Administradores de fincas recomiendan a los propietarios no firmar contratos de alquiler hasta conocer los decretos

El Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife recomienda a los propietarios de inmuebles prudencia antes de formalizar nuevos contratos de arrendamiento, durante la vigencia de las nuevas medidas de alquiler que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, pero que deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados este viernes.

El Colegio hace este llamamiento ante los dos decretos aprobados por el Ejecutivo central que contemplan, entre otras medidas, la posibilidad de prorrogar durante un periodo extraordinario de hasta dos años determinados contratos de vivienda y la renovación automática de los contratos de alquiler, ambos pendientes de su convalidación en el Congreso.

Para el Colegio, los propietarios necesitan conocer con claridad cuánto durará el contrato, cuándo podrán recuperar la vivienda, qué condiciones económicas podrán aplicar, cómo se actualizará la renta y qué régimen jurídico se aplicará cuando finalice, por lo que deben asesorarse sobre las consecuencias de la nueva regulación.

“Los administradores de fincas colegiados no cuestionamos la necesidad de adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, pero dichas medidas tienen que ofrecer seguridad jurídica a propietarios e inquilinos”, aclara el presidente del CAF tinerfeño, Luis García.

En esa línea señala que “el propietario que vaya a formalizar ahora un contrato, debe conocer que se encuentra ante una regulación excepcional, cuya aplicación depende de su tramitación parlamentaria”.

Así que, prosigue, “si el propietario no tiene una necesidad inmediata de formalizar el arrendamiento, aconsejamos esperar a que el nuevo marco normativo quede definido, porque el propietario debe conocer con seguridad qué está firmando, durante cuánto tiempo y en qué condiciones”.

Insiste por ello en que los continuos cambios de la regulación sobre el alquiler pueden ser contraproducentes para al objetivo que se persigue y provocar que disminuya la oferta de viviendas en el mercado.

“Por experiencia sabemos cómo ha afectado a la intención del propietario de poner su vivienda en alquiler ante la incertidumbre que se le plantea”, detalla.

Desde el CAF tinerfeño recomiendan valorar las consecuencias antes de asumir un compromiso contractual que es incierto en este momento.

En todo caso, y sin “entrar a valorar a fondo” el contenido de los dos decretos, entiende que son un “ataque directo” a la propiedad privada y lo que va a hacer es “agravar aún más” el problema, “dejando fuera del mercado a familias que podría pagar un alquiler, pero que no van a ser seleccionadas como inquilinos teniendo en cuenta la carga que asume el arrendador”.