Depósito convertible en multa para las administraciones públicas
La Administración pública que incumpla el Plan económico-financiero para corregir las desviaciones de déficit deberá constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Ésta es una de las novedades que se incluyen en el anteproyecto de Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, cuyas líneas maestras ha explicado este jueves el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ante la Comisión homónima del Congreso de los Diputados.
El anteproyecto prevé, además, que las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad sean asumidas por la Administración responsable. La Ley traspone así los mecanismos correctores de la Unión Europea (UE). También se establece un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores e, incluso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la Administración incumplidora tal y como ocurre en la UE.
El ministro de Hacienda ha indicado en su comparecencia que la primera novedad de la Ley es su propio título, “ya que incorpora la sostenibilidad presupuestaria como principio rector de la actuación económico-financiera de todas las Administraciones Públicas españolas. Con ello, lo que se pretende es reforzar la idea de estabilidad, no sólo en un momento coyuntural, sino con carácter permanente”, explicó.
Asimismo, el ministro ha reiterado que todas las Administraciones Públicas se han comprometido con la estabilidad presupuestaria, ya que las comunidades autónomas en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera y las entidades locales, en la Comisión Nacional de Administración Local, han mostrado su apoyo a la Ley orgánica.
Fortalecer la confianza
Montoro ha afirmado que la nueva ley pretende garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar los compromisos de España con la UE.
Así, anunció, todas las Administraciones Públicas deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales. Además, la deuda de las Administraciones no podrá superar el valor de referencia del 60 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) establecido en la normativa europea, salvo en caso de circunstancias excepcionales.
Montoro también recalcó que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales deberán aprobar un techo de gasto con carácter previo a la elaboración de sus presupuestos y que el gasto de estas Administraciones no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB que establece la normativa europea. Además, para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública se tendrán en cuenta las recomendaciones de la UE sobre el Programa de Estabilidad.
El nuevo texto establece la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como fija la Constitución. Además, el incumplimiento del objetivo de estabilidad exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año y, en caso de no cumplir dicho plan, la Administración responsable deberá aprobar automáticamente una no disponibilidad de créditos, es decir, un recorte de gasto que garantice el cumplimiento de los objetivos.
También, dijo, se refuerzan los mecanismos preventivos y de seguimiento de los objetivos de estabilidad y deuda, por ejemplo, con información sobre el cumplimiento de objetivos en los proyectos de presupuesto.
Por otro lado, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad se tendrá en cuenta tanto para autorizar las emisiones de deuda como la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios.
“Austeridad, transparencia y responsabilidad”
La ley también establece un mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez para aquellas comunidades autónomas y corporaciones locales que lo soliciten. Este mecanismo estará condicionado a un plan de ajuste, sometido a rigurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste extraordinarias.
En el ámbito de las Administraciones Públicas, el ministro ha explicado ante la Comisión del Congreso los elementos fundamentales que habrán de inspirar los objetivos de mejora de las mismas: “la austeridad, la transparencia y la responsabilidad”.
El principal objetivo es conseguir una función pública imparcial y de calidad, con una política de recursos humanos moderna, basada en los principios de mérito y capacidad, dijo. Para ello, se establecerá por ley y se desarrollará el Estatuto del personal funcionario de la Administración General del Estado. Otra de las actuaciones encaminadas a la mejora de la Administración Pública será la revisión de la actual proliferación de organismos y entidades públicas, así como la reducción del número de altos cargos, organismos, personal eventual y gastos corrientes. Igualmente, se reestructurarán y suprimirán organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas para evitar duplicidades de competencias.
El ministro ha manifestado, igualmente, la intención de homogeneizar leyes y normas económicas de comunidades y municipios que impidan la libre circulación y el desarrollo de las empresas. Se trata, exlpicó, de trabajar desde la lealtad institucional para eliminar normas y barreras que no contribuyen al crecimiento económico y a la creación de empleo.