Las vidas truncadas de las familias de los migrantes acusados como patrones de patera: “Desde entonces mis sueños están rotos”

Mariama vio a su marido Sidy por última vez el 5 de noviembre de 2024 en el Centro de Atención Temporal para migrantes de El Hierro. Tras una pequeña conversación que mantuvieron, en la que le decía a su pareja que no lo había podido ver el día anterior, Adama no pensó que desde entonces todas sus comunicaciones serían a través del teléfono. Souleymane y toda su familia, aún no pueden creer que su primo Babacar, un hombre de 50 años, recién llegado a España, esté en prisión. Los dos hombres están acusados de pilotar la patera que los trajo a Canarias en 2024. El encarcelamiento de decenas de migrantes una vez desembarcan en el Archipiélago, tras pasar por procesos judiciales cada más cuestionados por abogados y defensores de derechos humanos, impacta también en esposas, madres y hermanos: “Lloro mucho y no paro de pensar porque mi marido no ha hecho nada”, confiesa Mariama. 

La historia de Mariama es una historia de huida. De Joal, Senegal, con 48 años y cuatro hijos, relata entre lágrimas que su familia se opuso firmemente a su matrimonio con Sidy. A lo largo de 2024, la pareja decidió instalarse en Gambia, por un lado para conseguir mayores ingresos económicos y, por otro, para estar lejos de la familia de ella, que la hostigaba regularmente por haberse casado con un hombre que sus hermanos mayores no habían elegido. En Gambia, Sidy trabajaba de pescador. Aquí le comentaron unos meses después de que una patera saldría rumbo a Canarias. “Dijimos que no era seguro que nos quedáramos en Senegal, que teníamos que vivir nuestra propia vida y nuestro matrimonio sin que nadie nos moleste”, recuerda. Sidy había podido ahorrar algo de dinero fruto de su trabajo en el mar y decidieron que seguiría trabajando un tiempo más para terminar de costear el viaje. 

Mariama recuerda que llegaron el 3 de noviembre a El Hierro. Después de pasar 24 horas en el muelle, el tiempo que duró la identificación de la Policía, los tripulantes fueron derivados al CATE. Aquí Mariama recuerda que quería estar con su marido, y que además la Policía les había hecho entrega de un documento que especificaba que eran marido y mujer, pero en el recurso, según relata ella, le dijeron que debían permanecer separados, él en módulo de hombres y ella en el de las mujeres. “Mohamed me dijo que después nos encontraríamos. Él pensaba que íbamos a reencontrarnos”, rememora.

Esa fue la última conversación que mantuvo con su marido en persona. Después pasaron cuatro días en los que no tuvo noticias de él, hasta que un amigo de la familia la llamó y le comunicó que Sidy se encontraba en la cárcel de Tenerife II en prisión preventiva. Desde entonces se comunican muy de vez en cuando por teléfono móvil, ya que ella no ha podido ir a verlo al no tener papeles ni un trabajo con el que obtener ingresos. “Ahora mismo no puedo realizar mis sueños. Desde que pasó esto mis sueños están rotos. Hemos venido juntos a España para poder trabajar, vivir con tranquilidad y seguridad y con el tiempo traer a mis hijos”, sostiene su mujer. El resto de la familia de Sidy también vive en la angustia desde noviembre de 2024. Mariama cuenta que no puede hablar con su suegra porque ambas rompen a llorar: “Ella no puede ni hablar. Me dice que este es el final de su hijo y yo le respondo que no, que es el destino y que debemos rezar por él”, apunta.

Otra mujer sufre en la distancia el encarcelamiento de su marido. La esposa de Babacar vive en Ziguinchor, Senegal y debe alimentar ella sola a sus siete hijos desde que su marido partió a España y fue llevado a prisión en Tenerife. “Es una mujer muy valiente porque se busca la vida; se va al puerto para comprar y vender pescado para sobrevivir. Pero no le llega, lo que gana es muy poco”, cuenta Souleymane, el primo de Babacar desde España. Como muchos otros migrantes, salió de Senegal para mejorar sus condiciones de vida, pero un mes después de llegar a El Hierro, la policía lo trasladó a Tenerife II. Souleymane cuenta que su primo pagó 450.000 CFA, unos 680 euros para llegar a España. “Cuando ya tenía fecha para viajar a la Península, se lo llevaron porque algunos tripulantes han dicho que él era el patrón, pero no lo es. Porque él ha pagado; él es cliente”, señala su primo.

