Las comunidades autónomas se reunirán este lunes con el Ministerio de Juventud e Infancia para debatir y aprobar los términos en los que se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias y Ceuta hacia otras regiones. Sin embargo, mientras el vicepresidente de Canarias y presidente del PP en el Archipiélago, Manuel Domínguez, apremia al Ejecutivo para que inicie cuanto antes los traslados, su propio partido en otras comunidades intenta tumbar el decreto mediante recursos ante el Tribunal Constitucional y, como en el caso de la Comunitat Valenciana, anuncia que ya tiene decidido su voto en contra antes incluso de sentarse a debatir.
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia fue convocada inicialmente para el pasado lunes 28 de abril, pero se suspendió ese mismo día debido al apagón eléctrico, por lo que finalmente se celebrará este lunes, a las 16:00 horas, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Sin embargo, algunas comunidades, como la Valenciana, ya han adelantado que votarán en contra.
El objetivo de la cita, que estará presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es sacar adelante un acuerdo en diferentes puntos, alineados con el real decreto ley aprobado por el Gobierno y convalidado por mayoría en el Congreso de los Diputados el pasado 10 de abril, con los únicos votos en contra de Vox y PP. Cabe recordar que este decreto parte de una petición expresa del Gobierno de Canarias, donde el PP cogobierna junto a Coalición Canaria (CC). De hecho, el PP en Canarias sí apoya el decreto, pero a nivel nacional el partido lo ha rechazado desde que se votó por primera vez, en julio de 2024. También hay que señalar que el decreto viene a modificar la Ley de Extranjería, tal y como pidió CC y dejó consignado en la llamada Agenda canaria, un documento al que se comprometió a dar cumplimiento Pedro Sánchez a cambio del apoyo de CC en su investidura. Pero hay que señalar que ese mismo documento fue también suscrito por Alberto Núñez Feijóo en su investidura fallida, es decir, que el PP de Feijóo se había comprometido con CC a modificar la Ley de Extranjería en los mismos términos en los que se ha hecho ahora.
La propuesta para el acuerdo de Infancia que se debatirá este lunes, a la que ha tenido acceso EFE, recoge cuestiones claves del mecanismo creado por el Gobierno, que supondrá el traslado de unos 4.400 menores, la mayor parte desde Canarias, durante el primer año y a partir del verano.
El decreto da poder a la Conferencia Sectorial para cambiar varios de sus aspectos si así lo acuerdan las comunidades por unanimidad, algo poco probable, ya que existen una gran oposición de las regiones a esta cuestión, especialmente de las gobernadas por el PP.
La Comunidad de Madrid y Aragón han recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto y la segunda también ha recurrido ante la Justicia la petición de datos del Ejecutivo a las comunidades autónomas sobre cuántos menores extranjeros no acompañados acoge cada una y la propia convocatoria de la sectorial.
El mismo texto del real decreto ley especifica que, en el caso de que no haya acuerdo unánime en otro sentido, el Gobierno seguirá adelante con el mecanismo de redistribución según fue aprobado.
Valencia, en contra
La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha anunciado que su comunidad “votará en contra de la propuesta del Gobierno de establecer un mecanismo de acogida de menores migrantes no acompañados sin contar con las comunidades autónomas”.
La vicepresidenta ha expresado su “firme oposición” ante esta iniciativa porque, a su juicio, “se trata de una falta de respeto institucional”: “Una convocatoria realizada burlando el reglamento para llevar a cabo un nuevo atropello a las competencias de las autonomías, que desde la Comunitat Valenciana no vamos a tolerar”.
A este respecto, ha criticado que “el reparto recogido en el Decreto es una decisión hecha a la medida de los intereses de los socios independentistas de Pedro Sánchez, que genera una injustificable desigualdad entre las comunidades autónomas”. Cabe recordar que el decreto fue aprobado por la mayoría del Congreso de los Diputados, no solo por el Gobierno, y que previamente el texto fue presentado y explicado a los partidos presentes en la Cámara, que mostraron su apoyo. El Gobierno solo negoció con Junts una vez que el PP se cerró en banda y abandonó las negociaciones con el Ejecutivo.
Camarero ha lamentado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, “pretende que las comunidades autónomas avalen un decreto ley que establece un mecanismo de protección de menores migrantes no acompañados que es claramente inconstitucional al invadir competencias de las comunidades autónomas y un intento de Sánchez de mercadear con los menores para satisfacer las demandas del independentismo catalán”.
Sin embargo, el PP de Canarias sí lo apoya y así lo respaldó en el Parlamento regional.
Obligaciones de acogida según la población
El nuevo modelo fija por primera vez cuántos menores debe acoger cada comunidad en función de la población de cada región, lo que el texto denomina su “capacidad ordinaria”.
Este primer paso ya ha dado algunos problemas, ya que Aragón no ha facilitado los datos de cuántos jóvenes extranjeros no acompañados acoge y ha recurrido ante la Justicia este requerimiento y otras, como Madrid, no ha aportado exactamente lo que se pedía, por lo que el Ejecutivo trabaja con datos propios.
A la reunión de mañana el Gobierno no llevará una propuesta de cuántos menores debe acoger cada comunidad de los aproximadamente 4.400 jóvenes que se prevé derivar en el primer año, ya que considera que los criterios de distribución podrían cambiar en la propia sectorial.
Derivación a partir del triple de ocupación
La propuesta que se debatirá mañana establece que cualquier comunidad podrá pedir al Gobierno que declare la situación de contingencia migratoria en su región cuando su ocupación exceda tres veces su capacidad ordinaria.
Declarada esta situación, cualquier menor extranjero no acompañado localizado en este territorio será inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior.
Y, a partir de entonces e independientemente de que haya certeza sobre su minoría de edad o no, se trasladará al joven a otra región en 15 días, según los criterios establecidos, después de que tanto él como la comunidad de destino hayan sido escuchados y se haya dado traslado al Ministerio Fiscal.
Criterios de la acogida
El texto refleja los criterios fijados por el Gobierno para elegir el destino de los chicos, que están basados en los acordados con las autonomías en una Sectorial de 2022: población (50 %), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo de acogida (6%), dimensionamiento del sistema (10%), dispersión de la población (2%) y las singularidades de ciudad fronteriza (2%) e insularidad (2%).
Prórroga del sistema por un año
La propuesta del Gobierno incluye un último punto, que determina que la capacidad ordinaria de los sistema de protección solo podrá prorrogarse durante un año, mediante real decreto y previo informe de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Después, se requerirá el acuerdo unánime de la Sectorial o, en su defecto, una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, previa propuesta del Gobierno.
Y hace un último apunte: a partir del primer año de prórroga, sin acuerdo unánime de la Sectorial sobre la capacidad ordinaria de los sistemas de protección, la resoluciones del Estado derivadas de esta ley no serán de obligado cumplimiento para las comunidades.