El actual presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de Coalición Canaria, no solo mandó parar al abogado que representaba los intereses de dos organismos públicos dependientes de la Corporación frente a su compañero de partido Pedro San Ginés, sino que encargó un informe a la medida a los servicios jurídicos para presentarlo extemporáneamente al juzgado que instruía las diligencias previas.
La empresa pública de aguas Inalsa y del Consorcio del Agua de Lanzarote habían denunciado al abogado Ignacio Calatayud, amigo íntimo del expresidente del Cabildo Pedro San Ginés (Coalición Canaria), por apropiarse sin autorización ni conocimiento de sus órganos de gobierno de dos millones de euros. Según la denuncia que dio lugar a la investigación judicial, la apropiación se produjo presuntamente con el conocimiento y la complicidad de San Ginés que, además, habría contratado a su amigo de manera irregular, según consta en la instrucción.
La interposición de acciones penales fue acordada por los órganos de gobierno de las dos entidades tras someterse a su consideración un informe realizado por la gerencia del Consorcio y de Inalsa que dio lugar a un decisivo informe jurídico que recomendaba interponer los correspondientes procedimientos judiciales.
Con la instrucción ya finalizada, y tras mandar cesar en su trabajo a la dirección legal contratada al efecto, el Cabildo de Lanzarote remitió al juzgado a comienzos de octubre de 2023 y por propia iniciativa, un escrito de 48 folios conteniendo unas alegaciones extemporáneas en el que no solo se aparta diametralmente del criterio seguido por el letrado durante toda la instrucción, sino que se alinea abiertamente con las tesis de la defensa.
El informe está firmado por la directora adjunta de la Asesoría Jurídica del Cabildo y su interposición supone en la práctica dejar de ejercer la acusación, toda vez que asume por completo el relato de la defensa en el sentido de negar que se hubieran producido una contratación irregular de Ignacio Calatayud y que este se hubiera apropiado de las costas judiciales.
La firmante del escrito, que sirve a Oswaldo Betancort para cumplir con su objetivo de retirar a las entidades dependientes del Cabildo de cualquier tipo de acción penal contra su compañero Pedro Sanginés, está firmado por la directora adjunta de la Asesoría Jurídica del Cabildo de Lanzarote, Maria Eugenia Torres, cuya amistad con Ignacio Calatayud es conocida en Lanzarote por haber sido propuesta por él mismo como testigo en los procedimientos sobre los que ha realizado el informe.
Entre otros extremos, Torres afirma en su informe que “no se ha producido perjuicio económico alguno a Inalsa o al Consorcio y que se cumplió, como se deriva de las
actuaciones, con lo pactado“ porque ninguno de los dos organismos ”abonaron cantidad alguna por los incidentes“ en los que intervino el letrado, quien ingresó ”únicamente“ las costas generadas en el proceso.
Además, la letrada recuerda que el Tribunal Supremo estableció “la completa legalidad” de la cuota litis, que “no incluye gastos por los servicios de otros profesionales, salvo que se establezca y debe recoger de forma expresa el concepto de costas del proceso” y “tanto el Consorcio como Inalsa han contratado hasta 2023, con pacto de costas para el letrado”.
Pero la letrada no solo se manifiesta ante hechos administrativos, sino que también se pronuncia sobre atestados de carácter penal introducidos en la causa por la Guardia Civil, como la investigación sobre la adquisición de una casa por parte de Pedro San Ginés a una empresa perteneciente a la empresa de la familia política del abogado Calatayud.
Al igual que sucedió con los escritos en los que se desistía del incidente de nulidad de actuaciones y de recusación del juez instructor, Ricardo Fiestras, estas alegaciones extemporáneas desde el punto de vista procesal fueron aportadas al juzgado sin conocimiento ni autorización del letrado director de los procedimientos, lo que le condujo a renunciar de manera irrevocable a la dirección legal el 27 de octubre de 2023.
El Consorcio del Agua de Lanzarote e Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (Inalsa), son dos entidades con personalidad jurídica propia. Además, el Cabildo es titular del 60% del Consorcio, siendo este, a su vez, el propietario único de Inalsa, por lo que resulta llamativo que sea sea el Cabildo de Lanzarote el que formule las alegaciones, a través de la directora-adjunta de su Asesoría Jurídica, actuando en contra de lo acordado previamente por los órganos de gobierno del Consorcio e Inalsa.
La causa contra Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud se encuentra en estos momentos en el Tribunal Supremo dada la condición de aforado del primero de ellos por haber sido elegido senador por la Comunidad Autónoma a propuesta de su partido, Coalición Canaria.