Ocho municipios de Canarias, pendientes de que el Gobierno autorice construir la canalización del gas
Ocho municipios de Canarias están pendientes de que el Gobierno en minoría de Coalición Canaria (CC) que preside Fernando Clavijo autorice construir las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, según denuncia Podemos. A juicio del partido morado, se trata de un intento de “forzar la legalidad para favorecer un monopolio privado en contra del interés general de la ciudadanía”
Podemos anima a la ciudadanía, a través de su campaña #CanariasSinGas, a presentar el máximo número de alegaciones posibles a la autorización administrativa, que en este momento está en período de exposición pública que finaliza el viernes, 5 de enero. Una autorización que afecta directamente a Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Agüímes, Arona, Granadilla de Abona y Puerto de la Cruz.
Se da la circunstancia de que, además, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde y Agüimes forman parte del llamado Pacto de los Alcaldes - suscrito por 57 países y 7.958 ciudades - por el cual se han comprometido voluntariamente a aplicar en sus territorios los objetivos climáticos y energéticos de la Unión Europea, prometiendo reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40% para el año 2030.
La formación incide en que el Ayuntamiento de La Laguna resolvió en sesión plenaria celebrada en abril de 2017 por unanimidad de todos los partidos una moción que instaba al Gobierno a no otorgar los permisos solicitados por las empresas gasistas para canalización del gas ciudad.
Además, recuerda que el proceso que requiere el gas natural licuado de los buques metaneros para volver a transformarse en gas natural necesita invariablemente de una planta regasificadora, y que la de Granadilla se encuentra paralizada en el Tribunal Supremo por el recurso presentado por la plataforma contra el puerto de Granadilla, que ha canalizado el rechazo directo de la ciudadanía isleña desde el año 2003.
“Por tanto, un comienzo de obras de canalización sin garantía de viabilidad representaría un despilfarro de dinero público que atiende a la política de hechos consumados”, insiste.
Podemos señala además el informe publicado sobre la regasificadora de Granadilla, elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dirigido a la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que concluyó que “no es conveniente la autorización de la construcción de una planta regasificadora en el puerto de Granadilla”.
Para la formación morada la entrada del gas supone, además del riesgo de la estación de gas propanado junto a zonas residenciales e industriales, la construcción de unas canalizaciones que ocuparán más de 2.942 kilómetros lineales de obras que afectarán a los siete municipios señalados en los respectivos expedientes, “sin contar con las posibles previsiones futuras que puedan estar barajando desde el Gobierno”.
Ese mismo documento señala, continúa, que no hay garantía de uso de la regasificadora y tampoco estudios que garanticen su sostenibilidad económica y también revela que no existe un compromiso de la compañía suministradora de energía a las islas (Endesa-Unelco) de que vaya a consumir el gas que producirá la regasificadora. Motivo por el que la formación morada considera que “no parece lógico que la principal productora de electricidad se comprometa a comprar gas de por vida, cuando cada vez es más barata y mayor la producción renovables”.
Modelo obsoleto, contaminante y costoso
Por otra parte, Podemos manifiesta que no se dispone de un estudio económico real sobre la propuesta, que supone un gasto de más de 195 millones de euros, sin olvidar que países como Holanda y Alemania ya están desarrollando planes para la paulatina retirada del gas natural como fuente de energía, con proyectos como el de Ámsterdam, que establece la eliminación de todas las canalizaciones para el año 2050, y cumplir así con los protocolos internacionales contra el cambio climático.
El partido morado también recuerda que quemar gas natural emite grandes cantidades de CO2 a la atmósfera del cambio climático pues es, en su mayor parte, metano, que en igualdad de volumen, tiene una capacidad 58 veces mayor que el CO2 de provocar efecto invernadero.
Asimismo, considera que “CC vela nuevamente por intereses particulares, por encima del interés público”, y que así como con la Ley del Suelo los proyectos de “interés insular” pasan por encima del planeamiento, ahora los nacionalistas “nos imponen un modelo energético nuevamente dependiente del exterior, no demandado por la ciudadanía canaria, obsoleto, contaminante y costoso”.
“Hay que rechazar la implantación del gas que pretende el Gobierno de Canarias, porque no está justificada la utilidad pública del proyecto, que se ha planificado a espaldas de la ciudadanía, se está retirando en otros países y supone un freno a las energías renovables”, concluye.
