La aritmética de la desunión: anatomía de un fracaso que allana el camino a la reacción
Hay momentos en que la historia no demanda programas brillantes, sino lucidez. Lo ocurrido en el espacio a la izquierda del PSOE de cara al 29 de noviembre es exactamente lo contrario: una exhibición de electoralismo de campanario que ha subordinado la correlación de fuerzas al reparto de puestos de salida. El dato es tozudo y ya es oficial. Convocadas las elecciones mediante Real Decreto 806/2026, la negociación entre el Frente Amplio (IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar) y Podemos ha naufragado tras un pulso de diez días. Solo se ha salvado el acuerdo en Canarias y la Comunitat Valenciana; en el resto, cada cual por su lado. No es un detalle menor: es una irresponsabilidad política de primer orden cuando enfrente se configura un bloque reaccionario que ya ha exhibido su programa real.
La derecha no ha ocultado sus intenciones. Feijóo ha pedido “sacrificio” a los españoles, mientras su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, advertía que el sistema de pensiones “va a petar” y exigía cambiarlo de forma “valiente”. Vox, por boca de su portavoz, ha planteado sin ambages una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine reparto con capitalización individual. Traducido sin eufemismos: el desmantelamiento progresivo del sistema público solidario y la importación de un esquema de capitalización que, en la práctica, privatiza parcialmente la vejez y traslada el riesgo del capital al trabajador. Frente a ese ultraneoliberalismo pinochetista, la respuesta de la izquierda no podía ser un mercadillo de siglas y parcelas de poder. El sindicalista Unai Sordo lo ha expresado con crudeza: el modelo mixto supone decirle al que no puede ahorrar que “se joda”. Esa es la fractura de clase que se dirime el 29-N, y la izquierda institucional ha respondido con una fractura de aparato.
El reconocimiento de Gabriel Rufián, cabeza de lista de ERC por Barcelona, resulta elocuente por lo que confiesa y por lo que omite. “He fracasado”, declaró, calificando lo ocurrido de “espectáculo dantesco”. Criticó a las direcciones de su propio partido y de los Comuns por negarse a sumar en una lista única, señalando el núcleo del problema: el peso del aparato sobre la necesidad histórica. Cuando quien intenta coser reconoce que no ha podido arrastrar a las direcciones, está confesando la primacía de la lógica organizativa sobre la lógica de bloque. Pero su reconocimiento se quedó en la retórica. Si de verdad asumió el fracaso de su tarea unificadora, lo coherente hubiera sido dimitir como cabeza de lista y forzar, con un gesto de autoridad moral, el acuerdo unitario en todas las circunscripciones del Estado español. No lo hizo. En política, la responsabilidad sin consecuencias es solo una forma elegante de proseguir la fuga.
La necesidad histórica era una lista única en todas las circunscripciones del Estado. Y esto no es voluntarismo, es aritmética electoral. El sistema no es proporcional en el conjunto del país. La Constitución fija la provincia como circunscripción —52 en total—, con un mínimo de dos diputados por provincia y el resto repartido por población mediante la fórmula D’Hondt, aplicada por separado en cada circunscripción con listas cerradas y bloqueadas. A ello se suma una barrera legal del 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción, conforme al artículo 163.2 de la LOREG. En la práctica, más de la mitad de las circunscripciones eligen entre 2 y 4 escaños, lo que hunde la proporcionalidad y castiga severamente la fragmentación. Dividir el voto a la izquierda del PSOE en provincias donde se reparten 3, 4 o 5 diputados equivale a regalarle el último escaño al bloque reaccionario. La ley premia la concentración y castiga la dispersión. Lo sabían y, aun así, eligieron la división.
Los hechos de las últimas horas son elocuentes sobre la naturaleza de ese fracaso. A dos horas del cierre del plazo de coaliciones, el Frente Amplio lanzó una oferta in extremis a Podemos que incluía puestos de salida en Madrid y Cataluña, integración con plenos derechos en todas las circunscripciones, una portavocía del futuro grupo parlamentario y un reparto equitativo de los recursos de campaña. Es decir, el debate hasta el último minuto no fue sobre vivienda, pensiones o cómo frenar a la derecha, sino sobre quién ocupaba el número dos en Madrid, quién lideraba en Barcelona y cómo se distribuían los recursos. Podemos rechazó la oferta por considerarla una trampa y exigió acuerdos en once autonomías; el Frente Amplio acusó a IU de bloquear pactos. El relato es el de siempre: la mezquindad táctica sustituyendo a la estrategia. No han comprendido el momento. No es una elección más. Es una elección en la que se juega la reversibilidad de derechos conquistados. Cuando la sanidad y la educación públicas llevan años tensionadas, cuando el salario no alcanza para el alquiler y la vivienda se ha convertido en un activo financiero, la izquierda no puede permitirse competir consigo misma por un 3% en Soria o en Cuenca.
