blancas”. Y cuarto, “huir de las ofertas (…), porque puede ocurrir que el producto que te lleves no lo necesites hasta dentro de dos meses y cuando lo consumas, ya estará más barato”. 

El azúcar cuesta un 42,8% más que hace un año, de acuerdo al Indicador de Precios de Consumo (IPC). Harina y cereales, un 37,8%. Mantequilla (34,1%), legumbres y hortalizas (25,7%), leche entera (25,6%), huevos (25,5%) y otros productos básicos también han subido como nunca. La inflación desbocada ha provocado que los hogares canarios paguen de media 500 euros más al año en la cesta de la compra, según las organizaciones de consumidores. Pero los beneficios extras solo se están concentrando en unas pocas manos.

La subida de los alimentos redobla el daño de la inflación a los pobres frente a los ricos

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