Souleymane cuenta que su primo se encuentra anímicamente “muy mal” porque sabe que ha dejado atrás a su mujer con muchos hijos a cargo y sin recursos. Reconoce que al principio estaba aún más desesperado y que con el paso del tiempo ha ido mentalizándose: “Tienes fe en que un día vas a salir, se te va levantando el ánimo, pero levantar el ánimo entre cuatro paredes no es nada fácil”. En el caso de Babacar se suma su edad. Cuando salga de prisión tendrá más de 50 años, por lo cual le costará mucho reengancharse a la vida laboral. “Si sales de la cárcel cuando aún eres joven te queda mucho tiempo todavía, pero si sales con 50 años ya se te han ido las fuerzas las ganas y la energía”, se lamenta. Sin padre ni madre, y con su mujer sobreviviendo en Senegal solo con la ayuda económica de su primo, que de vez en cuando le envia dinero para que pueda hacer alguna llamada a él, a su mujer y sus hijos: “Imagina un hijo que no puede hablar con su padre y que si habla con él es para solo un minuto. No es nada fácil”, apunta.

*(Todos los nombres utilizados son ficticios para salvaguardar la identidad de los entrevistados) 

Voluntarios que facilitan la vida en prisión

El único contacto con el exterior de muchos migrantes encarcelados por supuestamente haber dirigido una patera hasta Canarias es el teléfono móvil. Sin embargo, la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos supone una traba más en su encierro. En este sentido, la Asociación Rehoyando de Las Palmas Gran Canaria, a través del proyecto Boza, entre otras acciones, presta apoyo emocional, facilitando el contacto del migrante son su familia. Uno de sus voluntarios, el párroco José Antonio Benítez, señala que se trata de una tarea a veces complicada puesto que el reglamento penitenciario exige la existencia de un contrato telefónico para que se dé la comunicación. 

“Imagínate buscar un contrato de teléfono de una persona en medio de una población rural de Senegal o de Mauritania para que pueda entrar en contacto con la familia”, recalca. Por ello, con un equipo de voluntarios y voluntarias, a través de traductores online y de personas del continente africano que hablan bambara o wolof, se ponen en contacto con las familias y les piden un contrato o una factura que incluya al propietario de la línea telefónica. “Cuando el chaval entra en contacto con su familia, el nivel de estrés baja automáticamente”, manifiesta Benítez.

“Ellos no entienden por qué se encuentran en esta situación”, revela el párroco, quien además sostiene que este tipo de casos son los más dolorosos que ha visto en prisión. De la regularidad con la que visita a los jóvenes ha extraído que son jóvenes que no solo están viviendo un duelo migratorio, sino que además lo hacen en prisión acusados de un delito, cuyo procedimiento está entredicho: “Como dos o tres personas que iban en la patera lo acusen porque coincidan en la ronda de reconocimiento de que él estuvo echando una mano o que estaba achicando agua, o porque ayudó a dar alimentación o agua pues ya entras en prisión”, apunta. 

“Estás investigaciones solo se centran en los conductores. Y aunque lo fueran, estas personas son el eslabón más débil de la causa. Ningún mafioso, ningún traficante de personas viene en las pateras”, denuncia la abogada Sara Rodríguez, quien defiende los casos de Sidy y Babacar, acusados de patronear la embarcación. La Fiscalía puede pedir para ellos 20 años de prisión ya que cuatro de sus ocupantes fallecieron como consecuencia de la travesía. Rodríguez cuestiona que las únicas pruebas que sustentan la causa hasta el momento son los testimonios de tres testigos, cuyos relatos se recogieron como pruebas preconstituida y las cuales “previsiblemente sean las que se reproduzcan en el juicio oral si no se identifican y no se encuentran los testigos protegidos”, detalla la letrada. 

Otra cuestión a la que apunta Rodríguez es al volcado de los teléfonos móviles de los migrantes: “Se están realizando de manera indiscriminada y muchas veces sin justificación”, denuncia. Además, añade que se trata de un procedimiento con “muchísimas irregularidades” por el cual la policía selecciona la información que considera relevante, se acude a una persona que realiza la traducción, pero a quien no se identifica a posteriori, y se incorporan como indicios conversaciones que no guardan relación con el delito. “Se pretende hacer ver que esto se hace en aras de defender a los migrantes cuando lo cierto es que hay una desprotección. En mi opinión, esto no sucedería si no estuviésemos hablando de algo relacionado con un tema tan político como son las migraciones”, remata.