Una vez más, y ya son tres años consecutivos así (2024, 2025 y el 2026 que viene), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, liderada por el herreño Narvay Quintero (de AHI y en el pacto político que sostiene al Ejecutivo autonómico, junto con CC, PP y ASG), vuelve a ser el área autonómica más sufrida o peor parada en la asignación de recursos propios que se contempla en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para 2026. Y de esta manera, es evidente, se mantendrá tras la consecuente aprobación de la ley presupuestaria del año próximo debido a la mayoría absoluta que apoya al Gobierno de Fernando Clavijo en el Parlamento de Canarias.
Casi un trienio después, la Consejería de Agricultura sigue teniendo una cifra absoluta anual de recursos propios (también gestiona del Estado y de la Unión Europea -UE-) inferior a la última aprobada por el Gobierno del Pacto de la Flores, la de 2023, y de la misma manera le pasa desde 2024 hasta este último proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CAC, el mencionado de 2026. No ha habido mejoría que implique la superación de ese umbral de 2023 en la comparativa de los últimos tres años, y ya solo quedan unos presupuestos más en esta legislatura, los de 2027.
Pese a que en el proyecto de Ley para 2026, ahora en trámite parlamentario, los recursos totales, el dato integral de Canarias, crecen en 813 millones de euros (el 7% más en relación con 2026, hasta los 12.491 millones de euros previstos), en el caso del sector primario (Consejería de Agricultura, Instituto Canario de Calidad Alimentaria -ICCA- e Instituto Canario de Investigaciones Agrarias -ICIA-, más la empresa pública GMR Canarias) solo lo hacen en recursos propios en poco más de 12 millones de euros, un aumento que vuelve a no ser suficiente para poder vender que al fin se supera el umbral de referencia en fondos propios consignado en el presupuesto aprobado para 2023, el del Gobierno anterior de otro color político.
Los recursos propios previstos en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2026, aunque han subido (pero no lo suficiente), aún están unos 12 millones de euros por debajo del último registro en Agricultura, el que dejó el anterior Gobierno de PSOE, NC, Sí Podemos y ASG, el llamado Gobierno de progreso.
En los tres presupuestos que ya ha presentado el Gobierno de CC y PP, dos de ellos aprobados y el otro en fase de conseguirse, el de 2026, el gasto total se ha incrementado en nada menos que 2.310 millones de euros.
Ahora bien, pese a tan brutal incremento de recursos públicos en tres años, siempre teniendo como referencia el umbral de 2023, la Consejería de Agricultura los vuelve a mantener más bajos, ahora con 12 millones de euros de diferencia, en las cuentas de 2026, como ha denunciado la formación política Nueva Canarias (NC) en el Parlamento de Canarias, a través de su portavoz, Luis Campos, y en la sesión de la Comisión de Agricultura dirigida a que el consejero Quintero presentara las nuevas cuentas de su departamento, algo ocurrido este viernes.
Según sostiene NC, el incremento algo superior a 12 millones de euros en Agricultura en 2026, atendiendo a la cifra de recursos propios incluida en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año que viene, es menor que la suma de los 12 millones de euros de más en recursos anuales del FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura) para el mismo año y los ocho millones que sube el Feader (fondo estructural agrícola con el que se financia el PEPAC, antiguo PDR).
Esto quiere decir que los fondos estructurales de la UE para Agricultura se elevan en 20 millones de euros en 2026 respecto a 2025, pero la Consejería de Agricultura solo aporta en este caso ocho millones de sus recursos propios en este capítulo con destino a la cofinanciación, con lo que el esfuerzo de esta área se reduce en ocho millones respecto al ejercicio precedente.
Ese trance y algún otro, plantea la misma formación política, es suficiente para que “no se puede estar contento con el consejero Narvay Quintero”, y añade: “Está bien ir a pedir dinero a Europa, bien ir a pedirlo a España…, pero por qué también no se le pide al presidente Fernando Clavijo. Quintero no toca al Gobierno de Canarias, no sea que se vaya a cabrear el jefe”, critican los nacionalistas de izquierda.
En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2026, la partida global de fondos propios de la Consejería de Agricultura (incluye sus organismos autónomos ICCA e ICIA y la empresa pública GMR Canarias) sube en unos 12,3 millones de euros respecto a la misma cifra del año anterior, 2025, pues el total de estos recursos llega a 156,7 millones de euros (en 2024, 144,3 millones; en 2025, 144,4), una cantidad que, en cambio, sigue siendo inferior en 12,1 millones al mismo valor de 2023 (168,8 millones), y ello pese a que el gasto autonómico en los tres presupuestos del actual Gobierno de CC, PP, ASG y AHI se ha incrementado de forma global en 2.310 millones de euros.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha sido y sigue siendo, pese a los discursos en la línea contraria, el patito feo de los presupuestos canarios, o sea, la menos querida o la más castigada, tal y como reflejan los datos oficiales.
Con más de 300 millones, el 60% del total, de la UE
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias gestionará un total de 509,9 millones de euros durante 2026, según anunció el viernes 7 de noviembre su consejero, Narvay Quintero, en la Comisión parlamentaria de Agricultura.
De esa cuantía, se asegura en una nota, 156,1 millones de euros son fondos propios, el 8,3% más que el año pasado (2025), mientras que 29 millones proceden de la financiación estatal (Posei adicional -21 millones- y ayudas para la producción de agua de riego -ocho millones-) y 301,7 millones de la UE, con 268,4 millones de ellos del programa Posei.
Según indicó el titular del área, el objetivo de las cuentas del próximo ejercicio anual es “consolidar un sector primario competitivo, moderno y sostenible, fomentando la producción local y su comercialización, fortaleciendo el tejido rural y las localidades pesqueras, impulsando el asociacionismo y el cooperativismo y mejorando la calidad de vida de los profesionales del sector”.
Para ello, expuso, “se implantarán medidas para paliar la escasez de agua de uso agrícola, la modernización del sector pesquero, la adaptación al cambio climático y la reducción de la carga burocrática, que lastra a nuestros productores”, afirmó.
De los más de 156 millones de euros de fondos propios, un total de 137,4 millones corresponden a la Consejería y 41,8 millones de euros a sus entes públicos (ICIA, ICCA y GMR Canarias). La financiación estatal se sitúa en 29 millones de euros, que se distribuyen en ocho millones en las ayudas para la extracción de agua de pozos y galerías, desalación y producción de aguas regeneradas para riego agrícola, mientras que los restantes 21 millones de euros llegan para el Posei adicional, una cantidad insuficiente que hasta ahora completa Canarias, la Consejería de Agricultura, con unos 10 millones más al año, hasta cerca de los 32.