Kilian Sánchez defiende los decretos de vivienda como “un escudo social” para los jóvenes, las familias vulnerables y los territorios insulares
El senador por La Palma, Kilian Sánchez, valora en nota de prensa los decretos de vivienda como “la respuesta más contundente de los últimos años a una emergencia que, en el caso de La Palma, vivimos con especial dureza: jóvenes que no pueden emanciparse, familias damnificadas por el volcán aún buscando estabilidad y una presión creciente del mercado turístico sobre el alquiler”.
Sostiene que “estos decretos combinan protección a los más vulnerables con ampliación de oferta asequible, con medidas que impactan de forma directa en la isla”. De ahí que haya solicitado a los diputados canarios del Partido Popular que “antepongan el interés general a la política partidista y respalden la convalidación del decreto este viernes en el Congreso”. Una solicitud que traslada también a Coalición Canaria.
“En La Palma, la crisis general de la vivienda se ha visto agravada por los efectos de la erupción volcánica y requiere de políticas valientes y efectivas, por lo que la sociedad palmera no entendería que tanto el PP como CC no estuvieran en el lado de las soluciones”, añade el senador.
Entre las medidas, Kilian Sánchez destaca también que “el Gobierno crea un préstamo complementario para la primera vivienda de hasta el 20% del valor o 50.000 euros, a interés cero, sin comisiones y con carencia de hasta 30 años, equivalente a la vida de la hipoteca. Gestionado por el ICO”.
“En La Palma, donde el salario medio es de 19.400 euros y ahorrar 40.000 euros para la entrada de una casa es imposible para la mayoría, esta medida marca la diferencia entre irse fuera o poder hacer tu proyecto de vida en nuestra isla. Y al establecer un precio máximo permanente ligado al IPC, evitamos que esa vivienda acabe en el mercado especulativo o turístico en cinco años”, señala el senador.
Señala que permite a los ayuntamientos “aplicar un recargo en el IBI de hasta el 150% para inmuebles desocupados de forma permanente durante más de dos años y para viviendas de uso turístico en zonas tensionadas, en el caso de titulares con cuatro o más inmuebles. En La Palma se estiman entre 3.200 y 3.800 viviendas vacías de forma continuada”.
“La medida no penaliza al palmero que tiene su segunda residencia, que está vendiendo su casa o que ha tenido que desplazarse por trabajo u otra circunstancia personal. Esas son causas justificadas y están expresamente excluidas. Penaliza a quien acumula vivienda vacía como activo especulativo mientras hay familias sin casa. La vivienda es para vivir”, subraya.
Los ayuntamientos palmeros podrán “aprobar ya las ordenanzas fiscales. Solo con 600 viviendas incorporadas al recargo medio, la recaudación extra para políticas locales superaría los 100.000 euros anuales”, dice.
Señala que “el texto define por primera vez vivienda asequible como aquella cuyo coste no supera el 30% de la renta mediana del municipio. Además, establece una exención del 100% en IRPF hasta el 31 de diciembre de 2027 para quien venda una vivienda vacía de más de dos años a una Administración pública por menos de 200.000 euros, para movilizar vivienda”.
“Estos decretos protegen el artículo 47 de la Constitución: el derecho a una vivienda digna. Protege a los territorios frente a la despoblación y protege a las personas más vulnerables frente a la especulación. Desde el Senado trabajaré para que su desarrollo tenga en cuenta la singularidad canaria”, concluye.