El Gobierno del PP en Aragón se muestra “alarmado” con el caso Forestalia y exime a Azcón de responsabilidad

El consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha afirmado este lunes que están “preocupados” y “alarmados” por las investigaciones del caso Forestalia, que apuntan también a una supuesta corrupción en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), pero dice que están “tranquilos” porque la responsabilidad, en todo caso, no es del actual Ejecutivo autonómico, sino del Gobierno de España y del anterior Gobierno regional presidido por Javier Lambán.

“Yo estoy de sorpresa en sorpresa cuando vamos viendo lo que publican los medios de comunicación, los informes de la Guardia Civil o los autos de los jueces”, ha manifestado el consejero en funciones, quien ha admitido que la situación actual es “preocupante” porque “ahora vuelve a salir la corrupción”. En cualquier caso, ha dicho que confía en que los tribunales “hagan su trabajo” y condenen a “el que haya metido la mano en el saco” y al que “se haya dejado corromper”.

“El que nada tiene que ocultar, nada teme, de la Guardia Civil ni de los tribunales”, ha recalcado Manuel Blasco, en referencia al actual Ejecutivo liderado por Jorge Azcón, a lo que ha añadido que “si hay que revisar los expedientes, se revisan”, al igual que si hay que reabrir la comisión de investigación en la Cámara autonómica sobre la implantación de las energías renovables en la Comunidad y el papel del Inaga.

En una rueda de prensa para informar del desarrollo de una nueva plataforma de gestión de incendios forestales, Blasco ha recordado que se había conseguido que el Inaga dejara de ser noticia, después de serlo en la campaña electoral de 2023 por una serie de “rumores” que “parece que ahora se confirman”.

Lo habían conseguido, ha continuado, “cambiando la dirección del Inaga, aumentando la plantilla con 14 ó 14 técnicos o centralizando los informes en funcionarios de carrera o en la empresa Sarga”, con el objetivo de dar “una mayor tranquilidad” a los aragoneses y de disminuir la contratación de empresas externas “que estaban cuestionadas”.

Ello ha llevado, según el consejero, a la reducción del número de expedientes en situación de caducidad a aproximadamente la mitad en dos años y medio: “Habíamos conseguido que el Inaga se dedicara exclusivamente a trabajar y fuera del foco mediático”.

Por ello, ha considerado que no es problema del organismo, rechazando su supresión como han propuesto algunos partidos o entidades, porque no es “un ente extraño” y “los funcionarios del Inaga son funcionarios de carrera”.

En cualquier caso, Blasco ha subrayado que en este organismo impera la “tranquilidad”, a pesar de que hay “muchísimo trabajo”, de estar en el foco de los medios de comunicación y a que se cuestione su funcionamiento, algo que “nunca es agradable”.

Ha reiterado, por último, que el Gobierno de Aragón ha solicitado la personación en la causa judicial como perjudicado “en defensa de los ciudadanos y como paso previo a ejercer las acciones de acusación particular si llega el caso, porque obviamente hay que defender el interés de los ciudadanos que nos pagan con sus impuestos”, además de que ello permitirá acceder a información en manos de la Guardia Civil y el juez que el Ejecutivo no conoce.