23 muertos por los choques por el cese del presidente del Supremo paquistaní
El pulso que mantienen el presidente de Pakistán, el general Pervez Musharraf, y el jefe suspendido del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry, causó este sábado las primeras muertes, de 23 personas, en enfrentamientos entre sus partidarios en la ciudad sureña de Karachi.
El magistrado acudía a un acto público de apoyo a su figura en la capital de la provincia de sudoriental de Sindh pero quedó atrapado en el aeropuerto de la ciudad, en cuyas inmediaciones murieron 20 personas y 75 resultaron heridas en un tiroteo entre sus seguidores y los de Musharraf, según una fuente policial.
Estas víctimas se suman a los tres partidarios del juez muertos entre este viernes y este sábado a manos de desconocidos, que les dispararon desde una motocicleta mientras hacían los preparativos para la llegada de Chaudhry a la capital comercial de Pakistán.
Tras el aterrizaje de Chaudhry en Karachi, en la ruta hacia el aeropuerto se inició un tiroteo cuando miembros del Muttahida Quami Movement (MQM), partido gobernante en Sindh y que apoya a Musharraf, intentaron cortar el camino a los convoyes de recibimiento del juez.
El responsable de Interior de la provincia de Sindh, Waseem Akhtar, aseguró a la cadena paquistaní ARY que la mayoría de los muertos -que inicialmente estimó que ascendían a 10, pero que luego una fuente policial calculó que eran más del doble- son miembros del MQM.
Por su parte, un portavoz del opositor Pakistani Peoples Party (PPP), que apoya a Chaudhry, aseveró que al menos seis de las víctimas pertenecían a su partido.
Según un abogado del magistrado, las fuerzas de seguridad del aeropuerto intentaron “secuestrar” a Chaudhry para evitar que acudiera al encuentro con sus seguidores en el Tribunal Supremo de Sindh, donde se ha levantado un escenario en las escalinatas y colocado sillas para 10.000 personas en las tres arterias que conducen a la sede judicial.
Akhtar, por su parte, explicó que el Gobierno intentó garantizar la seguridad del juez ofreciéndole un traslado a Karachi en convoy policial.
La tensión entre el jefe del brazo judicial y el régimen de Musharraf sigue creciendo, en una jornada en que estaban convocadas dos manifestaciones de signo contrario en Karachi: una en favor del juez y otra organizada por los partidarios de Musharraf.
Además, el presidente paquistaní ha intentado contrarrestar la aparición pública del combativo Chaudhry con la convocatoria de una manifestación en Islamabad, donde hoy se espera que intervenga ante sus partidarios.
El presidente de la gobernante Liga Musulmana de Pakistán, Chaudhry Shujaat Hussain, ha prometido que la de este sábado será la mayor concentración jamás celebrada en Islamabad y ha calculado que acudirán medio millón de personas.
Banderas y gigantescos carteles pintados con los rostros de Musharraf, del “padre de la patria” paquistaní, Mohammed Alí Jinnah, y de otros dirigentes nacionales adornan las proximidades del Parlamento, donde se celebrará el gran mitin, para el cual las autoridades han relajado las restricciones en vigor y montado un fuerte dispositivo de seguridad.
En la inauguración este sábado de una nueva planta eléctrica, en momentos en que Pakistán sufre una crisis energética, Musharraf descartó la imposición del estado de excepción en el país a causa de la tensión con el poder judicial, informó la agencia estatal APP.
Según el presidente, “no hay necesidad alguna” de adoptar una “medida tan drástica”, si bien pidió que cesen las manifestaciones callejeras y la “politización” del caso de Chaudhry, cuya suspensión defendió como una decisión “en interés del Estado”.
Chaudhry, conocido por su defensa de los derechos humanos y sus decisiones contrarias al régimen, ha planteado batalla a Musharraf desde su suspensión el pasado 9 de marzo y ha aglutinado a su alrededor a abogados y fuerzas de la oposición como el PPP de la ex ministra Benazir Bhutto.
El Consejo Judicial Supremo abrió un proceso contra Chaudhry tras su suspensión que el Tribunal Supremo decidió paralizar el pasado lunes, hasta que se resuelvan los recursos constitucionales presentados por el acusado, quien alegó que los magistrados de ese órgano no tenían competencias para juzgarlo.