Un empresario ocupa las parcelas de nueve afectados por el volcán de La Palma para extraer áridos sin permiso

La Palma se recompone a paso lento de los estragos que provocó en la isla la erupción volcánica de 2021. Muchos hogares y barrios enteros fueron arrasados por las coladas, entre ellos el de La Laguna. Esta localidad del municipio de Los Llanos de Aridane fue incluida en la ley para la recuperación económica y social de la isla, permitiendo así que los vecinos pudieran pedir licencias y restablecer las edificaciones destruidas. Sin embargo, al manto de lava que cubre su vecindario se sumó hace dos años un obstáculo más: la ocupación sin permiso por parte de un empresario de doce parcelas para extraer y comerciar con los áridos del volcán. 

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha abierto un expediente contra el empresario Manuel Rodríguez González por desarrollar esta actividad en suelo rústico común y sin autorización. Según el expediente, de más de 800 páginas y al que ha tenido acceso este periódico, el hombre lleva extrayendo áridos de 12.000 metros cuadrados de las coladas del Tajogaite al menos desde 2024, tal y como adelantó la Cadena SER.

Una de las vecinas afectadas, titular de una de las parcelas y que prefiere mantener el anonimato, añade que, a pesar de las advertencias y de los requerimientos de la ACPMN, el denunciado continúa hasta el momento con su negocio y denuncia que el Ayuntamiento no ha precintado las obras en ningún momento. 

El denunciado es titular de al menos una de las parcelas que explota. Aun así, la ACPMN subraya que la superficie que ha ocupado “excede ampliamente los límites” de su parcela catastral y afecta a otras once de diez titulares distintos. Una de ellas, según recoge el expediente, pertenece al propio Cabildo insular.

Somos afectados del volcán y ninguno de nosotros se ha dedicado a invadir parcelas ajenas y a cometer un delito medioambiental, enriqueciéndose de por medio

De acuerdo con las resoluciones de la Agencia, el empresario no puede desarrollar esta actividad ni siquiera en su propia parcela. Los terrenos afectados, de acuerdo con la Ley de recuperación económica y social de La Palma, están en una Zona de Recuperación Residencial, de menos de 10 metros de espesor de colada. En esta zona, las personas afectadas pueden pedir licencia para restablecer edificaciones destruidas. También se contempla el uso industrial, pero solo en la categoría de taller artesanal, compatible con el residencial. 

Camiones y hasta una planta de machaqueo

El expediente fue abierto el 15 de enero de 2025, después de una denuncia, interpuesta por el Cabildo de La Palma, que alertaba de la extracción no autorizada de áridos y roca volcánica en este pueblo de Los Llanos de Aridane mediante maquinaria pesada para su posterior procesamiento en una planta de machaqueo instalada en la misma zona. 

Entonces, un agente de Medio Ambiente adscrito al Cabildo se desplazó al lugar, donde comprobó que se había instalado una planta de tratamiento de áridos, con la maquinaria asociada, afectando a una superficie de 12.000 metros cuadrados. En uno de sus informes, la agencia aclara que esta planta de tratamiento no está vinculada a ninguna de las obras que se están ejecutando por parte de las administraciones públicas para la recuperación de infraestructuras afectadas por la erupción. 

Ya en mayo de 2025 la agencia concluyó que el uso era incompatible con la ley, y en junio notificó al empresario la orden de restaurar la zona. Este se limitó a alegar que había presentado dos solicitudes de licencia ante el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y en noviembre la agencia concluyó que las obras no eran legalizables y ordenó a Rodríguez demoler la obra y restablecer la legalidad urbanística en la zona. 

La resolución, tal y como han confirmado a esta redacción desde la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, no fue recurrida y es firme. Aun así, hasta ahora no se ha ejecutado. En diferentes fotografías tomadas en enero de 2026, casi un año después de la visita del agente medioambiental, pueden observarse varios camiones trabajando en la zona, neumáticos amontonados y maquinaria para el machaqueo de rocas.

La Consejería ha afirmado que este 18 de septiembre la agencia dio un nuevo movimiento y requirió otra vez al denunciado para que en el plazo de un mes presente un proyecto de restablecimiento como primer trámite para el cumplimiento “voluntario” de lo ordenado en la resolución previa. “El plazo para presentar el proyecto finaliza el próximo 19 de octubre”, explican. 

“Dada la gravedad de las actuaciones”, continúan desde Política Territorial, la ACPMN está tramitando el expediente sancionador y prevé poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de delito.

