Cerca de la mitad de las peticiones de asilo de menores no acompañados de Canarias que se han resuelto este año han sido rechazadas. Fuentes del Ministerio de Interior han confirmado a este periódico que el 42,27% de las resoluciones emitidas este 2025 han sido desfavorables. Desde el área que dirige Fernando Grande-Marlaska, sostienen que la tasa de solicitudes denegadas sobre niños y adolescentes no acompañados atendidos en las Islas es 10 puntos inferior a la tasa nacional.
Este martes, después la reunión semanal que Canarias y el Estado mantienen para cumplir con la orden del Supremo que requiere al Gobierno central hacerse cargo de los menores refugiados atendidos en los recursos de las islas, la directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, acusó a Interior de ''caminar por la vía de la resolución de solicitudes''.
La responsable de Infancia aseguró que el Ministerio había acelerado ''sobremanera'' en dos semanas la resolución de peticiones de asilo. Según los datos de la Dirección General, en los últimos días se han resuelto 141 expedientes, de los que 88 son favorables y 53, desfavorables. ''Menores que tenían esa solicitud presentada y que tenían derecho, según el Supremo, a acceder a una plaza de protección internacional, han quedado fuera porque ha salido desfavorable su solicitud'', dijo.
Preguntadas por este periódico, fuentes de Interior han aclarado que ''de acuerdo con el artículo 17.4 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, los tiempos de tramitación de cada expediente están sujetos a fuertes variaciones''.
Estas pueden estar relacionadas tanto con la nacionalidad del solicitante, como de las circunstancias concretas de cada caso a nivel individual, que pueden precisar entrevistas adicionales, adopción de medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado en casos de especial vulnerabilidad, o solicitud de información procedente de otros organismos que pueda demorarse en exceso.
Desde el Ministerio subrayan que ''la normativa exige paralizar la tramitación de los expedientes de aquellas personas procedentes de lugares en los que pudiera haber surgido un conflicto a la espera de evolución, agregando tiempo a la tramitación que no es imputable a la instrucción administrativa de los expedientes''.
''En consecuencia, la tramitación y análisis de cada caso formalizado se rige por los principios de individualidad, garantía procesal y rigurosidad en el cumplimiento estricto de las disposiciones y normativas establecidas'', concluyen.
La orden del Supremo
El 26 de marzo, el Tribunal Supremo requirió al Estado que se hiciera cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo acogidos en la red de protección de Canarias. La Sala concluyó que el sistema estatal de protección no había sido puesto a disposición de los jóvenes acogidos en Canarias a pesar de tener ''pleno derecho'' a él. Según el documento, el acceso de los jóvenes a este servicio permitiría corregir el hacinamiento en el que conviven los menores en Canarias, ''abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger''.
Hasta ahora, 946 menores solicitantes de asilo acogidos en Canarias están ya en la base de datos del Sistema Nacional. Sin embargo, ninguno de ellos ha salido aún de los centros de las islas hacia plazas de la red estatal de protección internacional. El Gobierno central ha anunciado este martes, en la reunión que mantiene cada semana con el Ejecutivo autonómico, que aprobará en el próximo Consejo de Ministros una declaración de emergencia por valor de 40 millones de euros para la derivación de los jóvenes solicitantes de asilo y la creación de 1.200 plazas para ellos en la Península, con el objetivo de aliviar el hacinamiento en los dispositivos de las islas.
El Estado se ha comprometido a comenzar a trasladar a los menores a plazas del sistema de protección antes de que acabe julio. El primer grupo será de 250 jóvenes, que serán derivados el día 22 al campamento Canarias 50, en Gran Canaria. El Ministerio de Migraciones está acondicionando una parte del centro que el año pasado se destinó a acoger a mujeres y familias, “apartada e independiente del resto de módulos”. El Ejecutivo central también ha mantenido su oferta de 400 plazas en un centro de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, creado para acoger a refugiados ucranianos tras la invasión rusa.