El proceso judicial abierto, previa denuncia del Seprona, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de San Vicente del Raspeig (provincia de Alicante) relacionado con la supuesta venta fraudulenta de banana como plátano de Canarias con certificación oficial IGP (indicación geográfica protegida) y que afecta a la empresa comercializadora Bonnysa Agroalimentaria, SA (con filiales en Tenerife y madurador alicantino integrado en la organización de productores Europlátano), sigue su camino y, como resultado de ello, ahora se abre la etapa que tiene que ver con la reunión urgente que el presidente de Asprocan, José Carlos Rendón, ha convocado este jueves en la capital tinerfeña.
Esa convocatoria, de carácter extraordinario, se produce tras Asprocan recibir, como parte inicialmente interesada en el proceso judicial (denunció el supuesto fraude ante el Seprona y la Dirección General de la Cadena Alimentaria de la Generalitat Valenciana, e informó de todo ello a la Consejería de Agricultura de Canarias, a través del ICCA), el auto de 21 de mayo de 2025 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de San Vicente del Raspeig, dictado en las diligencias previas nº 348/2025 e informado a esa organización platanera.
A partir de la notificación del juzgado alicantino, Asprocan ha procedido a convocar a su comité ejecutivo, integrado por Daniel Godoy Suárez, en representación de la OPP Agrícola Llanos de Sardina; Jesús Vicente Díaz Falcón, de Agriten; Javier González Palenzuela, de Coplaca; Raúl Martín Hernández, de Cupalma; José Carlos Rendón Gómez, de Europlátano y presidente de Asprocan, y Juan Carlos Santiago Cubas, de Plataneros de Canarias.
En el texto de la convocatoria de esa reunión, se traslada que el comité ejecutivo extraordinario de Asprocan prevé desarrollar el siguiente orden del día: 1) “Informe sobre el auto de 21 de mayo de 2025 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de San Vicente del Raspeig, dictado en las diligencias previas nº 348/2025 y comunicado a Asprocan”, con la indicación de que en el “informe realizado al comité [ejecutivo] participarán los asesores jurídicos de la asociación Asprocan”, y 2) el “otorgamiento al presidente [de Asprocan] de facultades para otorgar los poderes necesarios a favor de los abogados y procuradores, para que lleven a cabo la representación de Asprocan en el procedimiento” ya identificado.
Este último acontecimiento, directamente relacionado con el proceso judicial, se espera que conduzca a que la organización Asprocan, como han reconocido fuentes del sector platanero local, decida de una vez tener representación oficial en la causa, en defensa de los legítimos intereses de los cosecheros canarios. Lo mismo se desea que haga, a través, por ejemplo, de una personación como acusación, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, por medio del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), que es el órgano de certificación y control de la IGP Plátano de Canarias.
Los antecedentes de la investigada comercialización ilegal
La Guardia Civil (Seprona) dio a conocer el 13 de mayo pasado, a través de la difusión de un comunicado de prensa, que había investigado a una empresa de Alicante (luego se conoció que esta es Bonnysa Agroalimentaria, integrada en la OPP Europlátano desde enero de 2021) por presuntamente haber vendido de forma ilegal banana como si fuera plátano de Canarias con marca IGP. Para comercializar plátano con esa enseña, se sabe que es obligatorio tener la autorización pertinente y ese negocio “la tenía retirada”, se afirmaba en el comunicado.
Según los investigadores del Seprona, esa empresa, con filiales en la isla de Tenerife, donde produce plátano de Canarias, entre otras frutas, al parecer habría vendido casi 2.000 toneladas de banana en 2023 y no habría podido acreditar la regularidad de la comercialización de la mayoría de ese producto, informó la Benemérita.
Las pesquisas se iniciaron después de que la Guardia Civil recibiera una denuncia en marzo de 2024 de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), que es órgano gestor y titular de la marca registrada por las autoridades europeas y protegida IGP Plátano de Canarias, algo que se logra por las características específicas de la fruta y por ello solo los operadores certificados están autorizados a comercializarlo.
En la comunicación de denuncia de Asprocan, la de marzo de 2024 que también recibió el Seprona y fue trasladada con formato de carta, se detallan los supuestos hechos ocurridos. El primer párrafo señala que “Bonnysa Agroalimentaria, SA, envasa bananas originarias de Madeira como plátanos de Canarias, incorporando en los envases los distintivos propios de la IGP [Plátano de Canarias], incluida la marca colectiva de la UE nº 2965937 Plátano de Canarias (mixta)”.
En la misma comunicación, párrafo siguiente, se indica que Asprocan reconoce que “ha tenido conocimiento de los citados hechos por medio de un correo electrónico de un tercero [un soplo], al cual se adjuntaba un video en el que se aprecia, en el inicio de la línea de envasado, a distintas operarias sacando las bananas de sus cajas originarias, en las que se puede leer ‘Banana de Madeira’ [archipiélago RUP de Portugal], y las colocan en la cinta, donde son envasadas y etiquetadas automáticamente (…)”.
El papel de Asprocan tras recibir el soplo
Esa denuncia de Asprocan, que se tramita ante la Generalitat Valenciana y el Seprona, luego es reforzada por el Instituto Canario de Calidad Alimentaria (el ICCA, organismo dependiente de la Consejería de Agricultura canaria) a través de una carta firmada por el jefe del Servicio de Control y Certificación, Domingo Afonso Martín (30 abril de 2024), esta vez con destino a la Dirección General de Desarrollo Rural (Servicio de Control de la Calidad Agroalimentaria) de la Generalitat Valenciana.
Las sospechas de Asprocan luego son confirmadas por el Seprona, que llega a indicar que una mercantil cuyas instalaciones se encuentran en la provincia de Alicante, la firma ya nombrada, estaba vendiendo plátanos catalogados con la IGP Plátano de Canarias, pese a tener suspendida la autorización para ello, y que podía estar comercializando bajo esa IGP banana procedente de Portugal, entre otros países.
Tras recibir la denuncia de Asprocan, los agentes del Seprona de Alicante se pusieron manos a la obra y realizaron diversas inspecciones, tanto en las cámaras de conservación como en las de maduración de las instalaciones de esa mercantil en la provincia de Alicante, además de otras tantas inspecciones y verificaciones en diversos establecimientos situados en Alicante, Valencia, Vigo y Bilbao, a los que presuntamente la mercantil alicantina les habría vendido el producto supuestamente ilegal.
Los agentes pudieron constatar diversas partidas de bananas de Madeira que supuestamente habrían sido vendidas como plátano de Canarias. Además, comprobaron que la empresa tenía retirada la habilitación para comercializar bajo esta marca.
El Seprona aseguró que la mercantil presuntamente falsificaba los documentos y facturas y ocultaba la comercialización del producto tanto a la empresa certificadora como a la administración pública, que en el pasado ya había adoptado la medida cautelar de retirarle la autorización para comercializar ese producto IGP tras detectar supuestas irregularidades cometidas en su comercio.
El pasado abril fue investigada la mercantil, dice el Seprona, a la que se le imputan dos delitos contra la propiedad industrial, un delito de falsedad documental y un cuarto delito relativo al mercado y a los consumidores. Las diligencias entonces fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), el que ahora instruye la causa y ha notificado el auto a Asprocan.