La Fiscalía abre diligencias de investigación por los cambios en el TSXG sobre qué sección se ocupa de los eólicos

La Fiscalía Superior de Galicia ha abierto diligencias de investigación preprocesual tras recibir varias denuncias sobre los cambios sobre qué sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se ocupa de los litigios que tienen que ver con parques eólicos. El Ministerio Público indica que es necesario indagar sobre los hechos por si se cometió un delito de prevaricación judicial. Está pendiente de determinar, sin embargo, qué órgano es el competente para ello, dado que los denunciados son aforados.

Hay varias denuncias presentadas contra la decisión de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio -elegida para el cargo el pasado mes de marzo-, de modificar las normas de reparto de forma que las cuestiones relativas a la eólica dejarían de corresponderle a la sección tercera y pasarían a la segunda.

La plataforma Eólica Así Non, que presentó denuncia contra esta decisión de cambiar el reparto, considera que estas alteraciones son arbitrarias y las relaciona con una voluntad de “satisfacer el interés expresado por la Xunta de Galicia y empresas del sector eólico”. Recuerda que las modificaciones se hicieron en paralelo al traslado de dos magistrados de la sección tercera, Luís Villares y María Dolores López, a la cuarta.

Los cambios y los traslados forzosos de los jueces se produjeron tras meses de críticas de la Xunta a las decisiones de la sección tercera, que paralizó decenas de parques eólicos por posibles daños ambientales. Los traslados fueron criticados por la asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), a la que pertenece Villares, quien fue candidato de En Marea a la Xunta. XXpD manifestó que la medida es “inusual” y señaló que el mensaje que se manda es que las “desmedidas” presiones políticas y empresariales han conseguido cambiar a los miembros de la sección y que el poder judicial se “dobla” a los intereses de las partes. Tanto la asociación como el propio Luís Villares recurrieron la decisión y pidieron paralizarla, pero el Consejo General del Poder Judicial rechazó frenar el cambio, a la espera de que llegue la resolución sobre estos dos recursos de alzada.