El administrador concursal se salta la subasta de los hoteles de Santana Cazorla y propone adjudicarlos al grupo Martinón
El proceso de liquidación de los activos hoteleros del grupo Santana Cazorla ha entrado en una fase de fuerte controversia jurídica tras conocerse que el administrador concursal ha propuesto al juez adjudicar el denominado Lote 1 (los hoteles Valle, Lago y Costa Taurito y la concesión administrativa del hotel Las Tirajanas) al grupo Martinón (a través de DTVT), a pesar de que la subasta competitiva fue ganada por Isla Marina (Lopesan) con la mejor oferta económica.
Isla Marina presentó una puja de 85.001.000 euros, superando por mil euros la propuesta de Martinón, fijada en 85.000.000 euros. Sin embargo, el informe del administrador concursal relativiza el criterio del precio y recomienda la adjudicación al segundo clasificado, una decisión que desata dudas legales.
Canarias Ahora ha tratado de pedir explicaciones por esta decisión a Amalio Miralles, el administrador concursal, tanto telefónicamente como por correo electrónico, pero la respuesta ha sido que la firma de la que forma parte “no habla con periódicos”.
La decisión de Miralles genera dudas porque podría vulnerar el principio de mejor satisfacción del interés del concurso recogido en la Ley Concursal. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico recuerdan que, al no existir plan ni reglas especiales de liquidación y tratarse de una subasta a través de entidad especializada, debe prevalecer el mejor postor salvo perjuicio grave y probado, extremo que no consta acreditado en el informe del administrador concursal.
La controversia no reside en la solvencia del grupo Martinón, sino en que la subasta fue ganada por Isla Marina con la mejor oferta económica y, aun así, se propone adjudicar al segundo clasificado. El propio informe del administrador concursal reconoce expresamente que Isla Marina presentó la mejor oferta económica y que ambos licitadores acreditan solvencia suficiente y asunción de contingencias, lo que incrementa las críticas de los afectados al no explicarse de forma objetiva por qué se prescinde del mejor postor.
Ese informe del administrador, ya en poder del juez de lo Mercantil 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto López, introduce criterios no objetivables, como la “continuidad natural”, el conocimiento previo del parque acuático del que consta el lote subastado o la pertenencia al grupo gestor actual, que es Livvo, de Martinón, factores que no figuraban en las bases y que podrían suponer una alteración sobrevenida de los criterios de adjudicación, con riesgo de nulidad por arbitrariedad.
También es cuestionable el tratamiento de los derechos de cobro frente a turoperadores y el perímetro laboral, al penalizar la oferta de Isla Marina pese a ajustarse al marco legal. Asimismo, se advierte una posible vulneración del principio de igualdad entre licitadores al valorarse como positiva la posición previa del actual operador.
El informe otorga especial relevancia a la posición de los trabajadores, actualmente integrados en la estructura del grupo gestor, pese a que ambos licitadores asumían la continuidad operativa y las obligaciones laborales conforme a la normativa vigente.
Desde el entorno de Lopesan señalan que existen bases sólidas para formular alegaciones en contra de esta propuesta por arbitrariedad, falta de cuantificación de los perjuicios alegados y desviación del concepto de interés del concurso, por lo que el proceso podría prolongarse más en los tribunales. No se descarta la vía penal.