Clavijo dice que blindar a Fuerteventura de prospecciones de tierras raras exige modificar la Ley de Minería en el Congreso
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este jueves que el blindaje de Fuerteventura a las prospecciones en busca de tierras raras exige la modificación de la Ley de Minería en el Congreso de los Diputados.
Clavijo, en una visita en Fuerteventura para inaugurar el Espacio de las Artes Pepe Dámaso, ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa después de que a las tres solicitudes previas de la empresa Satocan se hayan sumado dos más por parte de la empresa la Roche Bayanna, lo que eleva a cinco el número total de peticiones de prospección minera en la isla.
El presidente canario ha aclarado que, en el proceso de negociación, existe el compromiso de la empresa de que no va a ejercer su derecho, “lo que estamos es adquiriendo las licencias por parte del Instituto Tecnológico de Canarias”.
El objetivo, ha apuntado, es que “cualquier otra empresa, sobre la que no podamos tener la capacidad de influencia que tenemos en estos momentos, adquiera una licencia y que no se pueda activar”.
La estrategia, ha apuntado, es que el Instituto Tecnológico de Canarias adquiera las licencias, una solución marcada por los abogados y servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para que la autorización pase a “ ser propiedad del Gobierno de Canarias”.
El presidente del Ejecutivo canario ha explicado que la solución es esta hasta que se modifique la Ley de Minería, algo “que tiene que hacer el Gobierno de España, y hasta que no esté también el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura”
“Es la única forma que tenemos de blindar para que se haga lo que quiere el pueblo de Fuerteventura: no hacer ninguna prospección en el terreno”, ha añadido.
En los últimos meses de 2024, la constructora Tenáridos, del grupo Satocan, pidió permisos para explorar 131 cuadrículas mineras entre el norte y el sur de la isla. Tanto las administraciones locales y la población majorera mostraron su rechazo frontal a esta propuesta. Mas tarde, un informe técnico emitido por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Ejecutivo autonómico concluyó que la documentación presentada por la empresa era “insuficiente” para valorar su impacto.
Según las asociaciones defensoras de la biodiversidad y del patrimonio en Canarias, algunas exploraciones pretenden realizarse en zonas muy próximas a yacimientos arqueológicos y en lugares de nidificación y tránsito de aves amenazadas y en peligro de extinción.
El objetivo de las exploraciones, tal y como figura en el proyecto Tenáridos-FV-02 P.I. Opáres, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), es hallar yacimientos de minerales “esenciales” para fabricar dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y tecnologías verdes.
La asociación patrimonial El Efequén, dedicada a la defensa del patrimonio histórico, etnográfico, cultural y natural del Archipiélago, tildó el proyecto de “insensato”. En sus alegaciones ha insistido en que la investigación atiende a intereses privados y no aportará ningún beneficio a la población local.