La historia, salvando distancias y contextos, enseña lecciones amargas sobre la mecánica de la división ante una amenaza de involución. En la Alemania de los primeros años treinta, la izquierda obrera fue incapaz de articular un frente único contra el ascenso nazi, atrapada en disputas de siglas, agravios orgánicos y la ilusión de que el adversario se moderaría al llegar al gobierno. El resultado fue la derrota sin batalla y un macabro régimen de terrorismo nazi de estado. No estamos en 1933, pero la lógica profunda es la misma: cuando la identidad de aparato se antepone a la necesidad de clase y de país, se abre la puerta a la reacción. La crisis de hegemonía que atraviesa el bloque popular no se resuelve con más fragmentación, sino con la construcción de una voluntad colectiva que amalgame a los sujetos dispersos en torno a un proyecto común. Y esa voluntad no surge espontáneamente de las direcciones; a menudo debe imponerse desde abajo.
Ante tamaña irresponsabilidad, toca una salida popular que obligue a las direcciones a rectificar lo que no quisieron pactar arriba. La propuesta es clara y practicable: en cada circunscripción, todas las organizaciones situadas a la izquierda del PSOE —incluido el propio PSOE cuando sea la fuerza más competitiva del bloque— deben renunciar a presentar candidatura propia en favor de la lista con más posibilidades reales de obtener escaño y frenar al PP y a Vox. Un acto de generosidad táctica por un objetivo estratégico: conformar un bloque antifascista y popular que impida la mayoría reaccionaria. Con cuatro excepciones necesarias, por su propia estructura nacional y por haber salvado acuerdos unitarios que hay que respetar: Canarias, Euskadi, el País Valencià y Catalunya. En Canarias, Euskadi y el País Valencià, donde existe un sujeto político propio —con marcas de referencia como la Unidad del Pueblo Canario o Compromís-Frente Valencià— y la cuestión nacional y social se entrelaza de otro modo, la unidad debe articularse desde esos espacios y con sus liderazgos. En Catalunya, la excepción obedece a una lógica distinta: se permite que Esquerra Republicana y los Comuns concurran por separado, salvaguardando el pacto de ERC con Podemos, de modo que la unidad de bloque no se imponga a costa de romper acuerdos ya existentes ni de forzar una fusión que las direcciones no han querido.
Este repliegue táctico no es una carta en blanco. Debe hacerse en torno a un programa mínimo de defensa y avance, un dique contra la involución y una palanca de vida material. Seis puntos innegociables: vivienda, con regulación del alquiler, parque público y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional; aumento del importe de las pensiones, blindadas por ley como derecho, revalorizadas con el IPC y con derogación de cualquier vía hacia la capitalización privada; salarios, con subida del SMI y reforma que devuelva poder a la negociación colectiva; fiscalidad, con impuestos extraordinarios y permanentes a las grandes fortunas y a los beneficios caídos del cielo de banca y energéticas; sanidad y educación públicas, con financiación finalista y reversión de privatizaciones; y memoria y democracia, con erradicación efectiva de los vestigios del franquismo, democratización profunda de los aparatos policial y judicial e ilegalización sin ambigüedad de las organizaciones que hacen apología del nazifascismo.
A ello debe sumarse una política exterior a la altura del momento. Salida de la OTAN, una alianza que nos arrastra a una escalada bélica ajena a los intereses populares y que exige incrementos de gasto militar incompatibles con el Estado social. Estatuto de neutralidad para Canarias, plataforma de paz en el Atlántico y no portaaviones del norte. Y un compromiso internacionalista explícito: reconocimiento y apoyo efectivo al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y del pueblo saharaui, contra el genocidio, por la paz y por el fin de la ocupación. No es maximalismo. Es el mínimo para que el No Pasarán sea algo más que una consigna en una pancarta.
La fuerza material de las clases populares en este país se juega en el alquiler de fin de mes, en la cita médica que no llega, en la pensión de una madre, en el contrato precario de un hijo o una hija. Si la izquierda organizada no es capaz de poner eso por delante de un puesto en la lista, entonces no está representando esa fuerza material: está representándose a sí misma. Todavía hay tiempo, no para registrar coaliciones —el plazo expiró—, pero sí para la política con mayúsculas: retiradas generosas, llamamientos públicos, acuerdos de no agresión y voto útil militante. Que cada asamblea local, cada sindicato, cada colectivo vecinal y cada comité de empresa diga con claridad: aquí, en esta provincia, la papeleta útil para parar a la derecha y abrir camino es esta. Esa es la gran tarea. No la de salvar siglas, sino la de salvar derechos y libertades.