Los colectivos plantean al Gobierno canario una serie de medidas para frenar la emergencia de vivienda
El Sindicato de Inquilinas de Tenerife y Derecho al Techo han exigido al Gobierno de Canarias que reclame al Ejecutivo central la aprobación del denominado Decreto Maricarmen “tal y como ha sido diseñado por los sindicatos de inquilinas”.
Ambos colectivos consideran que la norma no debe quedar reducida a un texto “descafeinado” ni excluir medidas estructurales destinadas a asegurar el derecho a la vivienda. La propuesta surge tras el desahucio de Maricarmen Abascal y plantea intervenir sobre las causas que, según las organizaciones, dificultan el acceso y la permanencia en una vivienda de alquiler.
El comunicado sitúa entre las principales medidas la renovación automática de los contratos de arrendamiento al finalizar sus periodos iniciales, salvo que exista una causa justificada para que la propiedad recupere la vivienda para uso propio. Los colectivos defienden que esta reforma permitiría garantizar alquileres de carácter indefinido y evitaría que la finalización de un contrato obligue a las personas inquilinas a afrontar subidas de precio o a abandonar su barrio.
La propuesta también plantea una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para incorporar a la regulación los alquileres de temporada y por habitaciones. El Sindicato de Inquilinas de Tenerife y Derecho al Techo denuncian que estas fórmulas se utilizan como una vía para esquivar la normativa del alquiler residencial ordinario.
Además, el Decreto Maricarmen defiende establecer un incremento del 0% en los precios de los alquileres, así como reforzar las garantías para recuperar las fianzas y permitir que las personas arrendatarias descuenten de la renta determinadas reparaciones que correspondan a la propiedad y no hayan sido ejecutadas.
Protección ante desahucios
Las organizaciones reclaman también que ninguna familia en situación de vulnerabilidad sea desahuciada sin una alternativa habitacional digna, adecuada y ajustada a su situación económica.
A su juicio, los desahucios son la consecuencia final de una cadena de problemas que incluye precios elevados, vencimiento de contratos, aumentos de renta, precariedad laboral y falta de viviendas alternativas. Por ello, sostienen que las políticas contra los desahucios deben incorporar medidas previas de regulación de precios y estabilidad contractual.
El comunicado cifra en 39.974 los contratos de alquiler suscritos en Canarias en 2021 que vencen este año, una situación que, según los colectivos y a partir de datos atribuidos al Ministerio de Consumo, podría afectar a unas 97.100 personas en las islas.
Reclamo al Gobierno de Canarias
El Sindicato de Inquilinas de Tenerife y Derecho al Techo reprochan al Ejecutivo autonómico que atribuya exclusivamente al Estado la responsabilidad de adoptar medidas frente a los desahucios. En este sentido, instan al Gobierno regional a utilizar sus competencias en materia de vivienda y a impulsar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado donde se cumplan los requisitos establecidos.
Los colectivos sostienen que Canarias dispone desde 2025 de herramientas jurídicas para desarrollar este procedimiento, aunque consideran que ha faltado voluntad política para aplicarlas. Asimismo, reclaman medidas para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler residencial, limitar la expansión de los alquileres turísticos y temporales y reforzar el parque público de vivienda.
Las organizaciones anuncian que preparan nuevas movilizaciones y acciones en Canarias, con independencia del resultado de la aprobación del decreto. “La verdadera política antidesahucios empieza mucho antes”, sostienen, y pasa por regular los precios, garantizar estabilidad en los contratos y frenar la consideración de la vivienda como un activo financiero.
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