En una entrevista concedida a Televisión Canaria, el empresario niega los datos de superficie recogidos por la agencia y asegura que ocupa 10.000 metros cuadrados de su propiedad. Además, dice que ha pedido permiso “seis o siete veces” al Ayuntamiento porque quiere construir en la parcela donde tenía su propiedad. Por otra parte, afirma que solo tiene “problemas” con las vecinas de la parcela que colinda con la suya por el sur.

La condición de afectado “como excusa” 

Las titulares de una de las parcelas afectadas afirman que tuvieron constancia de los hechos en septiembre de 2025 a través de una carta postal de la ACPMN, que les notifica que el empresario está extrayendo áridos del terreno de ellas. “Él llega a presentar ante la administración tener el consentimiento verbal de todos los vecinos para realizar esta extracción, con lo cual inicialmente, a ojos del Gobierno de Canarias, somos cómplices del delito”, dicen. 

En esta línea, niegan “categóricamente” haber consentido cualquiera de las actuaciones que ha realizado en su parcela y sostienen que se han producido sin su consentimiento ni aprobación. “Estamos hablando de una persona que, de forma impune, y con pleno conocimiento, invade nuestra propiedad y se dedica a extraer áridos con maquinaria pesada”, defienden. 

Las instalaciones son perfectamente visibles y es de sobra conocido que allí se comercializa arena

Así, dicen que esta actividad les ha ocasionado un perjuicio evidente porque su terreno se encuentra con “desniveles, socavones y hoyos” que les dificultará la tarea de reconstrucción en un futuro. “Nuestra madre y nuestra abuela nacieron en la casa que perdimos con el volcán. A lo largo de las décadas y las generaciones, ha sido un reflejo del esfuerzo y la ilusión de nuestro bisabuelo, que construyó su vida y su familia en La Laguna, y nos duele ver cómo la actuación de este hombre violenta el recuerdo de nuestra familia”, apuntan.

Por otra parte, critican que el empresario use su condición de afectado por el volcán como excusa para presentarse como una víctima y tapar así “los delitos que ha estado cometiendo”. “Todos los vecinos que aparecemos en el expediente somos afectados del volcán por igual, y ninguno de nosotros, salvo el susodicho, se ha dedicado a invadir parcelas ajenas y a cometer un delito medioambiental, enriqueciéndose de por medio”. 

“Pasividad” de las administraciones

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción afea a las administraciones su “total pasividad” ante esta “actividad ilegal”. En un comunicado, Ben Magec cuenta que en octubre de 2025 solicitaron ante la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias la copia íntegra de los expedientes de autorización de las instalaciones de tratamiento de áridos identificadas en la zona y saber si la actividad había pasado por una evaluación de impacto ambiental. En paralelo, aseguran haber dirigido una solicitud similar al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

“Casi un año después, la federación no ha recibido respuesta alguna y el expediente nunca ha sido aportado”, indican. La vecina con la que ha hablado este periódico también denuncia la opacidad del consistorio. “Nos preguntamos por qué no se nos ha dado respuesta a todas las solicitudes de información, documentación y acción que le hemos hecho al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, un derecho que, tras más de tres meses de silencio, consideramos vulnerado”, lamentan.

Las vecinas aseguran haber solicitado la personación en la zona de la Policía Local en junio y la paralización de las obras, pero siguen sin saber si se ha producido esta personación y qué actuaciones se han llevado a cabo. “Nos sentimos impotentes y abandonadas por las administraciones, que lejos de hacer valer la resolución administrativa [...] han hecho gala de inacción a lo largo de este año”, declaran.

“Se trata de suelo de familias que ya lo perdieron todo como consecuencia de la erupción y que ahora ven cómo sus parcelas se explotan sin su consentimiento. Las instalaciones son perfectamente visibles y es de sobra conocido que allí se comercializa arena”, reiteran desde Ben Magec. Por ello, insisten en que es “imposible sostener” que las administraciones desconocían lo que estaba ocurriendo. “Siguen ocultando la información solicitada mientras hacen la vista gorda ante semejante atentado ambiental”, asevera el portavoz de la Federación en La Palma, Pablo Díaz. 

Ben Magec apunta que estos hechos son “consecuencia directa” de la falta de planeamiento y de ordenación del territorio afectado por la erupción y exigen al Ayuntamiento que precinte la planta ilegal. Asimismo, advierten de que es “muy probable” que el beneficio económico que el empresario ha obtenido durante estos años de actividad fuera del ordenamiento jurídico “supere con creces” las sanciones que pudieran llegar a imponerse. “Si eso ocurre, la sanción deja de ser disuasoria y se convierte en un simple pago por el expolio”, concluyen.